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Nicolás Oliva

Los organismos internacionales vuelven a “equivocarse” en las previsiones de crecimiento económico para Ecuador. No es novedad. Sistemáticamente proyectan menor crecimiento en aquellos países que no están alineados con sus políticas (Rosnick y Weisbrot, 2007).[1] A pesar de las condiciones adversas, en el año 2015 el pequeño país decidió ir a contracorriente de “expertos” y gurús internacionales, rechazó las políticas de ajuste y logró precautelar los macro equilibrios y las demandas de las grandes mayorías. Así, Ecuador, con viento en contra y sin soberanía monetaria, ha logrado reflotar su economía en el año 2017: durante los tres primeros trimestres del año, muestra un crecimiento económico interanual de 2.6 %, 3.3 % y 3.8 % respectivamente. Esto demuestra que la proyección oficial de crecimiento (1.5 %) para el 2017 deberá ser actualizada al alza (el FMI ya lo ha hecho). El manejo económico 2015-2017 consiguió buenos resultados al proteger los macro equilibrios focalizando el ajuste en la tasa de ganancia de la importación (élites importadoras) y no en las espaldas de las grandes mayorías. Ecuador ganó la primera batalla al neoliberalismo, que en momentos difíciles aumenta la presión por el ajuste social.

Hoy, con un nuevo liderazgo en la conducción del Estado, ¿podrá Ecuador, con una política económica heterodoxa, conseguir otra victoria y evitar el ajuste neoliberal en 2018? Se abre una gran interrogante ahora que Correa y su equipo económico han salido del Gobierno, pues todavía no se dilucida cuál es la visión económica de Lenín Moreno.

Balance del año 2017

Según las cifras oficiales, el crecimiento del año 2017 está liderado por el consumo de hogares. Como se observa en el Gráfico 1, éste recupera su participación dentro del producto nacional hasta alcanzar los niveles previos a la crisis (61 % del PIB en el tercer trimestre de 2017). Sin embargo, el consumo de hogares, por sí sólo, no explica el crecimiento económico de Ecuador. Para ello es necesario ver la evolución de todos los componentes de la demanda: consumo de gobierno, exportaciones, importaciones e inversión (formación bruta de capital fijo – FBKF). Esta información se presenta en el Gráfico 1.

Como consecuencia de la reducción de las exportaciones de petróleo desde el 2015, su contribución a la demanda tuvo una drástica caída: a inicios de 2014 el aporte de éstas alcanzó el 30 % del PIB, mientras que para el tercer trimestre de 2017 fue tan sólo del 20 %. Esta situación hubiese sido insostenible si el Gobierno no hubiese tomado medidas para controlar las importaciones (que generan un aporte negativo al producto) mediante la implementación de salvaguardias (las importaciones pasaron de un -29 % del PIB a inicios de 2014 a -21 % para el tercer trimestre de 2017). Al mismo tiempo que el Gobierno contuvo el déficit de la balanza comercial, logró mantener constante la participación de consumo de gobierno y una caída moderada de la formación bruta de capital fijo de 27 % en 2014, a 24 % en el tercer trimestre de 2017. En definitiva, la contención de importaciones más el estímulo fiscal permitieron que los hogares mantuviesen su nivel de consumo, contribuyendo así a dinamizar la economía.

Gráfico 1. Aporte al producto interno bruto de los diferentes componentes de la demanda (% del PIB trimestral) -dólares corrientes-

 

Dos condiciones permitieron sostener la economía:

(1) el sistema tributario actuó de forma eficiente y contra-cíclica, obteniendo recursos extras de los que más tienen (reformas tributarias 2015 y 2016) y canalizándolos hacia la reactivación de la demanda. Por ejemplo, la amnistía tributaria de 2015 permitió canalizar cerca de 1 % del PIB de los sectores de más recursos hacia el gasto social y los salarios, una estrategia más efectiva para estimular la demanda cuando la inversión privada reacciona lentamente en momentos de expectativas pesimistas. Lo mismo ocurrió con la reforma tributaria después del terremoto de abril de 2016 y los ingresos por salvaguardias: ambos aportaron en 2016 una recaudación extra estimada en torno al 2.35 % del PIB (0.7 % salvaguardias y 1.65 % por la reforma tributaria del terremoto).

(2) El incremento del endeudamiento permitió amortiguar el impacto negativo de la caída de los ingresos petroleros, y así sostener la inversión y reforzar la débil situación monetaria (producto del rentismo importador y la imposibilidad de encarecer las importaciones por vía del tipo de cambio).

