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@barbaraestereo

@mcvollenweider

El debate sobre la despenalización del aborto en Argentina ha impactado en los colectivos de mujeres -y en la opinión pública en general- de todos los países de la región. El hecho, sin embargo, no debe atribuirse a la voluntad del Gobierno por continuar ampliando derechos sino, más bien, a otra expresión de la “encuestocracia” que practica y a una potente conciencia social sobre los derechos de las mujeres, en parte herencia de la dinámica política del Gobierno anterior. Dicho impacto, sin embargo, contrasta notablemente con el estado legal del derecho al aborto en la gran mayoría de países: enormemente restringido y cercado cada vez más por el avance religioso y conservador en la región.

No fue la nueva derecha, fue el Movimiento de Mujeres

El año pasado, Argentina fue el primer país en convocar a una huelga global durante el Día Internacional de la Mujer. Este año la capacidad de convocatoria ha tenido un mayor impacto a nivel internacional como local. El pasado 8 de marzo las mujeres volvieron a realizar una multitudinaria marcha en la que predominaban dos colores: el violeta, como muestra de adhesión a este paro internacional, y el verde, para reivindicar el proyecto presentado en el Congreso a fin de que se legalice el aborto.

Y es que, en consonancia con las demandas feministas, el presidente Mauricio Macri  anunció el mismo 8 de marzo el envío de un proyecto de ley al Parlamento para equiparar los salarios entre mujeres y hombres mientras que, paralelamente, instruyó a sus legisladores para que habiliten la discusión del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si bien en su pragmatismo las derechas que se expresan desde posiciones más liberales han intentado ganar adhesiones con temas con fuerte apoyo en la opinión pública, lo cierto es que sus políticas no expresan una vocación pro-género.

El hecho de que el tema esté en discusión en la Cámara de Diputados no se desprende de la vocación del oficialismo por garantizar y ampliar los derechos de las mujeres; por el contrario, en mitad de su mandato la cantidad de medidas que socavan y, en efecto, que implican un retroceso de los derechos conseguidos por las mujeres es notable[1]. Sin dudas, el tratamiento del aborto es un resultado directo del activismo a favor de los derechos de la mujer, cuyo hito clave fue en 2015 con la campaña “Ni Una Menos” contra los feminicidios. En Argentina, pese a que han adoptado en los últimos años algunas de las políticas sociales más progresistas de América Latina, el marco normativo sobre el aborto no ha cambiado –con idas y vueltas- desde 1921.

La cuestión del aborto en la región: deudas y retrocesos

En Brasil el aborto está regulado en el Código Penal desde 1940. En él se permite el aborto solamente cuando el embarazo es resultado de una violación y cuando pone en riesgo la vida de la mujer. Si el aborto se realiza fuera de los marcos establecidos, se prevén penas de cárcel de hasta tres años para la mujer y hasta diez para quien la haya ayudado a llevar adelante la práctica. Si bien es cierto que el Supremo Tribunal Federal ha venido posicionándose –o al menos abriendo el debate- sobre la despenalización del aborto, lo cierto es que el progresivo carácter conservador que ha ido adquiriendo el Congreso ha conllevado una fuerte dinámica contra los derechos de la mujer, particularmente respecto de los derechos reproductivos. Entre otros hechos, en julio de 2008 una Comisión de la Cámara de los Diputados votó abrumadoramente en contra de un proyecto de ley para legalizar el aborto y actualmente, la Cámara de los Diputados tiene en evaluación un Proyecto de Enmienda a la Constitución -presentado por un miembro de la bancada evangélica- que busca penalizar las tres causales de aborto permitidas.

En Bolivia, la interrupción del embarazo sólo se permite para prevenir daño a la salud de la mujer o en casos de violación, pero se penaliza con hasta tres años de prisión si se produce en otras circunstancias. Asimismo, en Ecuador se permite el aborto bajo esas condiciones, pero las penas por realizar esta práctica en otras circunstancias varían de uno a cinco años. Otros países que no han cambiado la restricción del aborto son: Venezuela, Panamá, Paraguay, Perú, Guatemala, Dominica y Costa Rica[2].

Fuente: Centro de derechos reproductivos, Leyes sobre aborto en el mundo de 2014[3][4].

Los países de la región en los que el aborto está permitido sin ninguna restricción son Uruguay, Cuba, Guyana y Puerto Rico. México es un caso especial, ya que existe un único lugar en el que esta práctica se permite libremente. Se trata de la capital del país: la Ciudad de México.

III La batalla cultural y el rol de los progresismos en la ampliación de derechos de las mujeres

Nuestra región está en deuda con sus mujeres y niñas. Según el estudio Femicide: A Global Problem, 14 de los 25 países con las tasas de feminicidios más altas del mundo se encuentran en América Latina[5]. Sin embargo, durante la primera década del ciclo progresista se realizaron avances sustantivos en cuanto a la lucha institucional contra la violencia ejercida sobre mujeres y niñas. No sólo en términos legales y de política pública tendiente a mejorar la situación de las mujeres en general, sino que la creciente politización de las sociedades durante ese lapso conllevó un fortalecimiento de la conciencia sobre los derechos de la mujer y contra el sistema patriarcal imperante.

