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Una racionalidad individualizante

En el contexto latinoamericano, los candidatos neoliberales coinciden en la exposición de los derechos humanos y sociales como factores a ser restituidos en la ejecución de sus proyectos de Gobierno. Esta estrategia de marketing político parte del supuesto de que existe un consenso subjetivo sobre la situación actual de los derechos humanos en el que se asume que: 1. Los Gobiernos progresistas han generado una “situación país” en la que requieren ser “recuperados” (casos Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia)[i] y 2. El proyecto neoliberal contempla habilitar y cuidar derechos.

En términos de campaña, enarbolar el discurso de los derechos funciona como una  forma “efectiva” para movilizar las subjetividades de los ciudadanos electores. Pero son solo promesas, y es necesario cuestionar el concepto de derechos humanos (DD.HH.) que se posiciona en este manejo discursivo. El entramado ideológico que acompaña el desarrollo del neoliberalismo como sistema normativo (económico y cultural) engloba, bajo la nebulosa del macro-concepto de los “derechos”, las estrategias necesarias para la consolidación de un proyecto social que beneficia –económica y socialmente- a minorías, aunque por convicción o por aspiración sea defendido por grupos sociales más amplios.  En este sistema (con su racionalidad), los logros de los Gobiernos progresistas de la región, orientados al beneficio de las mayorías, son invisibilizados en el plano de disputa de los “derechos”.

La resignificación moderna/capitalista que se da a los derechos humanos (DD.HH.), básicamente, condena la noción de colectivo. Para seguir operando, el sistema requiere que la responsabilidad y demanda sobre los DD.HH. sea individual y se sostenga sobre la base de un concepto de “libertad” que alimenta la lógica de la “democracia formal” que reclama y defiende los “derechos ciudadanos” como derechos humanos fundamentales[ii]. Esto obliga a auto-rescindir la lucha por otros derechos, como se puede constatar en México, Guatemala, Honduras, y Colombia. El neoliberalismo opera no como modelo económico: es una racionalidad que tiende a estructurar y a organizar la acción de los gobernantes y la conducta de los propios gobernados.[iii]

Para los neoliberales la tutela de los DD.HH. se presenta, entonces, como retórica, y usada a su vez como mecanismo de proscripción simbólica hacia sus contradictores. En ese esquema general del orden cultural del neoliberalismo, los individuos tienen que disputar en tribunales o en instancias judiciales internacionales las violaciones al derecho a la vida. Las violencias son individualizadas por el sistema de justicia, ya sea nacional o internacional (aunque sean sistemáticos en contra de individuos pertenecientes a colectivos políticos o sociales), como forma de aislar, amedrentar y persuadir (cerrando la posibilidad del debate público y colectivo por los derechos comunes –a la educación, la salud, la recreación, etc-). Conducen a los individuos a que, de forma solitaria, asuman la disputa principal por el derecho a la vida (pues las leyes no reconocen acciones colectivas, salvo por genocidios religiosos o étnicos.

Tres planos de la lucha por los derechos humanos

Si se entiende el neoliberalismo como racionalidad, tal y como se define anteriormente, surgen respuestas a cómo la crisis -cíclicas y crecientes- del proyecto global neoliberal no logran tirarlo a la lona. Éste sobrevive a contramano de los propios dogmas que pregona, como la no intervención del Estado en la economía. El salvamento de la banca hecha por los EE.UU., en la crisis económica mundial del 2008 supuso, para algunos analistas y periodistas, el final del neoliberalismo[iv]. Mientras, el éxito de proyectos progresistas en Latinoamérica durante esa década -con una intervención estatal en el desarrollo de las economías nacionales- fue una salvaguardia para evitar que los coletazos de la crisis global se sintieran con fiereza de este lado del mundo.

Pero la certeza del colapso del neoliberalismo como proyecto económico no modificó la estructura de los gobernados, y el neoliberalismo no se desplomó; más bien mutó y se reconstituyó sin cambios sustantivos. En el plano cultural, se dio la continuidad en las subjetividades de algunos sectores poblacionales con expectativas de ascenso social y de comprensión de los derechos asociados a la idea de “propiedad privada” y al implícito apoyo a la desigualdad social como posibilidad de riqueza para algunos (y de pobreza para otros). Subjetividades gobernadas por lo neoliberal que apoyaron con sus votos a candidatos con proyectos de restauración neoliberal, como ocurrió en Argentina -con un discurso antiderechos, y justificador de violaciones de derechos (colectivos) como “males necesarios” para enfrentar la conflictividad social (como la doctrina Chocobar)-.[v]

De esa manera, la racionalidad neoliberal genera tres planos de la lucha por los derechos humanos:

