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Por Lorena Soler y Gustavo Torre

En vísperas de las elecciones presidenciales de 2007 que llevaron a Fernando Lugo a la presidencia, un artículo de Tomás Palau advertía que la oposición parlamentaria “considera viable un proyecto democrático representativo cuya dinámica empieza y termina en lo eleccionario, desconociendo de la manera más elíptica la forma en que la legislación y la institucionalidad electoral fueron construidas y funcionan: bajo control total de los grupos de poder y del coloradismo, que es su más fiel exponente político. Es obvio que allí no habrá fisuras que permitan la incursión de extraños”[1]

Cinco años después, esa advertencia se concretaba. El asesinato de 6 policías y 11 campesinos, a partir del desalojo de tierras fiscales se constituyó en el preludio argumentativo para implementar un “golpe parlamentario” que destituía al presidente democrático Fernando Lugo. En abril de 2013, por medio de procesos electorales y una suma impensable de votos (1.095.469 votos sobre 2.391.790 emitidos, es decir, 45,8%) Horacio Cartes es elegido presidente, retomando el hegemónico Partido Colorado al gobierno. Sin embargo, antes que los colorados, lo que accede es una nueva burguesía (o la vieja amoldada a los nuevos tiempos) que, como en otros países de América Latina, prueba suerte en el escenario electoral. Lo que gobierna entonces es menos la representación que tenemos del Partido Colorado que una nueva configuración social de las derechas locales vinculadas a una nueva matriz rentista. Horacio Cartes es un presidente empresario que goza de muchísima autonomía partidaria. El no haber hecho carrera en las estructuras burocráticas del partido como su fortuna personal lo habilitan a no entablar lazos de compromiso sólidos con nadie.

Así, el actual presidente lleva adelante un gobierno neoliberal y previsible: recorta las funciones sociales del Estado y construye una alianza con la burguesía local y trasnacionalizada. En el plano externo, si bien no rompe relaciones con el bloque de países que conforman el Mercosur, el cual garantiza la viabilidad económica de Paraguay, se acerca a la Alianza del Pacífico estrechando lazos con Colombia, México, Chile y Perú.

En el plano interno, la constitución del bloque de poder se asienta en 3 grandes líneas. La agudización de una estructura impositiva regresiva; la provisión de un marco legal para que las corporaciones económicas avancen sobre el Estado y la habilitación reglamentaria para la intervención de las Fuerzas de Seguridad en los conflictos políticos internos.

En primer término, el impuesto a la renta personal, aprobado en 2004 con la Ley de Adecuación Fiscal, que reduce de 30% a 10% el impuesto a la renta de las empresas, recién entró en vigencia el 1 de agosto de 2012, después de ser suspendido cuatro veces por el Congreso Nacional; y el cobro de 10% de impuesto a la exportación de soja, trigo, maíz y girasol, aprobado por ambas cámaras legislativas, fue vetado por el presidente, quien prefirió un proyecto de ley para crear el impuesto a la renta agropecuaria –que impacta en los medianos productores– y la extensión del iva al sector agropecuario, es decir, a los consumidores. La página oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería contiene un documento fechado en 2010[2] donde se promocionan los beneficios de invertir en el país guaraní: “bajo impuesto a la renta personal (10%); bajo impuesto a la renta empresarial (10%); economía de libre empresa, ningún control de precios; ningún arancel a las exportaciones” y además agrega que Paraguay tiene la “menor carga impositiva de la región” siendo los precios altamente competitivos; bajo costo en seguridad social; costo de mano de obra sumamente competitivo (sic), y las cargas sociales más bajas de la región. El documento finaliza aclarando: “Paraguay, sólo para inversores con visión” Frente a la baja presión tributaria del Estado paraguayo, la necesidad de financiamiento se ha dirigido hacia el endeudamiento externo: el gobierno implementó en julio de 2014 los “Bonos Soberanos” como medio para acceder al financiamiento. Mil millones de dólares, con vencimiento a 30 años y avalados por ambas cámaras del Congreso.

A este esquema se suma la Ley de Alianza Pública-Privada, en la cual el Estado invierte en la infraestructura necesaria para seguir garantizando la matriz rentista extractivista. Ocho proyectos de “interés público”, denominados “proyectos prioritarios” dan cuenta de ellos: la duplicación de las rutas 2 (Asunción-Coronel Oviedo) y 7 (Coronel Oviedo-Ciudad del Este), la rehabilitación y ampliación de la ruta 1 (Asunción-Encarnación) y 6 (Encarnación-Ciudad del Este), la hidrovía del río Paraguay, entre el río Apa y confluencia del río Paraná.

