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Por Crismar Lujano y Lucía Converti. Informes Telesur-CELAG

En un contexto de recesión mundial, el gobierno bolivariano ampliará sus esfuerzos por diversificar su economía y acabar con el modelo económico dependiente.  En este sentido, la agenda económica bolivariana de Venezuela fue diseñada con una meta: la diversificación y dinamización productiva. Una premisa necesaria con la que hacer frente a la realidad económica del país latinoamericano que siendo históricamente dependiente de un modelo rentista petrolero, hoy exige un cambio de matriz productiva que direccione las formas tradicionales hacia nuevas y mejores estructuras de producción. Sin embargo, pluralizar fortalezas y transformar debilidades en nuevas oportunidades nunca ha sido tarea sencilla.

La caída sostenida de los precios de las materias primas en el mercado internacional dejó atrás los ‘vientos de cola a favor’ y puso en perspectiva la lista de infinitos desafíos económicos pendientes para el desarrollo sostenible y saludable del país. Por esta razón, el plan de económico impulsado por el gobierno bolivariano se basa en la exploración y utilización de nuevas áreas estratégicas productivas que en sintonía con las potencialidades del país, tanto en capital físico como humano, abra un nuevo ciclo de expansión económica que brinde estabilización política y social a sus ciudadanos.

Entre los 15 motores productivos que conforman la agenda económica bolivariana, la minería se proyecta como el motor propulsor de las demás áreas económicas del país. Además, en el marco del plan de desarrollo minero 2016-2018, debe ser un sector que promueva la entrada adicional de divisas. El objetivo es crear una base más solida y científica para las necesarias asociaciones estratégicas e inversiones, que si bien contará con la participación de empresas privadas, estará bajo la rectoría pública con un mínimo de 55 por ciento para que el Estado garantice el manejo soberano de los recursos naturales venezolanos.

Con este objetivo, el presidente Nicolás Maduro, formalizó convenios de inversión del arco minero del Orinoco. El mismo se encuentra al norte de Bolívar y al sur del río Orinoco y tiene unos 111 mil kilómetros cuadrados de extensión, es decir, casi duplica a la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. El arco esta subdividido en 4 grandes áreas de exploración y explotación, tiene reservas de diamante, coltán, hierro y otros minerales de alto valor industrial. Asimismo cuenta con reservas probadas de oro que forman parte del estado por 4.300 toneladas equivalentes a unos 80 mil millones de dólares.

El plan mantendrá la armonía con la naturaleza y las comunidades originarias que ahí habitan, pues se prohíbe el uso de mercurio como también su transporte y demás actividades conexas a la minería, una acción que reafirma una vez más que el nuevo modelo del arco minero que implementará Venezuela es soberano y con visión de desarrollo integral.

La apuesta es reeditar, en los mismos términos de respeto a la soberanía nacional, la exitosa experiencia de certificación de reservas de la faja petrolífera del Orinoco, hoy Hugo Chávez, que comenzó en 2005 con la magna reserva y que terminó con la re-nacionalización del reservorio de crudo hoy día más grande del planeta. Empeñado en poner fin al entreguismo de gobiernos anteriores, en 2005, el presidente Hugo Chávez autorizó el proyecto de certificación magna reserva, que con la participación de PDVSA y reconocidas empresas internacionales, permitió que Venezuela se convierta en la nación suramericana con el reservorio de crudo más grande del planeta.

En este marco, Nicolás Maduro, expresó la importancia de la firma de estos contratos al considerar que los mismos permitirán contar con recursos que moverán la economía. Con la promulgación de los decretos, quedó establecido que el 60% de las ganancias y utilidades netas de las exploraciones y explotación del arco minero de la república, serán destinadas al fondo de las grandes misiones, para garantizar el desarrollo social e integral de la nación, las inversiones en vivienda, salud e infraestructura del país. Todo esto para no dejar a un lado lo social, algo que continúa siendo innegociable para el gobierno venezolano.

Este plan soberano es el más ambicioso que se haya hecho en Venezuela en 200 años, con inversiones cifradas en al menos 4 mil 500 millones de dólares distribuidos en lo que resta del 2016 y para 2017. La apuesta a este sector exportador permitirá la multiplicación de la entrada de divisas, corriendo el límite impuesto por la restricción externa y permitiendo a futuro la inversión en otros sectores productivos que aporten a la diversificación de la matriz.