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@Clujano

El actual sistema previsional de El Salvador, gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), no garantiza una pensión digna a los jubilados. Implementado en 1998, se vendió como un sistema sostenible y rentable por ser de capitalización individual. En teoría, cada trabajador era dueño de sus ahorros y de su futura pensión; pero, en la práctica, los números demuestran lo contrario.

Deficiencias del Sistema Ahorro de Pensiones (SAP)

  • Bajo las AFP, cada trabajador salvadoreño aporta el 6,25% de su salario para su fondo de pensiones y la empresa aporta otro 6,75%. De ese 13% total que se paga a las gestoras privadas, éstas se quedan con un 2,2% de comisión simplemente por administrar el dinero. El ahorro final del trabajador termina siendo de apenas 10,8% de su salario mensual.
  • La apropiación de los ahorros de trabajo por parte de las AFP no lo es todo. El problema se agudiza a partir del hecho que actualmente aquellos cotizantes cuyos abonos al sistema no logran alcanzar los 25 años de cotización requeridos por la ley, reciben una devolución parcial de sus ahorros, mas no tienen derecho a una pensión. Esta situación deja en una posición de vulnerabilidad al menos al 70% de los 811.500 trabajadores formales en El Salvador.
  • Entre los nueve sistemas de capitalización individual que operan en América Latina, El Salvador tiene el de cobertura más baja. Si para 1999 el 64% de los afiliados al SAP cotizaba, es decir, depositaba en su cuenta dinero para su futura pensión, ese porcentaje se redujo en 40 puntos hasta el 24% registrado en 2016.
  • Actualmente sólo 1 de cada 4 trabajadores ahorra para su pensión. Es decir, sólo 1 de cada 4 cotizantes alcanzará a pensionarse cuando llegue a la edad legal para hacerlo, 55 años para las mujeres y 60 para los hombres.
  • Alto grado de informalidad, el reto pendiente. La relación de personas cotizantes sobre la población económicamente es una cifra ínfima que guarda una relación intrínseca con los altos niveles de informalidad en el mercado laboral del país centroamericano. Citando datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un estudio elaborado por el Programa Estado de la Región (PEN), indica que hasta 2016, el 66% de la población ocupada se desempeña en empleos informales.

A partir de esta problemática, el gobierno de Sánchez Cerén presentó algunas medidas para atajarlo. Se trata de una reforma integral al sistema previsional que permitiría un mejor manejo de los ahorros de jubilación de los trabajadores. En este sentido, el gobierno salvadoreño promete atender los problemas actuales, corregir las fallas heredades desde hace dos décadas y garantizar el acceso de una pensión mínima y “para toda la vida” a los cotizantes del SAP.

Fortalezas

El proyecto de ley propuesto por el ejecutivo para reformar el SAP salvadoreño no pretende la apropiación de los fondos de pensiones por parte del Estado, sino establecer un sistema mixto compuesto en el que los ahorros para pensión se dividan en dos fondos:

  • Carácter individual
  • Carácter colectivo o solidario

Ambos serían gestionados por las AFP, que si bien tendrán derecho a sus utilidades y al cobro de una comisión por sus servicios, éstas serán ajustadas. En lugar del 2,2% actual, las gestoras privadas tendrán una rebaja en la prima hasta el 1,5%. Además, la novedad de la propuesta ejecutiva radica en la obligatoriedad de nutrir al fondo colectivo con el 50% del saldo actual de las cuentas individuales de los afiliados a las AFP y un 59% de sus ahorros futuros, dinero con el cual se pagarían las pensiones mínimas, las del sector público y otras obligaciones que recaen en manos del Estado.

Debilidades

Si bien el objetivo de la propuesta gubernamental busca proveer sostenibilidad al sistema previsional en el largo plazo, el proyecto inicial exhibe algunas debilidades que deben ser atendidas para ser justo en lo social y efectivo en lo económico. Aquí algunos de los retos más urgentes:

  • Ampliar la cobertura del sistema para ajustar las pensiones y mejorar la equidad de género.
  • Abordar la participación social en la gestión.
  • Diversificar la cartera de inversiones que reduzcan la concentración de los Certificados de Inversión Previsional (CIP)[1].

En definitiva hay algo claro: el plan de pensiones que aseguraba una supuesta  sostenibilidad por parte de las gestoras privadas en 1998, está a punto de convertirse en un gran desastre económico a escala nacional. De continuar, es más que probable que los futuros jubilados no tengan esa pensión digna por la que trabajaron tantos años. Retardar una nueva -y necesaria- reforma sólo sería comprar un poco de tiempo para una bomba que tarde o temprano explotará.

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[1] Títulos estatales con los que desde 1998 el Estado ha tenido financiamiento barato a costa de pagar pensiones bajísimas a futuro.