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Hace un año, exactamente el 24 de noviembre de 2013, se llevaron adelante las elecciones presidenciales en Honduras. La pregunta que le sigue es  ¿Cómo se puede construir legitimidad para gobernar cuando la legalidad dentro de un marco democrático es cuestionada una vez más?

Honduras se caracterizó por poseer un sistema de partidos bipartidista donde la estabilidad de la gobernabilidad –desde el año 1982 hasta el año 2013 – fue por la alternancia entre dos  partidos tradicionales (el Partido Liberal y el Partido Nacional). Ambos supieron pactar una democracia con algunos elementos formales como la realización de elecciones periódicas, pero también, estructuraron la dominación hegemónica a partir de prácticas autoritarias, instrumentadas por medio de la violencia.

En las últimas elecciones presidenciales  se presentó un escenario que logró romper con este bipartidismo tradicional, a partir de la conformación (año 2010) y consolidación del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) encabezado por Manuel Zelaya, el ex presidente destituido por el golpe de Estado del año 2009, por Xiomara Castro (candidata presidencial) y con el apoyo fundacional de las organizaciones parte del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), frente que surge como parte de la resistencia al golpe de estado. Este Partido propuso ciertas transformaciones económicas y sociales a partir de una primera necesidad estructural: el de la refundación de la patria hondureña desde el quiebre político que implica la profundización de la participación popular y democrática con la conformación de una asamblea nacional constituyente.  El Partido Anticorrupción (PAC) fue otro actor que con otro programa (sobre todo abocado a la lucha contra la corrupción), asumió un espacio a destacar al momento de disputar electores, y de incidencia en la dispersión de votos que tuvo que afrontar, sobre todo el Partido Liberal.

El Tribunal Supremo Electoral[1] (TSE) presentó los siguientes resultados sobre las elecciones presidenciales: Juan Orlando Hernández, presidiendo la lista por el Partido Nacional con el 36,8% de los votos sacando una diferencia del 8, 01% con Xiomara Castro (Partido Libre) quien recibió el 28,7% y dejando en el tercer lugar a Mauricio Villeda (Partido Liberal) con el 20,28% de los votos. Un resultado que es relevante de destacar por lo novedoso de esta fuerza – que da cuenta de esta nueva configuración – es el alto porcentaje de votos obtenidos por el periodista Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción (PAC) con el 13,52 %. Cabe resaltar que el resto de los partidos no superaron el 1% de sufragios.

En este contexto de ruptura bipartidista,  el mecanismo clientelar que caracteriza este sistema político no se  hizo esperar, como tampoco lo hicieron los protagonistas del orden oligárquico que mantienen este “orden” y resisten por cualquier medio a cualquier atisbo de cambio, casi maquiavélicamente “el fin justifica sus medios”: golpes de estado, fraude electoral, persecución política de la oposición, asesinato de militantes de organizaciones sociales, políticas, periodistas…

A un año de las elecciones, la gestión de Hernández ha tenido algunas medidas que se caracterizan por delinear una política de ajuste económico, la injerencia internacional y el recrudecimiento del brazo coercitivo del Estado. Entre las que se destacan se encuentra el Programa Stand By que implica un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 460 millones de dólares. Bajo el lema de “Honduras está cambiando”, un nuevo endeudamiento cuenta con el “apoyo” directo de Estados Unidos. Un periódico nacional, en el artículo donde daba cuenta de este “nuevo pacto”, destacaba las expectativas de los grupos económicos locales y lo que el embajador de Estados Unidos – James Nealon – posteaba en su cuenta de Twitter: “Acuerdo con FMI: paso importante para poner en orden finanzas públicas, crear crecimiento económico sostenible y reducir pobreza en Honduras”. Las palabras que se enuncian desde los sectores empresariales son el compromiso que deben asumir, entonces, de “orden” y “disciplina”. Reafirmando el costo que estos acuerdos tienen para pensar una política soberana y, a sabiendas, de la tradicional injerencia geopolítica de Estados Unidos no sólo en Honduras, sino en la región.

Por otro lado, el año pasado la creación por decreto de fuerzas represivas dependientes de la administración pública, fueron la “salida” continuada que desde el gobierno anterior encontraron para “combatir el crimen organizado y la violencia”.  La creación del grupo Fuerza Especial TIGRES (Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad) junto a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), forman parte de la estructura que debe garantizar, por la fuerza,  la legitimidad de este gobierno. Legitimidad que, efectivamente, deben construir a partir del fuerte cuestionamiento de algunos grupos (en su mayoría los integrantes del Partido Libre y el PAC)  sobre los resultados electorales de las últimas elecciones y con una cantidad importante de organizaciones movilizadas tanto en el sector rural como en la ciudad, que son perseguidos sistemáticamente por disentir y luchar.

En este sentido, está siendo un desafío para las nuevas fuerzas como el PARTIDO LIBRE, que obtuvo 37 diputados en la elección pasada, fortalecer la representación de los intereses de los sectores populares en el parlamento, ya que es un juego democrático que tiene actores sociales (a nivel nacional e internacional) dispuestos a perpetuar las reglas de orden oligárquico, resistentes a la profundización de prácticas democráticas que garanticen – en principio – redistribución, equidad y justicia social.

[1] Tribunal Supremo Electoral estuvo conformado por actores sociales que fueron parte del golpe de Estado (2009) y que representan, aun hoy, los intereses del Partido Nacional, partido “ganador”.