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La desigualdad en Colombia es una de las más elevadas del mundo. Ésta es la apreciación del académico francés Thomas Piketty, quien señala que en este país la concentración de riqueza es mucho mayor que en Estados Unidos. Según los datos de las declaraciones de impuestos sobre la renta desde 1993, el 20 % del ingreso de Colombia está en manos del 1 % de la población mientras que la mitad de esos ingresos pertenece al 10 %. En el caso de Francia, el 10 % más rico cuenta con el 35 % de ingresos totales, mientras que en Estados Unidos ese 10 % cuenta con el 45 % de tales ingresos.

De acuerdo a Piketty, la mejor forma de aminorar la creciente brecha social es invertir en servicios públicos de calidad, educación y salud, apostando además a sistemas de tributación progresivos. Al igual que muchos sistemas tributarios del mundo, incluyendo el de Colombia, los ricos pagan menos impuestos que los pobres ya que los dividendos no se tratan de la misma manera que los ingresos por trabajo. En cualquier sistema tributario, la lógica debería ser que los ricos paguen más, es decir, que se graven los dividendos. El académico también afirma que en el caso de Colombia, es necesario  aumentar los ingresos tributarios a través de una reforma fiscal pero advirtió que se corre el riesgo de incrementar las diferencias entre ricos y pobres si se desgrava el patrimonio y se aumenta el IVA.

El Impuesto a la Riqueza ha sido fuertemente debatido en Colombia debido a que según la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria, éste debe eliminarse por desincentivar la inversión. Sin embargo, Piketty señala que el impuesto en lugar de desaparecer debe tener menos excepciones y recaer en las personas con mayores ingresos: en la actual estructura tributaria de Colombia, por el efecto combinado de deducciones, rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta, al 1 %  más rico se le cobran impuestos sobre una quinta parte de sus ingresos mientras que para los contribuyentes de renta que viven exclusivamente de su trabajo, el ingreso gravable es cercano al 100 %. Esta brecha incrementa los niveles de pobreza. De allí que los expertos resalten la necesidad de balancear la estructura tributaria, aprovechando impuestos subutilizados como los que gravan el patrimonio personal, en particular los dividendos y la propiedad inmueble bajo el criterio de la progresividad, es decir, cada quien en proporción a su capacidad de pago.

En tiempos económicos adversos y siendo un año decisivo para la paz, en miras al post conflicto, aumentar la recaudación en términos de justicia y equidad es una acción indispensable si se considera que Colombia cuenta con una presión tributaria muy baja frente al promedio de América Latina, de apenas el 20, 1%. En base a ello, el gobierno de Juan Manuel Santos planea presentar en el segundo semestre de 2016 una reforma tributaria estructural a implementarse en 2017. Esta propuesta ya cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, también ha recibido críticas en tanto los expertos aseguran que tal como está planteada, la fórmula alternativa es continuar incrementando impuestos que pesarán solo en los bolsillos de quienes menos tienen, mientras las medidas destinadas a controlar la evasión de impuestos siguen siendo mínimas. Y es que el mensaje que envía el gobierno con dicha propuesta es conseguir el recaudo adicional por vía de impuestos indirectos: IVA, consumo, combustibles y el gravamen del 4 por 1.000 sobre los movimientos financieros.

Uno de los temas más sensibles es el IVA, que quedará definido en cinco grupos: no gravados, gravados a 0 % y gravados a 5,10% y 19 %. Los bienes que quedarían excluidos son: educación, salud, transporte público, venta y alquiler de inmuebles con destino residencial, rendimientos financieros y consumos mínimos de servicios básicos. Todos los demás rubros pasarán a pagar IVA de 5%, entre ellos: verduras, frutas, granos y medicinas. A 10 % quedarán otros bienes y servicios públicos para consumos más allá del mínimo vital, mientras que la tarifa general de 19 % impactará en gravados intangibles.

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica

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