Respecto de la legislación contra la violencia hacia la mujer, son destacables en Argentina la Ley 26.485 (2009) que define a la violencia contra la mujer como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. La Ley Maria da Penha (2006), reconocida por UNIFEM como una de las 3 más avanzadas del mundo y que consiguió reducir la tasa de homicidios de mujeres dentro del hogar en un 10% en menos de 10 años, en Brasil. También Bolivia promulgó en 2013 la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que sanciona con 30 años de cárcel sin derecho a indulto por feminicidio. O en Venezuela, que en 2007, se aprobó la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia -que define 19 formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia psicológica y la mediática- y en 2009 se creó el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, que fomenta también los Comités de Mujeres en los Consejos Comunales.

Si bien la extensa ratificación a los tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará, 1994) y la promulgación de leyes integrales de varios países de la región en la última década[6] los progresismos han ido un paso más allá desde el sistema político como en el caso de las leyes de cupo[7] y el plano simbólico/cultural.

Al menos tres países de la región (Bolivia, Ecuador y Venezuela) han promovido cambios culturales mediante el lenguaje inclusivo. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, de 2008, deja en claro desde el inicio que el país está conformado por “la totalidad de las bolivianas y los bolivianos”, y sobre el Poder Ejecutivo dice: “la Presidenta o el Presidente del Estado, la Vicepresidenta o el Vicepresidente, y las Ministras y los Ministros de Estado”. La Constitución ecuatoriana, reformada en 2008, también respeta la perspectiva de género: nombra explícitamente a “la Presidenta” y utiliza términos femeninos cada vez que se refiere a unx sujetx políticx. El art. 61 establece, además, la obligatoriedad de un sistema de selección de cargos públicos respetuoso de los criterios de equidad y paridad de género. Aunque el cupo femenino no está garantizado en la misma carta, el Código Electoral establece un sistema de alternancia entre hombres y mujeres para todas las elecciones pluripersonales. La República Bolivariana de Venezuela también ha incorporado el respeto por el lenguaje no sexista en su última reforma, impulsada por el chavismo en 1999. El acceso equitativo a cargos electivos de forma “alternativa y paritaria” queda, además, garantizado por una resolución del Consejo Nacional Electoral[8].

A modo de cierre

Las políticas pluralistas de los gobiernos progresistas han dado impulso al avance de los derechos de las mujeres en términos jurídicos y simbólicos. Sin embargo, la consolidación de movimientos activos de la sociedad civil en la lucha por la igualdad de género ha logrado imponer el debate e influir significativamente en la opinión pública.

Por último, los movimientos de mujeres en América latina adquieren una nueva importancia para lograr dar la batalla cultural y socavar el avance de la avanzada conservadora. En su primera visita a Costa Rica[9], la filósofa feminista Angela Davis advirtió: “Los grupos evangélicos aliados con el Presidente estadounidense Donald Trump son un gran peligro, y es el movimiento de mujeres el que lucha por hacer retroceder su conservadurismo”[10].

[1] http://www.celag.org/derechos-retroceso-restauracion-conserva/

[2] https://www.telesurtv.net/news/El-papel-y-la-inclusion-de-la-mujer-en-Latinoamerica-20150306-0057.html

[3] https://www.reproductiverights.org/es

[4]En el caso de Chile en 2017 aprobó la despenalización del aborto en tres causales.

[5] http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-14.pdf

[6] Algunos de los países de la región que han promulgado leyes integrales contra la violencia de género son: Venezuela (2007), Colombia (2008), Argentina (2009), Costa Rica (2009), Nicaragua (2012), El Salvador (2012), Bolivia (2013), México (2013) y Perú (2015), entre otros.

[7] La oleada de gobiernos progresistas incorporó distintos sistemas de incorporación de las mujeres en la arena política logrando visibilidad y mayor inclusión. Un ejemplo de ello es la llamada “Ley de Cuotas” las cuales garantizaban un piso de participación política a las mujeres. Argentina fue el primer país del mundo que incorporó, en 1991, una ley de cuotas que establece un piso mínimo de 30 por ciento de candidatas mujeres en las listas de partidos políticos para cargos electivos nacionales.  En el año 2000, Ecuador estableció una participación equitativa de hombres y mujeres como candidatos en los procesos de elección popular. Por su parte, la Constitución de Bolivia requiere igual participación de hombres y mujeres en el Congreso. En el caso de Venezuela, el 2005 el Consejo Nacional Electoral (CNE) exigió a los partidos políticos paridad en las listas de candidatos de las elecciones de ese año y en 2010, el CNE dictó una Resolución en la que exhortó a los partidos a establecer que sus listas de candidatos se dividieran en 50 por ciento para cada sexo.

[8] http://revistaultimoround.com.ar/cuando-el-machismo-se-vuelve-ley/

[9] La visita al país caribeño se realizó luego de las elecciones presidenciales de este año, en las que un candidato evangélico, abiertamente misógino y homofóbico estuvo cerca de convertirse en presidente: http://www.celag.org/alvarado-proximo-presidente-costa-rica/

[10] https://www.ameliarueda.com/nota/angela-davis-conservadurismo-evangelico-es-un-gran-peligro