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Por Sergio Martín-Carrillo

El Gobierno del presidente Evo Morales sigue cumpliendo con el mandato constitucional que prevé la recuperación del control y la gestión por parte del Estado de los recursos naturales, los servicios básicos y los servicios estratégicos para el disfrute de todas y todos los ciudadanos bolivianos.

Esto, contrasta fuertemente con la actitud que en los últimos años han mantenido los sucesivos Gobiernos españoles para con sus ciudadanos y ciudadanas. Tanto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, como el de Mariano Rajoy, del PP, han priorizado los intereses de los mercados internacionales y de los grandes capitales por encima de los intereses de las personas. Sobre estos supuestos, se entiende claramente la visión enfrentada que ambos Gobiernos, el boliviano y el español, tienen sobre los procesos de recuperación de la soberanía de los recursos. Es decir, las acciones de ambos gobiernos obedecen a intereses sumamente contrapuestos, interés del Pueblo frente a intereses de los mercados internacionales de capitales.

Sobre esta dicotómica interpretación de los intereses que deben guiar las acciones de Gobierno, es necesario hacer referencia al caso concreto que ha llevado a la nacionalización de la empresa de Servicio Aeroportuarios de Bolivia, SABSA por parte del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

SABSA, propiedad de las españolas Abertis y AENA, consiguió la concesión para gestionar los tres aeropuertos más importantes de Bolivia (el de El Alto, el de Cochabamba y el de Viru-Viru en Santa Cruz) en el año 1997. El desembolso realizado por SABSA fue tan sólo de 26.000 bolivianos (poco más de 3.700$) lo que le dio acceso a administrar 430 millones de $. Desde ese año, SABSA, ha obtenido unas utilidades que asciende a 20,6 millones de dólares, lo que supone un 2.164% sobre el capital inicial desembolsado. En definitiva, un negocio redondo. Claro, un negocio redondo para SABSA, mientras que el Pueblo boliviano sufría su descapitalización.

Otro de los datos a destacar de la gestión de SABSA, es el sueldo de su Gerente General, que residiendo en Bolivia tenía unos honorarios mensuales de 127.000 bolivianos (18.247 $ mensuales). Una ofensa para el Pueblo Boliviano. Pero más allá, no debemos olvidar, que AENA, una de las empresas que controla parte de SABSA, es de titularidad pública española, por lo que mantener un salario de tal calibre (más del doble al del propio presidente español Mariano Rajoy) en plena devaluación de las condiciones sociolaborales en España resulta una ofensa también para el mismo Pueblo español.

El pasado lunes, día en el que el Presidente Evo Morales anunciaba el Decreto de nacionalización, éste, en su discurso ante los medios de comunicación daba a conocer como SABSA había incumplido los planes de inversión comprometidos. El Ministro de Obras Públicas boliviano, recordó a su vez desde La Paz, que en el año 2005 se firmó un convenio con SABSA por el que esta se comprometía a invertir hasta el año 2022 un monto de 53,4 millones de $, debiendo alcanzar la cifra de 26 millones de $ en el año 2011. Sin embargo, lo invertido por SABSA en este periodo apenas alcanzó los 5 millones de $. Esto a pesar de las altas utilidades obtenidas y el elevado sueldo de su Gerente General.

Por otro lado, los propios trabajadores de SABSA llevaban meses denunciando la falta de inversiones en los aeropuertos, por lo que venían reclamando la nacionalización para revertir esta situación. El propio Gobierno ha reconocido que llevaba tiempo estudiando esta medida, pero que sin embargo, habían estado implorando el poder llegar a un acuerdo con los propios gerentes de SABSA para que ésta, previa mejora de la inversión y las condiciones de los aeropuertos, pudiera seguir gestionando los mismos. Ante la imposibilidad del acuerdo, la única salida posible para mantener un servicio adecuado y de calidad fue la nacionalización. Ahora, tal y como comentó el presidente Evo Morales, restaría “la valoración del patrimonio de SABSA en los próximos 180 días para que el Gobierno realice una compensación justa” por la empresa nacionalizada.

En conclusión, esta acción no debe ser interpretada como una ofensa al Pueblo español, ya que en ningún caso es esto lo que representa. Por su parte, el Gobierno español en vez de amenazar sobre el deterioro de las relaciones bilaterales de ambos países, debería comenzar a regirse también por los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas, y no por los intereses impuestos por los grandes capitales y los mercados internacionales. La nacionalización de SABSA, bajo ningún término, debe ser interpretada como una ofensa al Pueblo español, sino como una defensa de los intereses del Pueblo Boliviano ante una situación injusta. Quizás, si en España somos capaces de reproducir esta correlación de fuerzas ante intereses enfrentados, tengamos una salida más próxima a la delicada y triste situación que actualmente estamos atravesando.