Perspectivas del año 2018

Este año será clave para entender los nuevos derroteros de la conducción económica de Ecuador, pues después de once años, Rafael Correa y su equipo dejaron de liderar la conducción de la política económica. El país vive un cambio de liderazgo en lo político, que ha dividido al movimiento de Gobierno. Está por conocerse qué pasará en el rumbo económico sin Correa tomando las decisiones. En este escenario de transición hay dos inquietudes medulares: ¿se mantendrá la línea económica del Gobierno anterior?,  ¿es suficiente seguir con las políticas 2015-2017?

Para el año 2018 las proyecciones indican un crecimiento económico del 2 % según el BCE (Banco Central del Ecuador). Otros organismos son más conservadores: la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe) proyecta 1.3 %, el Banco Mundial (BM) 0.8 % y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 0.6 %. A su vez, el 2018 inicia con el precio internacional de petróleo sobre los 60 dólares, lo cual amplía la capacidad financiera de la economía ecuatoriana. No obstante, las condiciones previas al año 2015 no se han restablecido y el crecimiento dependerá del estímulo fiscal. Es decir, cualquier previsión está a merced de lo que haga el Estado en su política de gastos e ingresos; teniendo en cuenta también que la exportación del petróleo ahora actúa como un corsé importante que limita las posibilidades del crecimiento de la economía.

En este contexto hay dos cuestiones a tener en cuenta:

1) en un país sin soberanía monetaria no es sostenible seguir financiando el déficit fiscal con deuda, por lo que la consolidación fiscal es impostergable;

2) aunque el motor fiscal siga empujando la economía, éste no soluciona la permanente caída de reservas internacionales. La disponibilidad de divisas le imprime fragilidad al sistema financiero y monetario dolarizado y, al mismo tiempo, le impone límites al crecimiento. Una contención del déficit de cuenta corriente también aparece como una política necesaria. De hecho, tal como sugiere el Gráfico 1, una de las razones por las que hubo crecimiento en 2017 fue la contención de las importaciones.

Revisemos uno por uno los sectores que deberán ser intervenidos para evitar un ajuste al estilo neoliberal.

Sector fiscal

La consolidación fiscal es imprescindible para Ecuador, pues la ausencia de soberanía monetaria le impide mantener déficits fiscales indefinidamente (el déficit estimado alcanzó un 5 % del PIB en 2017). Hay tres opciones para lograrlo: (1) más endeudamiento externo, (2) reducción del gasto y/o (3) ampliación de los ingresos tributarios.

La deuda pública consolidada a noviembre 2017 alcanzó el 32 % del PIB,[2] un nivel bajo en contraste internacional que, si bien demuestra que sigue siendo manejable, de ninguna manera debe ser la primera opción para sostener el nivel de gasto. Entre 2016 y 2017 la deuda consolidada se incrementó 5 % del PIB; por lo cual no debería ser una opción continuar con ese crecimiento del endeudamiento para el 2018. Además, una dependencia del financiamiento con los organismos multilaterales sacrificará la soberanía en la política económica y, en el largo plazo, reducirá la capacidad de la política tributaria. Sin embargo, resulta preocupante el último préstamo que ha contratado Ecuador de 3.000 millones, que sumado totaliza un endeudamiento de 7.500 millones de dólares (7 % del PIB) en nueve meses de Gobierno. Lo preocupante es que esta deuda no vino acompañada de medidas de contención de la salida de divisas, lo que coloca a Ecuador en una situación peligrosa para resguardar el régimen monetario.

La segunda opción es reducir el gasto público. Desde que inició la crisis el gasto público del sector público no financiero (SPNF) ha venido reduciéndose (pasó desde 43.6 % del PIB en 2014 a 38.2 % en 2016, una reducción del 5.4 % del PIB). El ajuste ha sido importante y ha contribuido a desacelerar la economía. ¿Es factible seguir reduciéndolo? Revisemos los rubros más importantes del gasto 2016 del SPNF:

Tabla 1. Gastos del sector público no financiero 2016 (% del PIB)

