4 min. lectura

Camila Vollenweider (@mcvollenweider)  y Esteban De Gori (@edegori)

I

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) se presentará el 12 de marzo a las elecciones primarias de su partido (Nacional) para competir como candidato presidencial. La Corte Suprema de Justicia, en 2015, posibilitó la reelección presidencial al “impedir la aplicación” del artículo del Código Procesal Penal hondureño que penaba la violación del artículo 239, que la prohibía desde 1982.

Lo que estaba vedado constitucionalmente (la no reelección es parte de los artículos pétreos que se mantienen en el texto) y lo que había fundamentado el golpe a Zelaya -por su convocatoria a un referéndum- es permitido ahora para este presidente. La Sala Constitucional de la Corte Suprema dispuso “levantar” la prohibición, lo que para muchos es un delito de lesa patria y una modificación de facto de la misma Constitución. Pero el Partido Nacional -pese a las críticas de la oposición- continúa con este proceso. Ha logrado el apoyo de las instituciones estatales, de los empresarios y, fundamentalmente, de un histórico aliado -además de algunos sectores sociales hoy no mayoritarios-: las fuerzas armadas. Un actor central en el golpe contra Zelaya.

Un sector de las derechas hondureñas ha pactado la continuidad de Juan Orlando Hernández. Por un lado, porque un sistema político fragmentado no cierra la fractura política surgida con el golpe (luego de 2009, el bipartidismo de décadas ha saltado por los aires) y, por otro, porque el actual presidente es observado por muchos como un límite a Zelaya y el Partido Libre.

Para los dirigentes del Partido Nacional, el derecho a ser reelecto parece depender de la orientación política que se le quiera imprimir al gobierno, ya que el freno a las intenciones de continuidad de Zelaya se fundamentaron, por entonces, en que conduciría a Honduras a “ser otra Venezuela”. De allí el interés de las élites hondureñas en permitirle a JOH acceder a otro mandato.

II

La ruptura del consenso bipartidista que se produjo con el gobierno de Zelaya (que erosionó el imaginario económico neoconservador iniciado en los años 80) y  la fragmentación del sistema político ponen en cuestión, por parte de las mismas derechas, una institución central: la Constitución. Ésta parece haber perdido efectividad para la derecha política y económica frente al nuevo escenario post 2009. Al reacomodamiento de los intereses de la derecha económica y política hondureña, y al mantenimiento del poder del actor militar tras la recuperación de la “democracia” en 1982 se agregó un nuevo factor en 2009 -tras el golpe contra Zelaya promovido desde el Parlamento y el poder judicial-: el resquebrajamiento del mandato constitucional.

Este “permiso” otorgado por un tribunal supremo aliado al oficialismo, contradiciendo flagrantemente la Constitución y privando al pueblo hondureño de decidir –mediante una consulta popular para reformar la Constitución, como pretendió Zelaya- si la carta magna tiene que ser reformada en ese sentido, debe ser entendido como una estrategia de las derechas para mantener y controlar el poder estatal y, sobre todo, para “reducir” escenarios inciertos.

III

El gobierno de JOH no ha logrado morigerar una pobreza del 64% de la población (Banco Mundial), ni la violencia ni la corrupción (la OEA, con el acuerdo del gobierno, instaló la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH). Los sonantes casos de corrupción sucedidos últimamente en el país centroamericano desataron grandes protestas ciudadanas (una “primavera” hondureña) las cuales, junto con las revueltas callejeras post golpe, han abierto un escenario de conflictividad ciudadana y urbana que ha impactado en el sistema político y en el gobierno de JOH.

Este escenario ha llevado también a la oposición a organizarse para detener la reelección del actual presidente. El Partido Libre ha promovido la Alianza Nacional Opositora con el Partido Anticorrupción (PAC) de Salvador Nasralla y con el partido PINU (Innovación y Unidad).Tanto Xiomara Castro, como Nasralla competirán -luego de las primarias de Libre, ya que el PAC queda al margen de las mismas- por dirigir esta alianza pensando en las elecciones presidenciales de noviembre de 2017. Aun así, no habría que descartar el escenario donde Zelaya anuncie su intención de disputar algún cargo en estas primarias, aunque hasta ahora –aun habilitado-, no se ha manifestado en este sentido.

El Partido Liberal también está organizando sus primarias frente al escenario reeleccionista, aunque al principio tuvo cierto zigzagueo con la modificación constitucional, ya que pretendía que, de ser posible, ésta precisaba de la consulta popular. Éste, que había impulsado el golpe contra Zelaya, no sólo no retuvo el poder presidencial (ya que triunfó Porfirio Lobo y luego JOH, ambos dirigentes del Partido Nacional), sino que atraviesa un proceso de reducción de adhesiones y apoyos ciudadanos y electorales. Parte importante de los liberales que apoyaron el golpe contra Zelaya –y que aun pertenecen al partido a diferencia de la disidencia que formó el partido Libre- y permitieron la reelección (aunque no todos), hoy lamentan que sus decisiones hayan sido capitalizadas por el partido del actual presidente.