9 min. lectura

Cinco meses han pasado desde que se sucedieran los fatídicos hechos que conllevaron el asesinato de 6 personas y la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el Estado mexicano de Guerrero. Cinco meses con sus días, sus noches, sus horas, sus minutos y sus segundos. Cinco meses eternos de congoja para unas familias que no encuentran consuelo y cuya rabia crece ante la ausencia de justicia y de verdad.

A cinco meses, lo único que aparece claro en el horizonte son las ganas del Gobierno mexicano de dar carpetazo a un caso que está afectando la imagen y la credibilidad internacional de México como no lo habían hecho antes las decenas de miles de desapariciones  y asesinatos que se vienen produciendo en el país en los últimos años. Los llamados a “superar” la situación hechos por el propio Presidente Peña Nieto provocaron la indignación de familiares de las víctimas y de ciudadanos en general, tanto de México como de otras partes del mundo. En este sentido, parece que el caso Ayotzinapa ha devenido un punto de inflexión en la toma de conciencia internacional  sobre lo que está padeciendo el pueblo mexicano, víctima no sólo de los distintos cárteles del narcotráfico sino también de su propio Gobierno. Ahora bien, en la mayoría de ocasiones las noticias que llegan al exterior deslindan al Estado mexicano de su responsabilidad en la desaparición forzada de los normalistas y, por supuesto, en el resto de crímenes, focalizando la atención en los grupos de la delincuencia organizada.

Sin embargo, en el México actual es difícil establecer dónde acaba el crimen organizado y empieza el Estado o en qué punto los negocios legales se separan de la ilegalidad. Si no se analizan los hechos de Ayotzinapa sin considerar críticamente la acción o la desidia del Estado mexicano (incluyendo a sus autoridades en todos los niveles de gobierno), así como de las fuerzas armadas a su cargo, y el respaldo que reciben de unas élites económicas indiferentes al destino de la mayoría de los mexicanos, no puede entenderse nada de lo que está sucediendo en el país. El Estado mexicano es hoy incapaz de garantizar la mínima seguridad necesaria para la reproducción de la vida humana (ni siquiera en términos de seguridad alimentaria) en su territorio. Hace tiempo, además, que perdió el monopolio de la violencia y, tras el envío del Presidente Peña Nieto al Senado de una iniciativa de reforma legislativa para permitir que funcionarios extranjeros puedan utilizar legalmente armas de fuego en territorio mexicano, dicho monopolio tampoco estará vinculado a la soberanía nacional.

Aunque la impunidad sea la norma, el caso Ayotzinapa ya se ha cobrado algunas víctimas políticas. Primero fue la “licencia” que pidió el gobernador de Guerrero a un mes de los hechos, el perredista y ex priísta Ángel Aguirre, quien semanas atrás enviaba su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para deslindar al partido de cualquier eventual responsabilidad que él pudiera tener en relación a Ayotzinapa.  Días después llegó la detención del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, también perredista, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, a quienes se acusa de ser los autores intelectuales de la masacre aunque hay quienes consideran que están jugando el papel de “cabezas de turco” en este asunto. Y apenas hace unos días, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el mismo que espetó en rueda de prensa un “ya me cansé” que desató la indignación colectiva, ha renunciado a su puesto, tal y como pedían las familias, pero ha sido nombrado nuevo Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Murillo Karam fue el vocero de la versión oficial del Gobierno mexicano, según la cual los estudiantes habrían sido entregados a un grupo de sicarios de los Guerreros Unidos (grupo narcotraficante al que estarían vinculados Abarca y Pineda) por la policía municipal de Iguala para ser asesinados, bajo órdenes del edil y su esposa, y que dichos sicarios los habrían incinerado en el vertedero del municipio de Cocula para posteriormente lanzar sus restos óseos en bolsas de basura al río San Juan. Ésta es la “verdad histórica” del Gobierno que, hasta la fecha, no ha podido ser demostrada.

Las familias, acostumbradas a tratar con un Estado que ha hecho de la mentira y la simulación un arte, desconfiaron desde el primer momento de la versión oficial. Más si cabe cuando dos físicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Jorge Antonio Montemayor Aldrete y Pablo Ugalde Vélez, demostraron con base en datos científicos que era imposible que una cremación de tal cantidad de cuerpos se hubiera dado en el vertedero y apuntaron a la hipótesis que corre en boca de familiares y activistas: fue el Ejército quien asesinó e hizo desaparecer los cadáveres en sus propios crematorios. Un detalle dio fuerza adicional a esta hipótesis, cuando uno de los padres consiguió comprobar que la última llamada que recibió su hijo en su celular se localizó vía GPS dentro de las instalaciones militares del 27 Batallón de Infantería del Ejército sito en Iguala. A pesar de este relevante dato, el Gobierno se negó a abrir una investigación para seguir esa pista. Los familiares han pedido reiteradamente con movilizaciones entrar a los cuarteles del Ejército para ver si pueden encontrar a sus hijos ahí, punto que les ha sido negado.

