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Bachelet cumple su segundo período como presidenta de Chile. El primero fue entre 2006 y 2010, siendo reelecta en 2014. Próxima a finalizar su gobierno la mandataria ha enfrentado los últimos años una clara desaprobación de la población.

En su medición del mes de junio, la encuestadora MORI – CERC muestra que el 56 % de los consultados desaprueba la gestión de Bachelet[1]. Al igual que la última encuesta de CADEM[2] que señala que el 64 % de los consultados desaprueba la gestión de Bachelet mientras que solo el 25 % la aprueba.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la aceptación de la mandataria a lo largo de estos tres años poniendo de manifiesto el nivel creciente de desaprobación de los últimos años.

Fuente: MORI -CERC

Las promesas incumplidas

La Fundación Ciudadano Inteligente realizó un estudio referido al cumplimiento de promesas de Bachelet y situó este porcentaje en un 58 %. Cabe destacar que de acuerdo a esta organización en marzo de 2016, Bachelet solo había cumplido un cuarto del programa de gobierno.

El estudio se encuentra dividido por temas. En energía, medio ambiente y justicia se ha cumplido con el 100 % de las promesas de campaña. Aunque en lo que respecta a transparencia en Fuerzas Armadas, Ley de Responsabilidad Fiscal Regional y creación de plataforma digital para notarios y conservadores no se registran avances. En ciencia y tecnología tampoco existen avances sustantivos a excepción de la creación del ministerio. Al igual que en género, donde no se avanzó en la reforma a la ley de violencia intrafamiliar. En salud, ámbito donde más se ha cumplido, el porcentaje ronda el 70 %[3]. En trabajo y seguridad social, no ha habido resultados significativos en el tema más acuciante que son las Administradoras de Fondos de Pensiones[4]. Ello teniendo en cuenta que la mitad de los trabajadores y trabajadoras no pueden cotizar, ya que los gastos en salud y educación, ambos privatizados, no se lo permite: en promedio, 4 de cada 10 pesos que ingresan mensualmente a los hogares chilenos se destinan al pago de deudas, por lo que solo pueden vivir con el 60% de sus ingresos reales. En promedio, cada hogar debe al menos seis veces su ingreso mensual[5].

En lo que respecta a pueblos indígenas, Bachelet se había comprometido a un proceso de consulta para establecer reformas que generen espacios de autonomía y autodeterminación a nivel territorial; el envío de un proyecto de ley que confiere el rango de Ministro de Asuntos Indígenas al Director de la Conadi; o la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, autónomo y representativo de los diversos pueblos que existen en Chile[6]. Nada de eso se cumplió. Cabe destacar que esto ya formaba parte del programa que presentó Bachelet en 2005 donde prometía impulsar urgentemente el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y dar alto rango político a las políticas a través de la creación de una Subsecretaría de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Planificación[7], lo cual nunca se llevó a cabo.

La tan anunciada Reforma Educacional terminó por ser excluyente con los jóvenes estudiantes en tanto el sistema de gratuidad universitario no incluye a todos los estudiantes sino solo a los sectores vulnerables. En el 2016, los recursos del Estado alcanzaron para que 178.104 jóvenes, lo que equivale a que el 28 % de los estudiantes de educación superior pudieran ser beneficiarios de la educación gratuita. Es decir, la educación aún no es un derecho en Chile. Solo incluye a los jóvenes que se encuentren en los cinco deciles menos favorecidos de la población, donde el ingreso per cápita es de 221 dólares o menos.

En su última Cuenta Pública ante el Congreso, Bachelet afirmó que 275 mil estudiantes son beneficiarios de la gratuidad en la educación superior prometiendo que para 2018 se extenderá al 60 % de los estudiantes más vulnerables. Ello teniendo en cuenta que más del 47% de la educación es administrada por privados que usan fondos públicos para sus actividades e, incluso, hacen uso de las utilidades en beneficio personal. En el caso de la Educación Superior, el 70% del financiamiento proviene del gasto privado (generalmente familiar), aun en aquellas universidades consideradas públicas. El financiamiento privado de la educación básica no excede el 10%, y de la educación media el 37%. El resto depende de recursos del Estado[8].

Entre sus propuestas de campaña también figuraba una reforma tributaria en donde las grandes empresas tendrían un aumento impositivo del 7% (del 20% al 27%) en un plazo de cuatro años junto con la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), que les permitía a los empresarios pagar impuestos solamente por las utilidades que retiran y no por sus ingresos totales.

Chile es un país totalmente desigual con una pobre política tributaria. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2015 la presión fiscal de Chile era del 20,7%, siendo la segunda menor presión fiscal de toda la OCDE[9].

En 2014, Bachelet promulgó la Reforma Tributaria por la cual anunciaba recaudar US$ 8.300 millones destinados a las transformaciones prometidas en salud, educación y previsión social. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados: la Tesorería General de la República anunció que durante 2016 los ingresos tributarios de las empresas cayeron en -0,8%, pese a que en el mismo período se registró un aumento de impuestos del 22,5% a 24%. El resultado: la tasa de crecimiento de la recaudación de impuestos se desplomó.

Por último, en octubre de 2015 Bachelet anunció el “Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía”, con el objetivo de redactar una nueva Constitución y derogar la actual constitución vigente desde 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este proceso constituyente tendría tres fases: el Encuentro, la Deliberación y la Soberanía. La primera consistía en instancias de formación ciudadana en temas cívico-constitucionales. La segunda, se implementó mediante diálogos ciudadanos. Finalmente, la última era la síntesis nacional de los diálogos ciudadanos, recogiendo todas las iniciativas en un documento que sería presentado a la presidenta para con ello formular un proyecto de nueva Constitución[10].

Bachelet presentó un proyecto de reforma constitucional que faculta al Congreso Nacional para convocar a una Convención Constitucional para la elaboración de una Nueva Constitución, con el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio. Actualmente se encuentra en el primer trámite. Esto debido a que la Constitución vigente no contempla mecanismos para elaborar una nueva Carta Fundamental. Esto será una tarea pendiente para el próximo Congreso Nacional.

[1] Muestra: 1.200 casos con una afijación proporcional. Se realizó entre el 6 al 15 de junio de 2017.

[2] Realizada mediante encuestas telefónicas. Muestra: 720 casos. 497 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 223 entrevistas cara a cara en puntos de afluencia. Margen de error de +/- 3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza. Fecha de realización: miércoles 05, jueves 06 y viernes 07 de Julio de 2017.

[3] http://radio.uchile.cl/2017/05/31/michelle-bachelet-del-dicho-al-hecho-en-su-ultima-cuenta-publica/

[4] Para un mayor desarrollo de este tema, ver: http://www.celag.org/chile-del-sistema-previsional-fallido-al-negocio-de-las-afp/

[5] http://www.celag.org/chile-el-pais-donde-jubilarse-no-es-sinonimo-de-jubilo/

[6] https://www.eldemocrata.cl/noticias/bachelet-y-sus-promesas-incumplidas-pesca-justicia-y-descentralizacion-con-menos-de-20-de-avance/

[7] http://www.theclinic.cl/2013/10/15/las-promesas-que-michelle-bachelet-no-cumplio-en-su-gobierno-y-que-ahora-vuelve-a-prometer/

[8] http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/12/07/gratuidad-en-la-educacion-una-politica-publica-sin-brujula/

[9] http://www.celag.org/la-equidad-el-reto-pendiente-de-la-economia-chilena/

[10] http://www.telesurtv.net/news/Chile-ha-avanzado-en-la-reforma-a-la-Constitucion-de-Pinochet-20161004-0014.html