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Los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las Farc no han podido desprenderse de su carácter fuertemente contingente: los avances logrados desde el inicio del proceso en 2012 –numerosos y contundentes- conviven con el riesgo siempre presente de que las conversaciones, por acción u omisión de uno u otro lado, se interrumpan de manera momentánea o definitiva, poniendo en riesgo al proceso en su conjunto.

Varios son los factores que contribuyen a ese estado de incertidumbre estructural. El más importante: la extraterritorialidad de las negociaciones. En efecto, la decisión inicial de que las conversaciones sucedan fuera del territorio colombiano –primero en Noruega y luego en Cuba- provocó la situación paradojal de negociar en el exterior como si no existiera ningún conflicto, mientras -fronteras adentro- continuaron sucediéndose los enfrentamientos como si no hubiese diálogo alguno. Ese factor, que en principio buscaba blindar el proceso, terminó afectándolo en tanto operó como una condición de posibilidad para que los enfrentamientos armados no cesaran ni hubiera incentivos fuertes para que ello ocurra.

El otro aspecto problemático que aporta su cuota de fragilidad es la cláusula general de las negociaciones que reza que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. De allí, que los importantes pre-acuerdos alcanzados en estos casi tres años –respecto a la suplantación de cultivos ilícitos, a la participación política de la insurgencia y al desarrollo de una política agraria- no logren adquirir su plena relevancia por cuanto se encuentran atados a una resolución exitosa y definitiva de todos los puntos de la agenda.

En paralelo a lo dicho, ciertas acciones de los propios actores en cuestión también han aportado lo suyo para que el proceso tuviera un dificultoso avanzar. Algunas acciones de las Farc, por ejemplo, como el secuestro del general Álzate en noviembre de 2014, o el sorpresivo ataque a un pelotón del ejército en la caliente zona del Cauca, que dejó como saldo a una decena de soldados muertos y un recrudecimiento de los bombardeos. Por parte del gobierno, la actitud ambigua hacia una solución definitiva del conflicto es mucho más evidente y se constata en esa invariable estrategia de “garrote y zanahoria” hacia la insurgencia: en algunos momentos se asume una posición dialoguista y, en otros -o incluso en paralelo- aplica toda la fuerza de las armas. La constante ambigüedad mencionada se hizo evidente estos días, por ejemplo, en los dichos de Humberto de la Calle, el representante de la delegación negociadora del gobierno, quien declaró en una entrevista que “los diálogos, para bien o para mal, pueden acabarse en cualquier momento”, como si una u otra opción fueran lo mismo.

Ahora bien, tras varias semanas de incertidumbre, son las Farc -otra vez- quienes oyendo el pedido de los países garantes de los diálogos, Cuba y Noruega, y de los países acompañantes, Venezuela y Chile, vuelven a decretar unilateralmente un nuevo cese al fuego, el cual, más allá de la respuesta que despertará por parte del gobierno, resta motivos para seguir fomentando los enfrentamientos y, en ese sentido, constituye un significativo avance. Máxime si se atiende que en el plazo que duró el anterior cese al fuego unilateral, los enfrentamientos armados se redujeron cerca del 90%, tal lo evidencia un informe de la Fundación Paz y Reconciliación.

La medida, además, adquiere relevancia si se contempla que los meses venideros no serán en absoluto sencillos para el proceso de negociación. En primer lugar, porque el mismo se encuentra discutiendo los puntos más sensibles de la agenda y -por ende- los que más discrepancias despiertan: la justicia transicional (que determinará, entre otras cosas, si habrá o no penas para los guerrilleros y los miembros del ejército, el tipo de reparación a las víctimas, etc.) y el punto sobre la dejación definitiva de las armas. En segundo lugar, porque en octubre hay elecciones regionales en Colombia y –se sabe- todo proceso eleccionario allí repercute en un aumento de la politización de los diálogos, lo que vuelve aún más espinoso el proceso.

En ese complejo escenario, el nuevo anuncio de la guerrilla no puede sino ser celebrado por todos aquellos que aspiran a una resolución definitiva, pacífica y justa del conflicto armado más extenso del Continente.

Dos puntos antes de cerrar: 1) La paz en Colombia debe ser la paz de la región y, en ese sentido, es preciso un involucramiento mayor tanto de los países vecinos como de los distintos organismos regionales. 2) El conflicto armado es uno de los tantos pesares de la sociedad colombiana. Su resolución, antes que alcanzar el paraíso, significaría apenas –y tanto como eso- dar lugar a otras tantas deudas sociales que aguardan ser resueltas.