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Por Agustín Lewit.

Dos años pasaron desde que el Gobierno colombiano y las Farc -la guerrilla activa más antigua del continente- inauguraron los diálogos de paz en La Habana, la capital de Cuba, con las esperanzas puestas en lograr la resolución definitiva de un conflicto armado que lleva seis décadas abierto y que ha costado la vida de centenares de miles de colombianos, la mayoría de ellos civiles.
Rara coincidencia -o no tanto-, el aniversario se vio atravesado por el punto más crítico desde el inicio de las conversaciones, motivado por el secuestro por parte de una célula de las fuerzas insurgentes de un general del Ejército y otra dos personas, lo cual provocó la inmediata reacción del presidente Juan Manuel Santos, quien ordenó levantar su comitiva de la mesa de negociaciones. Desde noviembre de 2012, fue la primera vez que una de las partes abandona –aunque sea momentáneamente- el espacio de diálogo.
Sin embargo, los acontecimientos posteriores a la interrupción de las negociaciones dejaron al descubierto la confluencia de un conjunto de factores que operaron en simultáneo para que -en principio- la reciente crisis se supere a la brevedad –con la promesa de las FARC de liberar los retenidos a la brevedad-, configurándose apenas como un impasse de un proceso que en los últimos veinticuatro meses ha demostrado un avance inédito, dando cuenta con ello de su consolidación.
En primer lugar, en los días siguientes al desenlace del conflicto se constató la sólida institucionalización que recubre actualmente la instancia del diálogo, evidenciada en su capacidad para superar las turbulencias sin caer en una crisis terminal. En efecto, nadie ha planteado por estos días el cierre definitivo de los diálogos, más allá de su interrupción momentánea. Hay que reconocer allí la inteligente estrategia de los comandantes de las Farc que se encuentran en Cuba, quienes desde un primer momento diferenciaron el espacio de negociación en La Habana de lo ocurrido en suelo colombiano y han mantenido una actitud conciliadora desde el surgimiento de la crisis.
Por otra parte, fue contundente el rápido accionar de los países garantes -Cuba y Noruega- quienes actuaron con rapidez y precisión para contener a las partes y comprometerlas a permanecer en contacto, realizando además las gestiones para la pronta liberación de los prisioneros, lo cual incluyó definir posibles hojas de ruta y desmilitarización temporal de territorios específicos. Esta decisiva presencia de países fuertemente involucrados con la resolución del conflicto, se ve acompañada además por un creciente nivel de apoyo internacional, que pudo apreciarse en la reciente gira de Santos por Europa donde, entre otras cosas, cosechó importantes promesas de aportes para la etapa del posconflicto. Estos distintos hechos dan relieve a la importancia decisiva que tiene el orden internacional en la resolución definitiva del conflicto armado colombiano.
Un tercer elemento ha operado en resguardo de la mesa de negociaciones de La Habana y tiene que ver con un fuerte respaldo de gran parte de la sociedad colombiana que, con buenos reflejos y entusiasmada por los avances parciales ya concretados, se ha movilizado en defensa de los acuerdos y exigiendo el fin de las confrontaciones. Esta fuerte legitimidad del diálogo y la apuesta generalizada por la Paz contrasta con el pesimismo generalizado en el inicio de los diálogos en 2012. Al respecto, hay que señalar que la reelección de Santos en junio de este año, donde venció al candidato uribista Iván Zuluaga, se explica mayoritariamente por un reconocimiento de los pasos dados hacia la paz y por una apuesta hacia la resolución definitiva.
Por otra parte, y ante la agitación de los sectores conservadores colombianos -capitaneados por Álvaro Uribe- que, aprovechando el cortocircuito, han vuelto a promover el militarismo a ultranzas, es preciso resaltar que el Gobierno y las Farc ya han conseguido preacuerdos en tres de los cinco puntos planteados en la agenda original -concernientes al desarrollo agrario, a la participación política de los insurgentes y a la lucha contra el narcotráfico- orientados a resolver problemas que han hecho posible la prolongación del conflicto, como son la débil presencia del Estado en el territorio, la intolerancia política y el narcotráfico.
Actualmente, y siguiendo la agenda inicial, las partes se encuentran discutiendo un cuarto eje vinculado a la reparación de las víctimas, que ha contado como elemento inédito con el involucramiento directo de los afectados. Además, el ciclo abierto hace dos años ha dado lugar a situaciones desconocidas hasta entonces, como el pedido de perdón de las Farc a los danmificados, como así también, el reconocimiento por parte del Estado colombiano de sistemáticas violaciones a los DDHH.
Así las cosas, el promisorio proceso de diálogo de paz vuelve a mostrar las complejidades y tensiones que se anudan en su interior, pero también la solidez adquirida en los años recientes.
Como cuestión de fondo, vuelve a emerger una verdad largamente consabida: el mantenimiento de las hostilidades, lo cual incluye tanto las acciones violentas de las Farc como las operaciones militares del Gobierno, constituye el principal factor que limita y amenaza los avances del diálogo. El abandono de las armas –quinto, y fundamental, punto a discutir- asoma como el gran desafío a futuro.
Las negociaciones entre el Gobierno y las FARC se encaminan hacia su tramo final: el más decisivo, pero también el más complicado. La consecución de la paz en Colombia, más próxima que nunca, demanda como condición de posibilidad un cese bilateral del fuego. Ojalá que los principales actores no desaprovechen esta histórica oportunidad.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-260320-2014-11-21.html (Publicado en Página 12 – Argentina)