¿Acaso el Gobierno intentará recortar prestaciones sociales o reducir más la inversión pública? Si lo hace no sólo rompería con la promesa de campaña, sino que estaría empujando a la economía a una crisis de demanda y a una depresión económica y social. Recordemos que todos los rubros de la Tabla 1 tienen un multiplicador fiscal muy importante para el sector privado. En efecto, el gasto público es también el ingreso de los hogares (todo gasto del Estado termina como ahorro privado o como ahorro del exterior).[3] El gasto salarial del Estado es el ingreso de los hogares privados; el consumo de bienes y servicios del Estado es el ingreso de empresas privadas que, a su vez, se convierten en salarios y ganancias de los hogares. Lo mismo ocurre con la inversión pública. Los rubros que no terminan en los hogares ecuatorianos son el pago de intereses de deuda y la importación de derivados que no son factibles de reducir sin una política de recorte de subsidios regresivos. Es así como la austeridad no es más que un ataque económico y social a las clases medias y bajas. Además, el caso de Ecuador es particularmente especial, pues una profunda crisis de demanda no sólo implica desempleo y pobreza, sino que puede detonar el retiro masivo de los depósitos y una expulsión forzosa de la dolarización.

La opción más saludable para la economía será retirar poco a poco los subsidios regresivos; hoy el país está en mejores condiciones tecnológicas y de infraestructura para focalizar esta política minimizando los efectos sociales. Una segunda carta que puede tomar el Gobierno es reducir la tasa de ganancia de los proveedores del Estado, quienes, ante una demanda cautiva que el Estado garantizaba, le vendían productos e insumos a precios con elevados márgenes de ganancia. Hay que corregir los precios de los insumos que compra el Estado, que no es más que reducir la tasa de acumulación que el Estado ha garantizado a las empresas privadas.

No obstante, lo demostrado por el actual Gobierno hace pensar que un ajuste por el lado de subsidios o reducción de tasas de ganancias de proveedores es improbable. Incluso, el subsidio eléctrico a las empresas se ha incrementado. Por lo tanto, las perspectivas apuntan a un recorte mayor de los salarios y de la inversión, que ponen en riesgo a la demanda.

La tercera y última salida es el incremento de los ingresos. Los ingresos del sector público no financiero pasaron de 38 % del PIB en 2014 a 30 % en 2016, un deterioro sustancial por la caída de las exportaciones. Proyectamos[4] que el 2017 cerrará con unos ingresos estimados en 32.8 % del PIB, por ende, la opción necesaria está en incrementar los ingresos tributarios para compensar los ingresos perdidos. El Gobierno debe prestar atención a los ingresos tributarios que han demostrado ser la única forma segura de sostener el régimen de desarrollo. La presión tributaria de Ecuador está por debajo del promedio regional y muy lejos de la presión tributaria de los países desarrollados. Lamentablemente, la falacia de los “altos impuestos” se instaló en la matriz de opinión ecuatoriana y está socavando el potencial de desarrollo e imponiéndole límites al proyecto político. Ecuador no es un país de altos impuestos, las cifras comparativas lo confirman. En efecto, la evasión no se ha cerrado completamente y la tributación al patrimonio, ensayada temporalmente en 2016, demostró ser una herramienta efectiva para capturar ganancias hiper concentradas.

La reforma tributaria aprobada a finales de diciembre de 2017 es variopinta, pero sobre todo, insuficiente, tanto desde su génesis como iniciativa del Ejecutivo, como por los vetos parciales de la asamblea que la desdibujaron aún más. Un cálculo simple deja ver que la medida más importante en términos recaudatorios, como es el incremento de la tarifa del impuesto a la renta, quedará neutralizada por la pérdida de recaudación producto de los incentivos concedidos y la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, con lo cual el aporte en términos de suficiencia tributaria de la reforma de 2017 es nula.

Por lo tanto, es fundamental diseñar una nueva reforma tributaria y dar un nuevo impulso político a la lucha contra la evasión y el contrabando: los dos ministros del área fiscal (aduanas e impuesto internos) juegan al límite y son la única parte del gabinete que se opone públicamente a los poderes económico. Por ahora, el apoyo político a los dos alfiles tributarios existe por parte del presidente, pero éste tampoco lo demuestra públicamente al nivel que exige la correlación de fuerzas de la economía política. Lenín Moreno compra tiempo político con la consulta y, una vez terminada, deberá decidir qué rumbo tributario tomar. Ahora que el equipo económico del Gobierno anterior ya no está, ¿Lenín Moreno estará dispuesto a emprender una reforma tributaria más ambiciosa y que termine de consolidar la tributación a los niveles de países como Brasil, Argentina o Uruguay? Si así lo decide, el objetivo debe ser alcanzar al menos un avance del 2 % del PIB. ¿Cómo lograrlo? Se necesita:

(1) recuperar los impuestos patrimoniales y profundizar los impuestos ambientales de tal forma que la contaminación y la riqueza concentrada financien el impulso fiscal (ambas medidas deben alcanzar al menos 1 % del PIB) y

(2) que los tributos al comercio exterior provean 1 % del PIB extra para que pueda lograrse la consolidación de ingresos.

