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Sucede con cierta frecuencia en Río de Janeiro que jóvenes de barrios marginales del norte van en grandes grupos a los barrios ricos del sur, como Copacabana e Ipanema, para realizar robos en masa a los desprevenidos transeúnetes y bañistas. Esta práctica se conoce como el “arrastão”, vocablo que significa algo así como “barrido”. El principal combate a la misma consiste en detener preventivamente los fines de semana, en los autobuses, a todo joven que se moviliza de norte a sur, portador de cara de “sospechoso” y sin dinero en la billetera. Sólo en un día, en agosto, detuvieron así a 150 personas. El fenómeno de detenciones preventivas y saqueo en masa también ocurre en las altas esferas de la economía y la política brasileras.

I

Los escándalos de corrupción que se han destapado en los últimos años han tenido como principal blanco judicial y mediático a miembros destacados del PT, y a funcionarios de Petrobras. También hay implicados del mundo empresarial, particularmente altos ejecutivos de empresas constructoras señalados por sobornos a la petrolera y de otros partidos políticos (PMDB, PTB, PP, PSDB, SD). Hasta el momento, esta causa judicial cuenta con 356 órdenes de búsqueda y captura, 105 prisiones, 52 pedidos de cooperación internacional, 31 acciones criminales contra 146 acusados, 28 acuerdos de delación premiada y 5 procesos de improbidad administrativa que abarcan a 37 personas y empresas responsables de movilizar casi 4,5 mil millones de reales en coimas.

En las ramificaciones políticas de esta megacausa no es justamente el PT el partido más comprometido (con 7 políticos investigados, frente a 31 del PP y 7 del PMDB -incluidos los actuales presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado-), sin embargo, los gobiernos del PT son señalados por la opinión pública en general -y moldeados por los grandes medios- como los más corruptos de la historia brasilera. En parte, este encono se debe a que tanto el PP como el PMDB son parte de la coalición de gobierno, aunque actualmente no estén atravesando buenas relaciones políticas y, en parte, porque fueron justamente los gobiernos del PT quienes ejercieron una fuerte presión sobre la legislatura y el poder judicial para hacer más efectivo el combate a la corrupción. En los gobiernos petistas se otorgó mayor autonomía a la Policía Federal y al Ministerio Público (el Procurador General ya no es designado por la presidencia), se sancionaron leyes que punen también a las empresas corruptoras y otras que permiten el acceso a información pública; también se crearon y reestructuraron organismos públicos que combaten delitos financieros. Quizás esto explique por qué bajo los gobiernos de Fernando H. Cardozo, la Policía Federal realizó sólo 48 operaciones contra la corrupción, y en los gobiernos petistas la cifra ascendió a 2.200. También esto podría estar explicando por qué no se investigó y detuvo el comienzo de la corrupción en Pëtrobrás, iniciada en 1997 -según denunció Pedro Barusco Filho, uno de los delatores de la causa-.

II

Las detenciones preventivas de muchachos de los barrios pobres de Brasil, sospechosos por anticipado de los arrastões son similares a las que acontecen Lava Jato. Si en el primer caso es por el indicio de ser joven, negro y pobre, en el segundo es por haber sido señalado por un corrupto probado, y especialmente, ser miembro del PT. Al igual que con el primer grupo de sospechosos, las medidas preventivas son moneda corriente: hasta agosto de este año, fueron 48 las prisiones preventivas, y 46 las temporarias. De estas surgieron 28 acuerdos de delación premiada, en parte inducidos por la reversión del principio de inocencia que subyace a estas medidas de encarcelamiento. Las filtraciones selectivas a la prensa, y la magnificación de ciertas figuras por parte de ésta van en igual dirección, apuntando deliberadamente al desgaste y a la sospecha permanente del gobierno y, también, de la capacidad de Petrobrás -principal empresa pública- para gestionar los recursos financieros y naturales del pueblo brasilero.

En este proceso judicial, político y mediático hay indicios de que uno de los principales propósitos de algunos grupos es, justamente, generar un “arrastão” sobre Petrobrás. El senador Jose Serra (PSDB) ha propuesto liberar a Petrobrás de su función de único operador del pré-sal, lo que implicaría la pérdida de soberanía sobre el preciado recurso natural. Y para ello se necesita tumbar al PT del gobierno. Uno de los frentes abiertos para destituir a la presidenta podría venir del mismo Petrobrás: el jueves 1 se filtró a la prensa que la Policía Federal investiga si un porcentaje de las donaciones a la campaña por la reelección de Rousseff provendría de dinero desviado de Petrobrás a empresas contratistas. Habrá que esperar a que las investigaciones determinen si el jefe de campaña, la propia presidenta, y el tribunal que aprobó las cuentas en su momento estaban al tanto del origen de los fondos. Por el momento es otra filtración selectiva en el rumbo que indican los partidarios del fin de los gobiernos petistas y del expolio internacional del petróleo brasilero.