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El 2015 significó para la política ecuatoriana un repunte del ciclo de conflictividad mediante la ocupación de las calles por parte de los sectores de oposición, primero motivados por la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza (Impuesto a la Herencia) y luego por el tratamiento de las enmiendas constitucionales, posicionando en la opinión pública que se trataba de un ataque a la familia y de un intento del Presidente Correa de eternizarse en el poder.

Así, en un hecho inédito para el campo político ecuatoriano, las calles vieron la confluencia de sectores antagónicos como son los representantes de la derecha, miembros de aquella partidocracia que hundió al país en la “triste y larga noche neoliberal” con sectores indígenas, trabajadores y estudiantes.

Sin embargo, esta supuesta unidad pareció por momentos basarse únicamente en dos factores: desde lo económico, el supuesto fin de ciclo del correísmo acosado por el manejo de la difícil coyuntura económica que atravesó el país en 2015. Desde lo político, el “Fuera Correa Fuera”, sirvió como el elemento aglutinador del reclamo, que evidenció no solamente la falta de una estrategia programática sino que también se agotó en si misma luego del envío a la Asamblea Nacional de una disposición transitoria -incluida en el proyecto aprobado de Enmiendas Constitucionales- que establece la vigencia de la modificación de estos artículos a partir de mayo de 2017 -lo cual inhabilitaba de facto al presidente Correa, y a los 38 asambleístas que se encuentran cumpliendo su segundo mandato electoral, a presentarse como candidatos en las próximas elecciones generales de 2017-.

Ya sin este Caballito de Troya y faltando un año para las elecciones presidenciales de 2017, los diversos sectores de oposición intentan nuevamente inaugurar el año preelectoral construyendo supuestas “unidades” para conseguir definir de esta forma, el candidato presidencial de su sector.

Ello no ha sido tarea fácil para el movimiento indígena enfrascado en conflictos entre su dirigencia, encabezada por Fanny Campos (Coordinadora Nacional de Pachakutik) y las principales organizaciones, CONAIE y Ecuaruari. Esto quedo de manifiesto en el boicot a la reunión propiciada por la Coordinadora de Pachakutik el pasado 27 de enero, con el objetivo de establecer un canal de diálogo con los sectores de oposición al gobierno, incluso aquellos de derecha. Un antecedente es que este tipo de diálogos con representantes de sectores de derecha como el Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime Nebot, y Creando Oportunidades (CREO), del exbanquero Guillermo Lasso ya han sido convocados por Campos desde el año pasado.

En esa oportunidad, las expectativas de la reunión de enero quedaron opacadas con los gritos de las bases de la CONAIE al son de “Fuera derecha, fuera”, lo que motivó a los representantes de la CONAIE a insistir en la convocatoria de un congreso para reestructurar el Comité Ejecutivo y destituir a Campos. Tanto el dirigente de la CONAIE, Jorge Herrera, como Carlos Pérez Guartambel, de la Ecuarunari se oponen a este tipo de alianzas con los sectores de derecha, ya que consideran que el movimiento indígena solo debe unirse con fuerzas de izquierda. Esa fue la razón por la cual, en 2015, conformaron el Colectivo de Organizaciones Sociales que aglutinó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Ecuarunari, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Frente Popular, Federación Médica, estudiantes y una fracción de jubilados. Este frente fue precisamente el que encabezó las marchas contra algunas medidas tomadas por el Presidente Rafael Correa, especialmente, las enmiendas.

Cabe destacar que, entre las propuestas de este frente, se incluyen la educación bilingüe; el derecho a las autonomías territoriales; la  lucha contra las empresas mineras y petroleras y el extractivismo; la promoción del turismo comunitario; el ejercicio de la justicia indígena; el derecho de los jóvenes a definir su carrera profesional; la nacionalización de las telefónicas; la redistribución de los medios de comunicación; y la defensa de los derechos de los trabajadores para que accedan a mejores sueldos y a la contratación colectiva[1].