Recordemos que las salvaguardias y las contribuciones por el terremoto de 2016 dieron una recaudación aproximada del 2.3 % del PIB. Esta cifra es alcanzable si hay la voluntad política. Para lograrlo, el IVA aparece como la opción más cercana. El IVA es atractivo por su poder recaudatorio y la liquidez de corto plazo que provee. Sin embargo, una reforma que se base exclusivamente en el IVA implica volver al modelo neoliberal. Por el contrario, una reforma del IVA puede legitimarse siempre y cuando coexista también con un incremento de impuestos a los más ricos, tal como ocurrió con la reforma tributaria de 2016 (el IVA representó el 50 % de lo recaudado, mientras que el otro 50 % provino de impuesto patrimoniales e impuestos directos a los salarios y las ganancias).

Una tercera opción es reducir los subsidios tributarios: los incentivos y beneficios tributarios que representan un sacrificio fiscal para el Estado. El Estado concede en beneficios e incentivos tributarios aproximadamente el 5 % del PIB (de los cuales la mitad son IVA y la otra mitad otros impuestos).

Resumiendo, la consolidación fiscal debe lograr: (1) recuperar entre 2 y 3 % del PIB en impuestos y (2) una reducción del gasto de aproximadamente 2 % del PIB. Los subsidios regresivos y las tasas de ganancia de proveedores deben entrar a debate, los cuales pueden ser focalizados de mejor manera. Estas son políticas que demandan mucha entereza política y socavarán el capital político del presidente y su Gobierno. ¿Los medios de comunicación continuarán brindándole apoyo? Todo apunta a que deberá conceder espacio de poder (ley de comunicación, por ejemplo) para poder tener apoyo en las medidas económicas, ahora que se han “suprimido” los canales de comunicación pública.

Sin embargo, el rechazo de Lenín Moreno a la ley de plusvalía deja algunas lecciones. Parece ser que el presidente suscribe la tesis de que los impuestos desalientan la inversión y el crecimiento económico. En principio, será difícil que el presidente suscriba la tesis de aumentar impuestos internos, por lo que es probable que el déficit se financie con una combinación de reducción de gasto y más deuda. Esto no hace más que hipotecar el futuro, al menos de que se identifiquen desde hoy los ingresos que pagarán esa deuda. Debemos ser francos, la opción más simple puede ser la más peligrosa: (1) una nueva deuda sin control de importaciones no es más que una cuenta regresiva hacia la expulsión de la dolarización y (2) el recorte de gasto nos llevará al escenario de Grecia o España de decrecimiento, más déficit, más deuda y nuevamente más ajuste; esto en el contexto ecuatoriano también lleva a lo mismo: una expulsión de la dolarización.

Sector externo

El déficit de cuenta corriente erosiona de forma voraz las reservas internacionales. La política de restricción de importaciones y la entrada de divisas vía deuda han controlado esta debilidad estructural, pero de ningún modo contribuyen a estabilizar la situación. Las reservas se erosionan rápidamente en estos momentos a pesar de las medidas de contención de las importaciones tomadas hasta 2016, lo cual demanda políticas de cortísimo plazo para revertir la alarmante salida de divisas generada por la liberalización del comercio. En enero 2018 el nivel de reservas (2.243 millones) alcanzó el segundo nivel más bajo de los últimos cinco años después del registrado en mayo de 2016 (2.158 millones). No hay expectativas de entrada de divisas por otra fuente diferente que el endeudamiento externo (exportaciones). Por lo cual era previsible que el Gobierno contraería nueva deuda, la cual es efectiva desde hace pocos días (3.000 millones). La diferencia con el anterior Gobierno es que Lenín Moreno no ha implementado una política de contención de las reservas, lo cual empuja al país peligrosamente a un escenario impredecible. Por ende, la consolidación de ingresos mediante tributos más fuertes a la importación debe ser la fuente primordial para sostener el gasto público y las reservas.

