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El pasado 24 de febrero el Senado brasileño aprobó un proyecto de ley para modificar la normativa existente sobre la exploración de petróleo en el llamado pré-sal, área petrolífera ubicada bajo una profunda capa de rocas salinas. Si bien el texto aun debe ser tratado en la Cámara de los Diputados, y contar finalmente con el visto bueno o el veto de la Presidenta Rousseff, el hecho ha despertado viejas esperanzas de grupos económicos concentrados, nacionales e internacionales, de “echar mano” del gigante petrolero, así como el profundo rechazo de la izquierda política, y de los movimientos sindicales y sociales.

 El retroceso

El proyecto para modificar las reglas de exploración petrolera que comenzó a discutirse en plenario a fines del pasado mes en el Senado fue presentado por el senador Jose Serra (PSDB). Su proyecto (PLS 131/2015) buscaba quitarle a Petrobrás la prerrogativa de ser la única operadora del pré-sal y su obligación de participar en al menos el 30% de todas las inversiones en la exploración del petróleo en esa zona, como establece la ley 12.351/2010[1]. Esta ley, aún vigente, fue sancionada durante el gobierno de Lula y su redacción y tratamiento legislativo estuvo seguido muy de cerca por la actual mandataria, cuando era Jefa de Gabinete y Presidente del Consejo de Administración de Petrobrás. Dicha legislación acabó con el régimen de “concesión” -modelo similar al que quiere establecer Serra- instaurado en 1997 por el gobierno de Fernando Henrique Cardozo (PSDB) donde se establecía que las empresas multinacionales podían operar en la exploración y explotación del crudo mediante un régimen de licitaciones, y cuyos ganadores se apropiaban del petróleo encontrado.

Las intenciones de modificar la política petrolera de Lula no son nuevas. Medios nacionales se hicieron eco, luego de la votación en el Senado, de una filtración de varios telegramas diplomáticos de los Estados Unidos, de entre 2008 y 2009, en los que constaban conversaciones entre José Serra, por entonces Gobernador de San Pablo, con altos ejecutivos de la petrolera norteamericana Chevron. En estos cables consta la preocupación de la petrolera por la falta de ímpetu de la oposición al PT para impedir los planes de estatización de la exploración del crudo, las estrategias que pensaban desplegar para influir en el Senado para desarticular las propuestas legislativas del PT y otras fuerzas políticas para aumentar el control del Estado brasileño sobre sus recursos petroleros. También constan las promesas hechas por José Serra a las petroleras norteamericanas de impedir cualquier modificación a la ley de Cardozo, así como de revertir las leyes contrarias a sus intereses que pudieran sancionarse -particularmente si él llegaba a la presidencia en 2010-.

La Alianza

El proyecto que finalmente se discutió durante la sesión del 24 de febrero no fue el de Serra, sino un proyecto que -aun guardando su espíritu privatizador- introducía una serie de modificaciones indicadas por la misma Rousseff al jefe de la bancada del PT en el Senado. Aparentemente, viendo que el rechazo al proyecto de Serra sería minoritario, la mandataria optó por introducir algunos cambios, que fueron acordados con el PSDB, para resguardar la potestad del gobierno de seguir conduciendo los lineamientos estratégicos prioritarios en materia energética. Estos cambios indican que será la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) la que defina qué zonas del pré-sal podrán ser licitadas. Por su parte, deberá ser el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) el responsable de decidir quién va a explorar las áreas seleccionadas. Petrobrás, según la nueva normativa, sería quien tenga la prioridad para operar esas áreas. La decisión de la petrolera estatal sobre su participación en las áreas ofrecidas tendrá que ser convalidada o no por la Presidencia de la República. En las áreas establecidas como estratégicas para el gobierno, Petrobrás tiene la obligación de participar, como mínimo, con un 30% de las inversiones. Lo que no sea considerado estratégico para el país será abierto a licitación y quienes ganen las licitaciones podrán explorar y operar esas zonas del pré-sal.

Este proyecto modificado fue aprobado por 40 votos a favor. Los votos en contra sumaron 26, y las abstenciones fueron 2. Ninguno de los senadores del PT votaron a favor del proyecto (uno se abstuvo), a pesar de que éste fue el resultado de negociaciones frenéticas y de última hora entre el gobierno de Rousseff y los principales líderes de las bancadas que hubiesen votado el proyecto de Serra.

¿Maniobra estratégica o victoria pírrica? Por una parte, si lo aprobado hubiese sido el proyecto de Serra, ciertamente lo que se discutiría en Diputados -donde el mismo sigue su curso- es mucho más perjudicial para el Estado brasilero en cuanto a su capacidad de control de los recursos petroleros. Ahora, al menos, el proyecto que continúa tiene más chances de ser aprobado también en la Cámara y cuenta con el visto bueno del gobierno. Puede ser también un modo de ganar tiempo para el PT, en tanto el opositor Presidente de la Cámara de los Diputados -Eduardo Cunha (PMDB)- está en proceso de destitución de su cargo en la Cámara por parte del Consejo de Ética, y fue imputado el miércoles por el Supremo Tribunal Federal por lavado de dinero y corrupción pasiva en el esquema de desvío de fondos de Petrobrás, dentro de la Operación Lava Jato. En este sentido, Cunha corre el riesgo, en estos meses, de ser apartado de un cargo que utilizó recurrentemente para ejercer su oposición política al gobierno. Quizás en este lapso de reconfiguración de alianzas el gobierno consiga que su base aliada pueda imponer modificaciones al proyecto, menos lesivas para el patrimonio estatal sobre el petróleo. Sin embargo, lo cierto es que si en Diputados termina aprobándose el proyecto acordado en el Senado -y esto es lo más probable aun sin Cunha como Presidente- el retroceso seguirá su curso. Como señaló un Senador del PT, Dilma gobernará la Unión hasta 2018, y podrá utilizar todas las herramientas que le otorgaría la nueva ley -que ella consiguió introducir- para gestionar con espíritu soberano los recursos del país. Pero nada garantiza que no sea el PSDB, el partido de Cardozo y Serra -el que hace promesas a Chevron y Exxon para cuando recuperen el poder- el que gane las próximas elecciones. Y entonces ¿cómo y quiénes podrán evitar la vuelta al esquema expoliador de los 90?

 

[1]    http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12351.htm