En sólo una semana, el nuevo presidente Colorado promulgó las modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, disponiendo de las Fuerzas Armadas de forma inmediata frente a casos de amenaza interna por “terrorismo” (eufemismo para nombrar a las “amenazas sociales” que en estricto su gobierno provoca). Las modificaciones a la Ley tuvieron un tratamiento parlamentario urgente. El argumento principal fue otra vez el denominado “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP)[3]. Al cumplirse un año de su mandato, el presidente Horacio Cartes presentó ante el Congreso un informe de gestión donde destaca “la instalación de tareas conjuntas (…) que permite la incursión (en la zona norte del país) de militares en este combate; la determinación enérgica de denominar al grupo (EPP) como verdaderos criminales contrarios al pueblo paraguayo; la inversión en capital humano mediante capacitación de agentes de inteligencia y manejo de información; la inversión material mediante la adquisición de vehículos tácticos que permiten mayor seguridad en las operaciones, así como dotaciones de armas y municiones” demostrando los éxitos: la detención de… 7 personas[4].

Frente a las tareas conjuntas permitidas por la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, los asesinatos a dirigentes campesinos y periodistas resultan moneda corrientes. Desde la destitución de Fernando Lugo ocho dirigentes campesinos han sido asesinados: Sixto Pérez, Vidal Vega, Benjamín “Toto” Lezcano, Lorenzo Areco, Inocencio Sanabria, Del Rosario González Acosta, Neri Benítez Galeano y Eusebio Torres. Asimismo, en el transcurso de 2014 fueron asesinados tres periodistas: Edgar Pantaleón Fernández Fleitas, Fausto Gabriel Alcaraz y Pablo Medina. El primero había denunciado al Poder Judicial de Concepción, mientras que los otros dos realizaron denuncias sobre narcotráfico. Con Medina, también fue asesinada su ayudante Antonia Almada de 19 años. El juicio por lo que se conoce como la “Masacre de Curuguaty” -donde 12 campesinos se encuentran detenidos a la espera de ser juzgados- se ha retrasado varias veces, en tanto el Poder Judicial no cuenta con pruebas para condenarlos. Sin ellas, los campesinos deben ser absueltos y se desvanece el principal argumento utilizado para la destitución de Lugo. Por su parte el INDERT, el órgano que fiscaliza las tierras en Paraguay, emitió un comunicado declarando que las tierras tomadas en Curuguaty eran tierras fiscales, condición que prohibía el desalojo por la fuerza.

En términos económicos, Paraguay presenta records en la producción y exportación de soja que se suceden año a año, ubicándose como el cuarto productor y el sexto exportador mundial de soja según la Cámara Paraguaya de exportadores y comercializadores de cereales y oleaginosas (CAPECO)[5]. Para el año 2014 se estimaba un aumento significativo tanto en el área como en el volumen de producción. Sin embargo, la mayor contradicción del actual gobierno es que su política fiscalista arriesga su gobernabilidad que, en caso de finalizar su mandato, no le permitirá dirigir la sucesión presidencial. No cuenta con legitimidad para una reforma constitucional ni para imponer su candidato en el año 2018. Paradójicamente no tiene intención de fortalecer un poder estatal que garantice una mayor paridad frente a los actores económicos. En efecto, no aprendió una sola lección política del fracaso del neoliberalismo en la región y en el mundo.

[1]PalauViladesau, “Las buenas intenciones no bastan. ¿Es el proyecto de Lugo sólo un nuevo intento? En Revista Novapolis. Cómo Cambia la política en el Paraguay del Siglo XXI. Centro de Estudios y Educación Popular, Editorial Arandura. Tomo I, Asunción, 2007, p. 69.

[2] http://www.mag.gov.py/INVERSION%20EN%20PARAGUAY.pdf

[3]Los recientes cables de Wikileaks revelan que Lugo había autorizado la injerencia de eeuu para el entrenamiento de fuerzas especiales denominadas Destacamento Conjunto de Respuesta Rápida. Todo ello ha brindado el clima para avanzar en la Ley Antiterrorista, que contó con el voto del ex-presidente Lugo, elegido senador en abril de 2013.

[4] http://www.presidencia.gov.py/noticia/13840-cartes-presento-primer-informe-anual-al-congreso.html#.VNUu9_l5Npp

[5]  http://www.tera.com.py/capeco/index.php?id=ranking-mundial