Lenín Moreno ha dilatado el ejercicio político de gobernar consciente de que beneficiar a todos no es económicamente posible y de la dificultad que implica reconciliar los intereses de los de arriba con los de abajo. El diálogo deberá decantar por unos o por otros. El ajuste debe venir,  la pregunta es: ¿quién lo pagará? Con un déficit estructural de la cuenta corriente, más un nivel de reservas internacionales crítico, el Gobierno deberá enfrentarse con las decisiones que hasta ahora había orillado. Es imprescindible tomar medidas que limiten la salida de divisas vía importaciones. Sin embargo, la correlación de fuerzas en el tablero de la economía política actual decanta a favor del sector empresarial, que es el que está presionando a favor de desmontar la política arancelaria. ¿Será que el Gobierno accederá a las demandas de los importadores? Los primeros meses muestran que el ataque al contrabando se consolida como una política integral y no hay indicios, por el momento, de que se dé marcha atrás. No obstante, en el corto plazo se requiere un nuevo ajuste enfocado en la tasa de ganancia de los importadores. Todo indica que el presidente no tendrá otra opción que limitar de forma severa las importaciones, pues estas siguen erosionando paulatinamente las reservas.

Las cámaras empresariales, como es usual, vuelven a cargar en contra del Estado y proponen en tándem una combinación de políticas que garantiza el suicidio económico de Ecuador: liberalización del comercio y reducción del Estado. Tácitamente, proponen que el ajuste se recueste en las espaldas de los hogares, recortando prestaciones sociales y salarios. Los expertos internacionales dicen que es necesario sincerar la economía y que la crisis debe enfrentarse en algún momento. La receta habitual recomienda seguir el manual aplicado durante la crisis del sur de Europa, cuyos países, después de una década de austeridad, apenas muestran señales débiles de crecimiento económico y los salarios y las condiciones sociales se han deteriorado a niveles sin precedentes. Además, no advierten que en el caso del Ecuador una crisis de demanda puede detonar una crisis de confianza en el sistema financiero, una corrida bancaria y, por ende, la expulsión involuntaria de la dolarización. El manual neoliberal no dice nada sobre países sin soberanía monetaria como Ecuador.

Por otro lado, la exportación es una variable exógena de la política económica, su nivel viene dado por el precio del petróleo, que determinan los mercados internacionales. El sector privado ha hecho muy poco esfuerzo en mejorar su productividad, por lo que esperar una salida por la vía de exportaciones impulsada por el sector privado es más bien una quimera. En la práctica, la pérdida de ingresos de las exportaciones petroleras le impone límites importantes al crecimiento y, además, recrudece las demandas de transferencias desde el Estado hacia el sector exportador. En este contexto, el modelo hegemónico no pierde tiempo y busca aprovechar el tiempo político para reconfigurar las viejas políticas. El ministro de comercio exterior intenta revivir la firma de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con los Estados Unidos como durante la década de los 90. Dada la correlación de fuerzas, tampoco aparecen en la mesa de discusión propuestas más radicales como un impuesto a la salida de divisas (ISD) más elevado para los importadores y/o un ISD para las exportaciones que no repatrien los ingresos al país en el corto plazo.

Exportadores e importadores han gozado históricamente de un margen importante de ganancia, superior a la de los micros y medianos comerciantes. En las últimas décadas esta cuestión no ha estado dentro de la discusión de la política económica a pesar de que el Plan Nacional del Buen Vivir lo recogía. ¿El Gobierno actual está dispuesto a seguir manteniendo inalterada esta tasa de ganancia a costa de un deterioro de los salarios de las clases medias y bajas? Esto está por verse, pero de algo estamos seguros: a las mesas de diálogo la tasa de ganancia no fue invitada.

