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En Brasil están en curso las votaciones legislativas de la llamada Reforma Política. Si bien la necesidad de cambios en el sistema político se vienen manifestando en forma de proyectos de ley desde hace décadas, lo cierto es que la Presidenta Rousseff afirmó durante la campaña para su  reelección que la Reforma iba a tener prioridad en el primer año de su mandato, y lo reiteró en su discurso de investidura en el Congreso el 1/1/15. Así viene ocurriendo. Pero si hay algo que está dejando en evidencia este proceso legislativo en curso es, justamente, la necesidad de una reforma profunda en el sistema político brasilero, que refuerce el sistema democrático y neutralice el avance de los intereses de poderosos grupos privados sobre el interés común. El Congreso está siendo a la vez el escenario y una ilustrativa metáfora de dicha puja.

Plebiscito, Congreso Constituyente o status quo: el naufragio del cambio.

Uno de los ejes fundamentales de esta discusión ha sido, desde hace varios lustros, quiénes son los sujetos legitimados para modificar el sistema político. La lógica establece que quienes se benefician del status quo tienen pocos incentivos para modificarlo, y ésta fue la base del reclamo popular que estalló en septiembre de 2013 pidiendo que se institucionalice una Asamblea Constituyente para realizar la Reforma. Este reclamo tomó la forma de una consulta popular impulsada por 477 agrupaciones entre las que contaron sindicatos, organizaciones campesinas y uniones estudiantiles. El resultado fue que el 97,5% de los votantes (7,7 millones, equivalente al 5% del electorado) se pronunció favorablemente a la creación de una Constituyente.

Algunos juristas favorables a la reforma, así como la misma Presidenta Rousseff, tuvieron por entonces algunos reparos sobre la capacidad efectiva de una Asamblea para modificar el sistema político, en tanto los resultados de las votaciones dependen de quiénes han sido elegidos para votar y porque, en palabras de la presidenta todavía en campaña “El mismo voto que vota en el Congreso vota en una Constituyente. Es el mismo voto. Entonces es fundamental que hagamos un debate con el pueblo brasilero”. Su propuesta más bien consideraba la habilitación de plebiscitos para que la población se pronunciara sobre las modificaciones más importantes al sistema político. De cualquier modo, las actuales leyes brasileras facultan solamente al Congreso para convocar un plebiscito, con lo que la Reforma en curso se está dando en un terreno (el Parlamento) cada vez más aislado de los reclamos que provienen de las calles.

Financiamiento privado de campañas políticas: el signo de la plutocracia.

A  finales del pasado mayo se discutió en Diputados uno de los aspectos de la reforma política que más rechazo genera en la ciudadanía, a saber, la propuesta de que la Constitución permita el financiamiento de campañas electorales por parte de instituciones privadas como bancos, empresas, etc. De aquí que esta propuesta se conociera como el PEC (propuesta de enmienda constitucional) “de la corrupción”. Ese nombre alude tanto a la idea instalada en la opinión pública de que es el financiamiento privado de campañas lo que ha conducido al deterioro institucional de la política, como a la presunta participación de los promotores de la ley, principalmente el presidente de  Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), en el sonante caso de corrupción conocido como Lava Jato.

La dinámica de la votación merece detalles: el pasado 26 de mayo esta propuesta de enmienda se sometió a debate en el Parlamento y los votos no fueron suficientes para aprobarla. No obtuvo los 308 votos favorables necesarios, aunque recaudó la cifra nada desdeñable de 264 sufragios. Sin embargo, en una maniobra poco “elegante”, el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha consiguió someter nuevamente a votación la propuesta al día siguiente. Con la ayuda del PRB y del PSDB (el principal partido opositor al gobierno y blanco de acusaciones de corrupción), defendió la reedición de la votación aduciendo que se había rechazado el financiamiento empresarial para los candidatos, pero que no se había debatido ese tipo de financiamiento para los partidos -lo que en la práctica es lo mismo-.

El resultado fue su aprobación, con 330 votos. El principal argumento, cargado de cinismo, para justificar el cambio en esos 66 votos fue que rechazar la financiación empresarial incentivaría la “caja 2”, o el financiamiento ilegal. En esta segunda votación sólo 5 partidos votaron en contra: el PT, PCdoB, Psol, PPS y PDT. Ahora esta enmienda tiene que refrendarse o rechazarse en el Senado, aunque las voces de rechazo al PEC esperan influir en la decisión de la Cámara que Preside Calheiros (PMDB), entre ellas la Asociación de Magistrados Brasileros (AMB) cuyo presidente ha señalado que esta medida favorecerá la corrupción y la falta de transparencia en las elecciones, ya que “Esas empresas no hacen filantropía. Son corporaciones interesadas en influir en los rumbos de la economía y articular reglas que les sean favorables”.

Reformar para que nada cambie demasiado (o para que mude a la derecha)

En general, las propuestas de enmiendas a la Constitución que se han debatido en las últimas dos semanas en el recinto, y que continuarán en las próximas, tienen el sesgo conservador que refleja la constitución del Parlamento. En las elecciones legislativas de 2014 se renovó el 40% de los Diputados Federales; dicho porcentaje renovado contenía legisladores de partidos pequeños, buena parte de ellos evangelistas militantes y personajes famosos en los medios, con ninguna experiencia política. De dicha renovación resultó una disminución de la presencia de legisladores vinculados a los movimientos sociales y a las organizaciones sindicales, y por lo tanto un Parlamento de tinte conservador, con escasa afinidad ideológica entre las bancadas aliadas, más permeable a la influencia de los intereses privados (financieros y religiosos), y conducido por figuras de un partido, el PMDB, que vende su poder político al mejor postor.

Así, las propuestas presentadas, algunas ya votadas y otras en debate, tienden a que la reforma política reforme poco al sistema: Diputados se ha pronunciado a favor de que el sistema de elección de legisladores continúe como hasta ahora, la duración del mandato de los cargos ejecutivos aumente un año, se regrese a la prohibición de la reelección de los cargos ejecutivos (como era antes del gobierno de Henrique Cardozo), se mantenga el sistema de voto obligatorio y se reduzca la edad mínima para acceder a cargos públicos, legislativos y ejecutivos. Varias de estas medidas son saludables democráticamente; el punto es en qué medida profundizan el cambio político. Habrá que ver cómo se pronuncia el Senado sobre estas cuestiones, aunque las consecuencias de las decisiones que tome no cambiarán la percepción ciudadana de que el Congreso se ha convertido en un grupo variopinto de honoratiores cada vez más alejados de la sociedad –y próximos a empresarios e iglesias-, y que la reforma poco incidirá en la calidad democrática de las instituciones públicas.

Habrá que esperar hasta la finalización del V Congreso del PT que comienza hoy para saber si toma fuerza el cuestionamiento de las alianzas partidarias -especialmente con el PMDB- que son exitosas a corto plazo, pero muy eficaces también para desestabilizar la conducción del gobierno, especialmente ahora que Dilma no goza de la simpatía de buena parte de la población. La coherencia ideológica y la sintonía programática en el seno de las coaliciones son un requisito indispensable para poder gobernar con éxito, así como la honestidad política. Ninguno de estos tres atributos parecen cumplirse en la coalición PT-PMDB, como dejó entrever Cunha cuando instó a su partido a votar con la oposición a favor de la anulación de un decreto presidencial para la creación de una política de participación social a sólo tres días de haber Dilma asumido su segundo mandato presidencial. En buena medida, que esta reforma no reforme nada sustancial se debe a esta desacertada elección de compañero.

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