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El homicidio de Berta Cáceres (coordinadora nacional del Consejo Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH) despertó las alertas regionales e internacionales en un pedido de justicia urgente. Ningún episodio de esta característica puede analizarse aisladamente. Detrás de Berta y su militancia política y social se estructura un entramado de poder y un modo de construir hegemonía por parte del Estado hondureño que desde el golpe de estado (golpe blando) del año 2009 a Manuel Zelaya continúa consolidando el statu quo. Hacia el año 2012, Berta afirmaba: “el Estado no existe, más bien fortalece a los poderes fácticos[1]”, haciendo mención a la situación de Honduras.

Referirse a los poderes fácticos es rastrear la historia de la elite política y económica que constituye la oligarquía en este país que, desde los años 80, ha sido representada políticamente en dos partidos, Partido Nacional y Partido Liberal. Con la irrupción en la escena política del Partido Libertad y Refundación (Libre) encabezado por el ex presidente derrocado Manuel Zelaya y Xiomara Castro pudo resquebrajarse el bipartidismo. Sin embargo, la asunción presidencial de Juan Orlando Hernández (2013), reordenó con más fuerza el escenario político de este país centroamericano en pos de desarmar el accionar de los movimientos sociales y populares y ajustando las reglas de juego con un Ejecutivo que “tutela y vela” por los intereses de las minorías oligárquicas, que dentro de un sistema democrático se perpetúan con prácticas que poco tienen que ver con la garantía de los derechos de la población.

Hay evidencias de que el golpe de Estado garantizó que Honduras vuelva a un estado anterior de libre mercado con un Estado fallido. En el año 2009, hundidos en una crisis post golpe, se aprueba la Ley General de Aguas que avala la concesión a terceros de los recursos hidroeléctricos. Rápidamente, se licitan 47 proyectos en todo el país y para el año 2010, se aprobaron 40 de las 47 a empresas privadas[2]. Esta es solo una dimensión de lo que implicó desarmar la estructura de poder después de un presidente como Zelaya que ingresó al Petrocaribe y que firmó con Venezuela un acuerdo donde este país (en el marco de la Revolución Bolivariana) pasaría a venderle hidrocarburos considerando condiciones especiales de pago o la adherencia al ALBA para el año 2008. Gestos y política para un país que tiene una historia y un presente más relacionado a la embajada de Estados Unidos que a cualquier gobierno revolucionario o progresista.

El entramado político, empresarial/multinacional y militar que se consolida para el sostenimiento de un modelo económico excluyente y de saqueo cuenta con actores claves que van negociando – para beneficiar a una minoría – la tenencia de todos los recursos de este país como la tierra o  de los ríos (para la generación de energía) y los dividendos de los diferentes proyectos como el Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” sobre el Río Gualzarque patrimonio del Pueblo Lenca, batalla librada por Berta y otros dirigentes contra la constructora china de represas Sinohydro.

El asesinato de Berta como de otros militantes sociales es parte de una práctica del terror que, a pesar de estar en una democracia formal, se implementa para consolidar poderes y negociados.  Mientras tanto, los movimientos sociales que están organizados continúan levantando su voz y organizándose pero sabiendo que corren peligro sus vidas por defender no sólo, su tierra sino por no aceptar lo que quieren imponerle: el vaciamiento de sus recursos, de sus vidas.

[1] Extraído de: http://otramerica.com/temas/honduras-un-pais-al-servicio-de-su-oligarquia/1682

[2] Se convoca al proceso de Licitación ENEE No. 100-1293/2009 para 47 proyectos de generación eléctrica en todo el país. Producto de la Licitación ENEE No. 100-1293/2009, en el mes de junio de 2010 se aprobaron a empresas privadas 40 de las 47 solicitudes de concesión para generación de energía hidroeléctrica; de las cuales, 6 se localizan en el Departamento de Santa Bárbara y 3 de estas en la Región de los Valles; los proyectos denominados: Chamelecón 280 y Rio Blanco Los Puentes, en el Municipio de Macuelizo; y el proyecto denominado Rio Tapalapa, en los Municipios de San Marcos y San Luís. (Informe Concesiones de ríos, represas hidroeléctricas y exclusión: el conflicto social a partir de las represas en los valles del norte de Santa Bárbara, del CESPAD y Fondo ACI-ERP, disponible en: http://www.pbi-honduras.org/fileadmin/user_files/projects/honduras/Honduras_Informes_otras_ONGs/140915_CESPAD__Concesiones_de_r%C3%ADos__represas_hidroel%C3%A9ctricas_y_exclusi%C3%B3n__el_conflicto_0Asocial_a_partir_de_las_represas_en_los_valles_del_norte_de_Santa_B%C3%A1rbara_2014_.pdf)