El Gobierno mexicano quiere imponer su “verdad histórica” y pasar página cuanto antes argumentando que el grado de calcinación de los restos encontrados en el basurero de Cocula hace imposible esclarecer la identidad de las víctimas (hasta la fecha el laboratorio de Innsbruck a donde fueron enviados los restos de Cocula sólo ha podido identificar un hueso del joven Alexander Mora Venancio) pero que, a buen seguro, todas ellas fueron asesinadas según la versión oficial, basada en testimonios de personas autoinculpadas seguramente bajo tortura. Sin embargo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pidió que no se cerrara el caso ya que hay “numerosas irregularidades” en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), y denunciaron que ni siquiera habían podido estar presentes en la recuperación de los presuntos restos óseos de los normalistas. Estas declaraciones provocaron el malestar de las autoridades mexicanas, desacreditadas también por científicos extranjeros e independientes, a los que no se podía acusar de partidismo político.

Ante la ausencia de justicia y la sordera de las autoridades mexicanas, familiares de los desaparecidos viajaron en este mes de febrero a Ginebra para presentar su caso ante el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas; y a Bruselas, donde intervinieron en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y recibieron el apoyo de algunos eurodiputados como el español Javier Couso. En Europa tuvieron la posibilidad de dar eco a un caso que corre el peligro de irse apagando en los medios, ante la emergencia de otras novedades informativas, y cuyas movilizaciones en territorio mexicano tienden a desgastarse con el paso del tiempo.

De hecho, uno de los principales flancos del Gobierno mexicano ahora mismo es cómo hacer “control de daños” de cara al exterior. Acallar las voces disidentes es fácil en un país como México donde los físicos Montemayor y Ugalde recibieron amenazas de muerte por su impugnación de la versión oficial, o donde luchadores sociales involucrados con la exigencia de justicia para Ayotzinapa han sido asesinados o detenidos; pero fuera de él no lo es tanto. Y en los últimos días las críticas desde el exterior al accionar del Gobierno se han multiplicado y retumban en los oídos de unas autoridades poco sensibles ante la crítica, mucho menos la foránea. A las declaraciones del Papa Francisco hablando de una posible “mexicanización” de la Argentina se sucedieron las palabras del director mexicano Alejandro González Iñárritu al recoger uno de los muchos Óscar que recibió en la gala de premiación “ruego para que [los mexicanos] podamos encontrar y tener el gobierno que nos merecemos”, seguidas de una denuncia a la “impunidad” y “corrupción” de su país. Donalt Trump también se sumó al carro y pidió desde su Twitter “No hacer negocios en México”. La crítica de Trump es incluso más interesante porque representa el hastío de ciertos sectores de la clase dominante estadounidense ante la situación en México, a pesar de que esa misma clase dominante ha llenado sus bolsillos gracias al TLC y a la explotación de la mano de obra mexicana en Estados Unidos (y se los va a llenar mucho más gracias a la reforma petrolera). Pese a ello, y pese al respaldo oficial del Gobierno de Estados Unidos a Peña Nieto, hay sectores del establishment que consideran que la situación se les está yendo de las manos. Y el rechazo es creciente en las editoriales y artículos de The New York Times, The Washington Post, The New Yorker y otras publicaciones que expresan la visión de la élite mundial. Una élite que sólo unos meses atrás hacía loas al Presidente Peña Nieto por “salvar a México” y hablaba del país como de un “nuevo milagro” económico, aunque el milagro para millones de mexicanos y mexicanas es poder comer cada día.

Lo que el Gobierno mexicano parece obviar es que la atrocidad de Ayotzinapa entra en la categoría de crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que, al ser México firmante del Estatuto de Roma, podrían llevar a las autoridades del Estado mexicano ante la Corte Penal Internacional, como han apuntado ya algunos analistas. De hecho, en estos días visitarán México cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de abrir nuevas vías de investigación.  Está por ver cómo reaccionará el Gobierno mexicano ante su dictamen.

En definitiva, observamos que pese a los esfuerzos diplomáticos y el malestar del Gobierno mexicano, las presiones internacionales para que se produzca la necesaria clarificación de los hechos, se identifique a los verdaderos culpables y se tomen las medidas correspondientes para su castigo no cesan. Unas presiones que son importantes y necesarias pero cabe no olvidar que la última palabra la tiene el pueblo de México, en cuyas manos está acabar con un statu quo que permite la comisión de crímenes tan abominables en la más absoluta impunidad, para que se construya otro tipo de sociedad donde éstos no puedan tener cabida nunca más.