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Sobre la votación en el Congreso Nacional acerca del pago a los fondos buitres

La semana  pasada comenzó en el Congreso Nacional, el debate sobre el proyecto de ley que impulsa el gobierno de Macri para ratificar el acuerdo con los fondos buitres. De aprobarse esta ley, implicaría la derogación de la Ley Cerrojo, sus modificatorias y la Ley de Pago Soberano, así como la autorización del endeudamiento necesario para realizar el pago en efectivo. De esta forma, Argentina decide mañana, a través de sus representantes en el Congreso Nacional si toma deuda por USD 12.000 millones (la mitad de las reservas del Banco Central) para pagarle en efectivo a los Holdouts y de esta forma “volver a conectarnos con el mundo”.

El acuerdo propuesto con los fondos buitres consiste en cancelar una deuda estimada por el juez Griesa de alrededor de US$ 20.000 millones, en concepto de capital, intereses y punitorios, por una deuda original de  US$ 5.900 millones. La deuda que quedó pendiente de reestructuración representa el 7,4% del total de deuda que entró en default en 2001. El 92,6% fue reestructurado en 2005 y luego en 2010 por USD 41.700 millones. Es decir que el gobierno de Macri y todos los diputados que dieron dictamen favorable al proyecto de ley, quieren convalidar la sentencia de Griesa, presentando esta propuesta como la única salida posible. Ello significa que los bonistas que poseen esa porción mínima de la deuda cobren relativamente mucho más de lo que recibió el otro 92,6%. Lo cual es no solo exorbitante sino también peligrosamente desigual con los bonistas que reestructuraron su deuda en 2005 y 2010.

La Ley Cerrojo y sus distintas modificaciones sirvieron para darles confianza a los bonistas que reestructuraran de que en el futuro no se otorgaría un beneficio mayor a los tenedores de esos bonos. Por lo tanto, dado que se quiere presentar una oferta mucho más favorable a los actuales acreedores de deuda en default, es necesario derogar esas leyes. Ante esta situación, Tullio Zembo representante de algunos bonistas, que reestructuraron su deuda previamente, hizo público el malestar de sus representados y la posibilidad de litigar contra el Estado argentino si esta negociación con los buitres sigue su curso. Esta ley, más que resolver el problema de la deuda, podría provocar la reapertura del conflicto con los bonistas que hasta hoy tienen su deuda reestructurada.

El macrismo y todos los diputados que apoyan esta ley, alegan que de no aprobarse el acuerdo, no existirían posibles inversiones, se paralizarían las obras de infraestructura y se detendría el crecimiento. Más allá de que esta sucesión de hechos económicos es fácticamente cuestionable, es importante destacar que el macrismo no ha logrado un acuerdo con el 100% de los bonistas. Por lo tanto, existe el riesgo de que el Estado argentino vuelva a entrar en default una vez aprobada esta ley ya que el resto de los bonistas pueden litigar y exigir mucho más de lo que esta ley prevé darles, especialmente cuando la capacidad de negociación de este gobierno se ve diezmada por la expresión pública de necesidad y urgencia para cerrar este tema.

Lo que ningún miembro del gobierno, así como ninguno de los diputados que acompaña el proyecto, mencionó es la implicancia de esta negociación a nivel internacional. Como ya es sabido, la práctica habitual de estos fondos es comprar deuda en default (muy barata) y litigar contra los Estados hasta exprimirlos. El gobierno de Cristina Kirchner logró poner este tema en la agenda y propiciar la creación de una comisión especial en la ONU para la reestructuración de deuda soberana en el mundo, iniciativa apoyada por 137 países. Por el contrario, el gobierno de Mauricio Macri, con esta negociación, coloca al pueblo argentino de rodillas ante estos fondos debilitando la discusión política ganada contra estos fondos a nivel mundial.

El discurso del macrismo es déficit 0 e inflación 0, liberación del mercado cambiario y apertura económica. Endeudamiento para pagar el endeudamiento. ¿No es ésta la política utilizada por el  menemismo, la que nos llevó a un endeudamiento de más del 166% sobre el PIB, la que desarmó el entramado productivo de la Argentina y dejó a media población bajo la línea de la pobreza en 2001? ¿No son estas políticas las que pregonan los organismos financieros internacionales y de las cuáles ya aprendimos que no nos benefician sino que favorecen los intereses del mercado financiero internacional? El acuerdo con los Fondos Buitres es necesario para aquellos que creen que el crecimiento del país, sigue dependiendo de hacer bien la tarea que marcan estos organismos, los mismos que llevaron a la ruina, no solo a nuestro país sino a todos los países subdesarrollados del mundo.

No es la herencia kirchnerista, es la política económica de este gobierno y de todos los que voten esta ley mañana, ajustar los sueldos de los trabajadores y ampliar el de los especuladores.