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@Clujan0

 

La producción petrolera de Colombia va en franca desmejora, al punto que las reservas se agotan a pasos de gigante. A la fecha sólo quedan 1.600 millones de barriles probados que, según estimaciones oficiales, sólo alcanzan para cinco años; mientras que a las de gas natural apenas se les da una década de vida. Es decir, Colombia se perfila nuevamente como un potencial importador de petróleo y combustibles en riesgo de perder su capacidad de autoabastecimiento, y todo a la vuelta de un quinquenio.

La situación ha encendido todas las alertas rojas. Desde el gobierno se adelantan propuestas, pero en lugar de buscar revertir el problema con mejores inversiones o el reenfoque y promoción de una economía menos dependiente de las materias primas, el remedio parece peor que la enfermedad: el fracking.

En la desesperación por aumentar la producción y las reservas de petróleo, Colombia se ha dejado seducir por la idea de explotar sus yacimientos no convencionales de hidrocarburos, que incluye la fractura hidráulica o fracking, un método de extracción que permite obtener crudo tras romper mantos rocosos a gran profundidad utilizando potentes taladros con agua a alta presión mezclada con aditivos químicos, cuya toxicidad ha agitado un amplio debate global al interior de la misma industria por los múltiples efectos negativos que la práctica tiene sobre el medio ambiente para la rentabilidad que proporciona.

La idea del fracking no es una novedad en Colombia. Los primeros contratos de exploración y producción se suscribieron en 2012. Sin embargo, para ese entonces ninguna empresa podía empezar a operar formalmente, porque no existían los lineamientos ambientales para hacerlo. Dos años más tarde, en marzo de 2014, el Ministerio de Minas y Energía expidió una reglamentación técnica para incentivar la industria, y seguidamente el Ministerio de Ambiente emitió los términos de referencia para hacer los estudios de fracking. Sólo resta una pieza: los lineamientos para “el desarrollo sostenible” de este tipo de explotación en los que en teoría, se establecerán medidas claras para cuidar el agua y asegurar que la explotación se hará lejos de comunidades que puedan presentar efectos secundarios de salud.

De momento la vía está parcialmente despejada, a la espera de eliminar los escollos ambientalistas, pero a medida que el fracking se hace espacio en Colombia, el futuro de la actividad hidrocarburífera en el país se ve más cada vez más nítido.

Hace menos de un mes, Bogotá fue el epicentro del tercer encuentro de la Asociación Colombiana de Petróleo, un poderoso gremio que agrupa a las petroleras que aportan el 10% del PIB anual neogranadino. Al evento asistieron más de cuatrocientas personas entre directivos e inversionistas de Estados Unidos y Canadá. Todos iban a lo mismo: tramitar permisos para la explotación y extracción de petróleo a través de la fractura hidráulica.

Desde Colombia se les recibió con beneplácito. Funcionarios públicos del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Ambiente, y la Cartera de Hacienda, así como de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Todas las instancias dispuestas a facilitar el negocio del fracking a las grandes multinacionales del sector, especialmente a cuatro que, desde hace tiempo,  desean petróleo colombiano: las canadieses Conocophillips y Parex Resources y las estadounidenses ExxonMobil y Drummond. El cuarteto de multinacionales ya tiene títulos para explotar vía fracking los pozos licitados, sólo esperan la reglamentación que otorgue luz verde definitiva por parte del gobierno de Juan Manuel Santos.

Canadá, con una larga lista de multinacionales petroleras, lidera el proceso desde dos grandes. En primer lugar está Drummond, la empresa que más ha adelantado tiene el proceso. De momento ha conseguido permisos que en teoría se califican como “buscar gas metano dentro de rocas”, y a todas luces de la praxis se reduce a lo mismo. Fracking. Como tal, la canadiense Drummond tiene cuatro proyectos para ello. Los tres primeros bloques concedidos  están ubicados en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio en conflicto por una superposición con tierras originarias de las tribus indígenas Wiwa, Wayuú y Yupka.

Luego está Parex Resources con sede en Calgary, Alberta, aunque en realidad está constituida en la isla de Barbados. Desde 2015, Parex Resources está asociada con la estatal colombiana Ecopetrol en una relación 40%-60% a favor -claro- de la canadiense. De momento, Parex tiene asegurados pozos no convencionales en Barrancabermeja, municipio ubicado al occidente del departamento de Santander y convencionales en Tame, localizado en el suroccidente del departamento de Arauca.

Por Estados Unidos también participan dos petroleras: ExxonMobil, una de las multinacionales más grandes del sector, cuya facturación anual se estima supera el PIB de países como Irlanda o Puerto Rico. En Colombia está asociada con Ecopetrol en la exploración de diferentes pozos. Dentro del país latinoamericano, ExxonMobil opera en más de 700 estaciones de servicio, 12 plantas de combustibles y hasta una planta de lubricantes en Cartagena y hasta el  2014 facturaba más de $6 billones.

Por su parte, Conocophillips – también estadounidense- a la fecha ya tiene adjudicadas 33.714 hectáreas para fracking. El primer proyecto tiene varios pozos, pero solo han desarrollado trabajos en uno, actividades que tuvieron que detener por la oposición de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC).

Todo tiene su origen en casa. Ecopetrol, la primera compañía de petróleos en Colombia, ha dado a sus socios estratégicos rienda suelta para hacer según su antojo en los campos y bloques subastados. Desde la directiva se argumenta la urgencia en mejorar las reservas petroleras del país. Juan Carlos Echeverry, presidente de la estatal, asegura que ni el país, ni la empresa, ni los sindicatos pueden darse el lujo de no explorar este tipo de recursos con los que estiman se podría pasar de producir 100.000 barriles/día a 300.000-400.000 barriles/día.

Desde la ONG Movimiento Ambientalista se advierte que Colombia sería el primer país del planeta que realizaría esta técnica de explotación petrolera en las cordilleras sin tener en cuenta que el 70% del agua proviene de los páramos. Lo anterior supone un riesgo ambiental pero, además, un problema para la economía de un país cada día más reprimarizada y menos soberana.