Mercado laboral

El desempleo ha empezado a disminuir después de su punto más alto en junio de 2016. El subempleo, por el contrario, ha empeorado, ya que actúa como una válvula de escape frente al desempleo. El sistema productivo no tiene capacidad para absorber trabajo remunerado producto de una matriz dependiente de las importaciones. En este sentido, al limitar una de las mayores fuentes de acumulación, como es la importación, era lógico que se resintiera la calidad del empleo. Así, el Gobierno se enfrenta a una encrucijada en el diseño de la política. Si confía en una economía de oferta -neoclásica-, la reforma laboral a favor de la flexibilización será la salida al problema del empleo. Por el contrario, si el problema está en la demanda -keynesiana-, entonces las políticas de flexibilización sólo agravarán la situación pues caerá la masa de ingresos salariales y el consumo de las familias. Ecuador no vive un problema de oferta, todo lo contrario, las exportaciones desplomaron la demanda externa y esto se trasladó a las condiciones internas. El ministro del trabajo parece que busca cambiar la exitosa política de estos diez años agregando nuevas modalidades contractuales con la esperanza de que los empresarios absorban el empleo excedentario. El ministro, al venir del sector privado, sabe que si las ventas no crecen los empleadores no contratarán, aunque sea más barato. Por el contrario, será más barato despedir a los trabajadores que hoy están empleados. El mayor riesgo de despido contribuye a deprimir el salario y los trabajadores estarán dispuestos a aceptar menores salarios por el mismo trabajo, causando una transferencia de las rentas laborales hacia las rentas del capital, aumentando la inequidad y debilitando la demanda agregada debido a la caída del consumo de hogares, principal componente del PIB. Un menor consumo de hogares reduce la recaudación de IVA y recrudecerá el déficit fiscal. En definitiva, un mercado laboral más flexible ocasiona que la demanda se debilite y esto a su vez atenta con el objetivo de la consolidación fiscal que habíamos advertido como indispensable.

El Gobierno sabe que debe apostar a los sectores que mayor empleo arrastran. Eso no es nuevo y Lenín Moreno se ha guardado una carta bajo la manga. El Gobierno espera que la construcción despunte una vez la consulta popular borre del mapa a la ley de plusvalía. De nuevo, es un claro guiño a una economía de oferta contraria a una creencia fundamental de la Revolución Ciudadana. Depositar la recuperación económica en la ley de plusvalía es minimizar el papel de las condiciones externas y desconocer la historia económica del siglo XX y XXI, que ha demostrado que el ciclo económico de Ecuador y América Latina depende de los precios de los “commodities”.

Si el plan público de construcción es la salida para reactivar el mercado laboral, entonces se hace aún más necesaria una reforma tributaria que dé oxígeno a la caja fiscal para así, en base a los multiplicadores fiscales, reactivar la economía mediante la obra pública.

Reflexiones finales

Ecuador enfrenta una disyuntiva. Una disputa entre modelos económicos como resultado de un diálogo imposible, que ha involucrado sectores que solo tienen en cuenta sus intereses. La búsqueda sectorial del interés propio puede incluso llegar al extremo de comprometer la estabilidad que Ecuador ha sabido conseguir en estos años de Revolución Ciudadana. Sabemos que más pronto que tarde, el Gobierno de Lenín Moreno comenzará a tomar medidas  para evitar los riesgos que implica profundizar los desequilibrios actuales. Es decir, el ajuste debe llegar en este 2018; ahora ¿será un ajuste social sobre los ciudadanos o, por el contrario, un ajuste sobre la ganancia de los importadores y grandes propietarios? A juzgar por la correlación de fuerzas que ha generado el proceso de diálogo, decantado a favor de quienes tienen mejores amplificadores y megáfonos, difícilmente podemos esperar que los sectores corporativos de Ecuador salgan perjudicados. Es así como la estabilidad económica y política que Ecuador ha logrado conseguir con tanto esfuerzo, se ve finalmente amenazada por el reparto de poder entre intereses corporativos. Esperamos equivocarnos.

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[1] Para una discusión amplia sobre los balances sectoriales ver http://www.celag.org/politicas-economicas-heterodoxas-alternativas-ecuador/

[2] No hay información disponible para el IV trimestre de 2017.

[3] http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/12/DEUDA-SECTOR-PÚBLICO-DEL-ECUADOR_noviembre2017-2_OK.pdf

[4] Rosnick, David y Weisbrot, Mark. (2007). “Political Forecasting? The IMF’s Flawed Growth Projections for Argentina and Venezuela”. Center for Economic and Policy Research.

Economista por la Universidad Católica del Ecuador. Máster en economía del desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. Máster en economía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Candidato a Doctor por la UAB. Se ha desempeñado como investigador del Centro de Estudios Fiscales (CEF) por 8 años y desempeñó el cargo de director del CEF por 2 años. Investigaciones realizadas en el campo de la economía de la desigualdad, política fiscal, hacienda pública y estudios de evaluación de impacto. Ha sido parte de los equipo que diseñaron e implementaron las últimas reformas tributarias en Ecuador. Recientemente participa en el grupo de investigación de políticas post keynesianas para Ecuador, con énfasis en la Teoría Monetaria Moderna y determinantes de la inversión en economías rentistas.

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