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El 8 de marzo de 2017, 40 niñas murieron al incendiarse el “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” que alberga a niños y niñas que no reciben el cuidado de sus padres o han sido abandonados y que residen allí para recibir el trato adecuado. La realidad dista mucho del deber ser del Hogar. Desde hace años, varias instituciones, entre las que se incluyen la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional de Adopciones, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses como así también periodistas, denuncian los malos tratos en el lugar y las pésimas condiciones en las que vivían los menores. Esto explica las numerosas fugas o intentos de fuga de los niños y niñas, que declararon ser golpeadas, mal alimentadas y abusados sexualmente. La casa tenía capacidad para 400 menores, pero la habitaban 800 personas [1].

Según la fiscalía y las fuerzas de seguridad, el incendio del 8 de marzo se originó cuando las menores protestaron por las malas condiciones y quemaron un colchón. Ante el lamentable hecho, los cuidadores de turno decidieron dejarlas encerradas, pues la noche anterior, unas 60 menores se habían amotinado y algunas habían logrado escapar (como en varias situaciones anteriores).

La crueldad del hecho causó inmediatas muestras de solidaridad desde la sociedad civil, los pronunciamientos, marchas y movilizaciones para pedir justicia fueron virales a nivel nacional e internacional.

Desde el gobierno se “respondió” deteniendo al secretario de Bienestar Social, la sub-secretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia y el director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción bajo la acusación de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra menores de edad [2].

Pero el pedido de justicia alcanza también al Poder Ejecutivo. Los diputados Sandra Morán Reyes y Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, presentaron una denuncia penal contra el presidente Jimmy Morales por la muerte de menores en el Hogar. Denunciaron al Presidente ante el Ministerio Público por los siguientes delitos: tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes [3]. Entre las exigencias planteadas, destacan: el retiro de inmunidad para el Presidente y el inicio de la investigación y persecución penal, individualizando a los responsables, tanto a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) como personal de turno y trabajadoras del Hogar Seguro [4].

Otro de los pedidos es que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), participe en las investigaciones. Esta Comisión que fue instaurada por las Naciones Unidas y con apoyo del gobierno estadounidense en el marco de la reforma judicial en Guatemala, logró desentrañar casos de corrupción que implican a funcionarios de alto rango y empresarios (el caso más conocido fue el de La Línea, que llevó a la detención del ex presidente y ex vice presidenta de Guatemala en el 2015) [5]. Pero Morales asegura que “Quien debe realizar las investigaciones en este caso es la Policía Nacional Civil (PNC) y entregar pruebas al Ministerio Público para que sea este quien dé seguimiento”. Lo interesante es que además, si la negación a la participación de la CICIG obedece a cuestiones de competencia respecto del caso, no se entiende cómo es que Morales haya pedido la ayuda del FBI para resolverlo [6].

La trágica situación ha conducido a abrir nuevamente el debate sobre el Estado en Guatemala, a quiénes beneficia y contra quiénes opera, demanda que había salido a la palestra durante la crisis política, institucional y económica de 2015 –que concluyó con la detención de la cúpula del Ejecutivo, Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina– pero que no logró cuajar en un movimiento sólido para presionar a favor de una refundación del Estado en Guatemala. Ni siquiera se logró posponer la fecha de elecciones presidenciales, que se llevaron a cabo en un clima enrarecido y de gran confusión, dejando el saldo de Jimmy Morales como presidente “outsider de la política” (pero insider de la derecha guatemalteca) [7].

En su primer informe de gobierno, a mediados de enero 2017, Jimmy Morales celebró los avances en seguridad y bienestar social [8]. Las críticas desde diversos movimientos sociales y sectores no se hizo esperar, destacando los problemas estructurales que el gobierno no está atendiendo, entre otros, que ocho de cada 10 hogares no pueden cubrir de manera total los gastos que implica una vida digna -salud, educación, vivienda, recreación y vestido-. A esto se suma que la informalidad ha superado el 80%, lo que significa que de cada 100 guatemaltecos solo 20 tienen un empleo formal [9].

El presidente insiste, sin embargo, en que “El presupuesto de 2017 es el primero en casi diez años, que incluye un incremento a la Secretaría de Bienestar Social (SBS)”. Es una afirmación falsa: el gobierno de Álvaro Colom había incrementado el presupuesto de la SBS, de 264 millones de quetzales en 2010, a  305 millones de Quetzales en 2011. De esa cifra fueron ejecutados 293 millones, es decir, 68 millones más que los 225 millones de quetzales asignados en el presupuesto del actual gobierno para 2017 [10]. Por otra parte, las cifras son un detalle ante una realidad avasallante, en la que el Estado, desde 1954, ha abandonado su rol social y económico para reemplazarlo por su rol represivo como “solución” a la espiral de violencia y miseria. Uno de los comunicados emitidos luego de la tragedia del 8 de marzo, de HIJOS Guatemala, lo sintetiza con gran certitud: “Vivimos hoy la continuidad de un Estado controlado por las élites económico-militares que turnan a sus delegados en el poder, para mantener bajo control a las clases populares, mediante la dosificación del terror, según le convenga. Es un terror legitimado a través de los aparatos de violencia del Estado, instituciones herederas del pensamiento autoritario contrainsurgente y un sistema legal caduco e inoperante, en manos incapaces y a veces criminales” [11].

Pero el pueblo de Guatemala ha dado probado ejemplo de su infatigable batalla por la justicia: desde la lucha para el esclarecimiento del incendio/masacre perpetrada por la Policía de Guatemala en la Embajada de España en 1980 [12] hasta el primer juicio por genocidio en América Latina, librado contra el General Efraím Ríos Montt, cuyos crímenes quedaron grabados en una sentencia de 700 páginas [13]. El pueblo de Guatemala nos recuerda que la memoria no se quema ni se mata.

Luego del crimen por negligencia de las niñas del Hogar, el desafío sigue siendo sin dudas, la refundación del Estado guatemalteco a favor de las mayorías postergadas.

 

[1] https://www.ceppas.org.gt/article/guatemala-vidas-quemadas-que-denudan-la-indiferenc/

[2] https://www.plazapublica.com.gt/content/rostros-de-la-negligencia

[3] http://www.nodal.am/2017/03/guatemala-diputados-presentan-denuncia-penal-presidente-morales-la-muerte-40-ninas-orfanato-estatal/

[4] https://cmiguate.org/presidente-de-guatemala-denunciado-por-tortura-y-otros-delitos/

[5] http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/mp-y-cicig-presentan-acusacion-por-caso-la-linea

[6] http://www.telesurtv.net/news/Guatemala-Critican-solicitud-a-FBI-para-investigar-incendio-20170314-0006.html

[7] http://www.celag.org/jimmy-morales-outsider-o-miembro-de-la-derecha-guatemalteca-por-silvina-romano/

[8] https://agn.com.gt/index.php/2017/01/14/presidente-morales-rinde-cuentas-de-su-primer-ano-de-gobierno-en-guatemala

[9] http://latinoamericalapatriagrande.blogspot.com.es/2017/01/analisis-del-primer-ano-de-gobierno-del.html

[10] https://www.plazapublica.com.gt/content/el-presupuesto-de-2017-es-el-primero-casi-diez-anos-atras-que-incluye-un-incremento-la

[11] https://cmiguate.org/ninez-arrasada-nunca-mas/

[12] http://elpais.com/diario/1981/01/25/internacional/349225201_850215.html

[13] https://www.plazapublica.com.gt/content/la-sentencia-por-genocidio-que-rios-montt-no-logro-refutar