  • Un plano en el que sectores de la sociedad son arrinconados en la defensa del derecho a la vida, -producto de la doctrina neoliberal que genera violencia estatal como contención de la protesta social-. Una lucha por el derecho vital que deben librar los ciudadanos de forma individual por la estructura de los mecanismos del derecho y el Poder Judicial (nacional e internacional), diseñados para individualizar las controversias judiciales, aislar y negar las persecuciones colectivas (salvo casos específicos).
  • Un plano que desestructura la disputa por una perspectiva de derechos amplia y colectiva, que pretende bloquear la disputa por la justicia social (que, necesariamente, requiere de una praxis común).
  • Un tercer plano en el que se estructuran los derechos humanos en el neoliberalismo es el del derecho fundamental a la propiedad privada, que resume un conjunto de aspiraciones individuales justificadoras de la desigualdad, negadoras de derechos colectivos y orientada a la auto-renuncia por cualquier reivindicación que beneficie a otros, aunque lo necesiten. Un “derecho” relativo, por cuanto sólo las personas más “dotadas socialmente” lo merecen.

Estos tres planos se superponen y entremezclan en el terreno de la disputa simbólica por el (macro)significado “DD.HH”. Por ejemplo, encontramos que un cliché comunicacional esgrimido recurrentemente en contra de los Gobiernos progresistas de la región y dirigido especialmente a la “clase media”[vi], es el fantasma de la expropiación. En este uso se logra trasladar la percepción de riesgo de lo individual (la casa o negocio propio) al eje del “problema”, diluyendo el verdadero fondo sistémico del asunto: la distribución desigual de la riqueza. Los derechos comunes o colectivos, y el derecho a la vida y a la justicia social, son menos que el “fundamental” derecho a la propiedad.

En términos más concretos aún, se olvida y omite el hecho de que determinados grupos sociales viven en condiciones precarias mientras otros son propietarios de espacios habitables sin otro fin que el enriquecimiento propio. Lo cual constituye una minoría que se expone como sujeta de derechos obtenidos como “ejemplo de superación por mérito”. La propiedad privada se presenta como derecho que se obtiene no como parte de un contrato social colectivo, sino como efecto de la competencia que premia a personas socialmente determinadas como las “mejores”. Así se abordan los tres planos mencionados: se apuesta a la individualización, se diluye la justicia social y se celebra la meritocracia.

Dicho de otro modo, con el neoliberalismo lo que está en juego es, nada más y nada menos, la forma de nuestra existencia; el modo en que nos vemos llevados a comportarnos, a relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, basado en el principio universal de la competencia, como dirían Christian Laval & Pierre Dardot.

Derechos y Estado en el neoliberalismo: un doble discurso

El concepto de Estado está en disputa, y los neoliberales le otorgan una múltiple significación que moldean de acuerdo a sus intereses. Cuando se trata de justificar privatizaciones, ajustes fiscales y de soslayar el debate sobre la justicia social, advierten que el Estado no debe entrometerse en la economía y apelan a la ya desvirtuada frase de la “mano invisible del mercado”. Sin embargo, el esfuerzo de los neoliberales por el control de los Estados no es para otra cosa que desarrollar políticas intervencionistas, con el propósito de trastocar de forma sustantiva las relaciones sociales, interponerse en el papel de las instituciones de protección social y educación, y utilizar las posiciones de Gobierno para orientar las prácticas sociales mediante la introducción de una competencia generalizada entre los sujetos. El final de los Estados-Nación sigue siendo un discurso utilizado para resignar soberanías. Pero a escala global la competencia entre Estados se expresa de diversas formas y realidades regionales.

No sólo el Estado neoliberal pretende ser borrado en materia económica (aunque sea altamente intervencionista)[vii]: posa como desentendido en la esfera subjetiva y cultural. Los derechos de expresión y elección, a la privacidad y al disfrute no encontrarían un cuestionamiento sólido en el plano de los deseos humanos (es muy difícil cuestionar el deseo de placer como algo incorrecto), pero cuando estas reivindicaciones se contextualizan y analizan como variables del sistema social, el matiz es diferente. Sabemos que la libertad de expresión y elección se ven condicionadas y limitadas por el acceso a la información y a la educación, que finalmente termina – en el neoliberalismo- siendo privilegio de minorías.

El derecho a la privacidad –como bien denuncia el feminismo- se utiliza para mantener dentro del cercado de lo “personal” las dinámicas que perpetúan y prolongan las relaciones de dominación en el contexto “privado” del núcleo base del sistema social, la familia en todas sus formas (de ahí el lema “lo personal es político”). También la búsqueda del placer -entendida como el derecho al disfrute, al tiempo libre, al ocio- es directamente proporcional a la capacidad de satisfacerlo, que en una sociedad mercantilista se traduce en el acceso a los medios económicos que lo permiten.