En la actualidad, este frente se encuentra en negociaciones para buscar un candidato para las próximas elecciones de 2017, entre los que figuran: la asambleísta Lourdes Tibán; el exasambleísta Cléver Jiménez; el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe; la exdiputada y exasambleísta constituyente por el movimiento Red Ética y Democracia (RED), Martha Roldós; el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel; la militante del desaparecido movimiento Ruptura de los 25, Silvia Buendía; el dirigente del extinto MPD, Lenin Hurtado; y el exdiputado por el Partido Socialista y exrector de la Universidad Andina, Enrique Ayala Mora[2].

Desde otro sector, un intento de unidad pretende cristalizar en la denominada Convergencia Democrática, la cual aglutina al movimiento Podemos del prefecto de Azuay, Paúl Carrasco; Sociedad Unida Más Acción (SUMA) del alcalde Mauricio Rodas; y al Partido Social Cristiano, de Nebot y Avanza de Ramiro González, quien luego de haber permanecido durante más de 8 años en el gobierno y haber obtenido 36 alcaldías y una prefectura con su partido político, en las elecciones seccionales de 2014, ahora insiste en la necesidad de construir una alternativa al correísmo.

Los ejes sobre los cuales versa esta propuesta de unidad se concentra en la recuperación de la democracia, materializada en la derogación de las enmiendas constitucionales, la defensa de la libertad mediante la eliminación de la Ley de Comunicación y, en el ámbito económico, garantizar el manejo de un Estado eficiente, capaz de generar seguridad jurídica.

De manera detallada, los 21 puntos de esta Unidad son los siguientes: 1. Reformas a la Constitución; 2. Derogar la Ley de Comunicación; 3. Devolver sus funciones de auditoría a la Contraloría; 4. Estabilidad económica; 5. Devolver los recursos al IESS; 6. Fortalecimiento de la dolarización; 7. Inversión extranjera; 8. Disolver el Consejo de Participación Ciudadana; 9. Generación de producción y empleo; 10. Que los estudiantes recuperen la libertad de ingresar a la universidad; 11. Independencia de funciones; 12. Reducción del tamaño del Estado; 13. Control electoral; 14. Reducción del gasto público; 15. Moratoria en las confrontaciones de 3 años; 16. Delimitar las funciones de la Policía y las Fuerzas Armadas; 17. Derogar el Decreto 16. 18. Recuperar el papel fiscalizador de la Asamblea; 19. Real descentralización.; 20. Autonomía administrativa. Y; 21. Revisar decisiones de política exterior como apertura de embajadas

En esta unidad destaca la ausencia de CREO (Creando Oportunidades) encabezado por Guillermo Lasso, lo cual evidencia un distanciamiento entre esta agrupación y el Partido Social Cristiano (PSC). Los conflictos entre Lasso y Nebot se remontan a 2012 cuando, tras el ofrecimiento de Lasso de no presentar candidatos a asambleístas en Guayas, se cerró el apoyo a la lista de Nebot. Mientras que el PSC respaldó la candidatura presidencial de Lasso. Sin embargo, una vez en la Asamblea Nacional, no conformaron un bloque oficial. Finalmente, en las elecciones seccionales de 2014, mientras que CREO postuló a César Monge a la Prefectura del Guayas, el PSC candidatizó para al mismo cargo a César Rohón.

Esta alianza parece basarse en una estrategia de apuntalamiento desde lo local, apelando a figuras como los alcaldes de las dos ciudades más importantes del país, como lo son Quito y Guayaquil. Aunque el salto hacia lo nacional no necesariamente es un paso automático. Más aun cuando la gestión de Rodas en la ciudad de Quito enfrenta un período de desgaste y necesita del apoyo de otras figuras políticas fuertes, como Nebot.

[1]
La CONAIE quiere resucitar a la unidad plurinacional. En El Telégrafo. Martes 2 de febrero de 2016.

[2]
Ídem.

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