Ahora, al reivindicar estos deseos como “derechos humanos” -y asignar al Estado la función de defenderlos- lo que finalmente se busca es limitar su accionar como estructura de regulación social. El derecho a la privacidad, al placer y a la libertad de expresión plantean una reconfiguración de  los límites de lo individual que, a su vez y como consecuencia lógica, limita los márgenes de acción estatal. De allí que las leyes de medios que democratizan las comunicaciones, o la democratización del conocimiento son vistas como asuntos contrarios a prácticas estatales: tienen medios de comunicación los que poseen el suficiente dinero, y pueden estudiar las minorías con recursos disponibles y excedentes de la competencia.

Cuando el Estado es, de esta forma, excluido del tema de los DD.HH. (desde otro lugar vuelve la apuesta por el Estado mínimo) el orden social igual demanda un factor externo que los garantice. En esta lógica, el terreno está abonado para la intervención de actores externos como las ONG y los sistemas de cooperación al desarrollo, que vienen con agendas desmovilizadoras de lo social al poner un velo a las comunidades sobre el papel del Estado. Dichas ONG terminan siendo las empresas que privatizan la acción social del Estado, en forma de asistencia y -no en pocos casos- como caridad[viii].

El doble discurso del Estado, entonces, es funcional a la racionalidad neoliberal. Es un Estado presente para orientar la competencia individual y auspiciar las aspiraciones o expectativas que terminan por profundizar la grieta de la desigualdad. Una mentalidad global efectiva, pues pone en tensión a las sociedades respecto del principio racional de los derechos; refuerza aquéllos que puede convertir en funcionales a su propia reproducción y ataca cualquier idea de reivindicación de la justicia social, como el conjunto de derechos sociales para el vivir bien.

Privatiza lo que quiere privatizar, como la tutela que debe brindar a la ciudadanía, mientras que mantiene (o amplía) su fuerza “legitima” como mecanismo de contención a las consecuentes protestas sociales y a quienes, desde otro pensamiento, pretenden cambiar esa racionalidad neoliberal. Utiliza el discurso de los derechos humanos para señalar a sus contradictores, mientras de forma flagrante los viola en sus territorios.

Desde una perspectiva no hegemónica (no neoliberal) las cifras de violaciones de derechos humanos en los Estados dominados por el neoliberalismo son aterradoras[ix]; desde la lógica neoliberal de los derechos (de la propiedad privada, la competencia y la desigualdad) son los “mejores”.

Considerando que la primera oleada de neoliberalismo en la región llegó de la mano de las dictaduras impuestas al Cono Sur y de los acuerdos oligárquicos en el resto del continente, vale la pena preguntarse si la “restitución de los derechos” ofertada por el neoliberalismo viene de la mano del mismo sistema lógico-racional: otorgar el derecho a ser cercados en el seguro marco de la propiedad privada como forma de habitar el neoliberalismo.

 

 

 

 

[i] “Recuperación” demandada desde la injerencia y el intervencionismo, como el caso del ahora presidente Duque pronunciándose en torno a la “situación” en Venezuela: http://www.eluniversal.com/politica/13745/duque-buscara-alianzas-para-reafirmar-denuncias-sobre-venezuela-ante-la-cpi
[ii] Slavoj Žižek (2011). Contra los derechos humanos. Título Original: Against Human Rights. Artículo publicado en New Left Review 34, july-aug 2005, pp. 115-131.
[iii] Christian Laval & Pierre Dardot (2013). La Nueva Razón del Mundo. Editorial Gedisa. Barcelona. Pág. 15
[iv]http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2008/crisis_financiera/newsid_7629000/7629122.stm
[v] www.perfil.com/noticias/sociedad/expertos-alertan-el-cambio-de-doctrina-tras-el-caso-chocobar.phtml?rd=1
[vi] Por ejemplo en Bolivia (http://www.la-razon.com/economia/Empresarios-advierten-demandar-propiedad-libertad_0_2921107914.html), Venezuela (https://es.panampost.com/guillermo-rodriguez/2017/12/13/en-venezuela-la-expoliacion-de-la-propiedad-es-una-politica-de-estado/) y Ecuador (durante el Gobierno de Correa) (http://www.elcomercio.com/opinion/peligra-propiedad-privada-opinion-ecuador.html)
[vii] http://www.celag.org/re-marcando-la-cancha-la-izquierda-economica-latinoamericana-6-grandes-disyuntivas-la-politica-economica/
[viii] http://cdsa.aacademica.org/000-061/648.pdf
[ix] http://www.celag.org/colombia-2018-silencio-y-exterminio/

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