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Por Sergio Martín-Carrillo y Lucía Converti (Investigadores de la Unidad de Debates Económicos de CELAG).

En Abril de este año se celebró el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde se planteó una actualización de los nuevos lineamientos que regían la economía cubana y que habían sido enunciados en el VI Congreso celebrado en el año 2011. Decimos actualización, puesto que algunos de los diputados presentes en el Congreso reconocieron en su momento que se mantenían más del 85% de los mismos. Los lineamientos emanados del debate del Congreso suman un total de 274 y son los que guiarán la economía cubana para el periodo 2016-2021 y que además están ligados al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

Este documento se erige como el rector del sistema económico cubano y se basa en el principio de distribución socialista. En el mismo se prima la planificación por parte del Estado y se reconoce la existencia objetiva de las relaciones de mercado. Este reconocimiento de las relaciones de mercado supone la consolidación de ciertos cambios paradigmáticos que surgían en el año 2011. Si bien, es necesario resaltar, que las relaciones de mercado quedan siempre supeditadas al bien común y en ningún caso podrán ser contrarias a las conquistas sociales del modelo cubano.

En cuanto a las unidades económicas, el sistema económico cubano reconoce a la empresa estatal socialista, a las modalidades de inversión extranjera, a las cooperativas, a los pequeños agricultores, a los arrendatarios y a los trabajadores por cuenta propia, produciéndose una ampliación de la variedad de las mismas en estos últimos años. El fortalecimiento de estos nuevos actores a partir del año 2011 que participan junto a las tradicionales empresas estatales, ha llevado a que estas últimas se hayan encontrado en una posición desventajosa al trabajar en circuitos monetarios diferenciados.

 En este sentido, hay que tener en cuenta la existencia de dos monedas de circulación masiva: 1) el CUC relacionado con la actividad turísticas y 2) el peso cubano utilizado para el comercio “interno” y cuya relación entre los mismos es de 25×1. Esto ha generado una gran desventaja para las empresas estatales que trabajan con una relación 1×1 entre monedas. La modificación aprobada por el Congreso tiene como objetivo la unidad monetaria, ya que se considera un paso fundamental para lograr el fin último de los nuevos lineamientos de “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”.

En cuanto a los lineamientos relacionados con la política social y agroalimentaria, el punto se marca en seguir perfeccionando el fuertemente avanzado sector de salud de la isla, así como también en el sistema educativo. Estos ámbitos son un referente para el resto de países de la región y el mundo, sin embargo, se puntualizó que el perfeccionamiento de los mismos debe ir en la dirección de la mejora salarial de los y las trabajadoras.

Otra de las grandes novedades de estos nuevos lineamientos ha sido la aprobación de una política para la inversión extranjera para la atracción de nuevos capitales a la isla. El proyecto insignia de la misma es la constitución de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Este proyecto está dirigido a fomentar el desarrollo económico sostenible de la nación, la innovación tecnológica y la concentración industrial, garantizando al mismo tiempo la protección del medio ambiente.² La Zona se localiza en el centro de la región del Caribe y las Américas, entre el cruce de los ejes norte-sur/este-oeste, lo que lo convierte en un puerto fundamental para tráfico comercial marítimo de mercancías. Es el centro de una circunferencia de 1000 millas de radio, donde se localizan los principales puertos de la región[1]. Este proyecto ya cuenta con 11 empresas de diversas nacionalidades aprobadas para operar en la zona.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Ley de Inversión Extranjera aprobada en el año 2014, no supone la apertura despiadada a los capitales internacionales, sino la apertura controlada a la misma y siempre subordinada a la preservación de la soberanía nacional, la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. En función de la comparación de los datos de 2011 con los de 2015, tenemos que si para el primero de los años las inversiones en la esfera productiva y en infraestructuras eran del 45%, para el segundo alcanzaron el 70%. Datos que dejan de manifiesto que la transformación productiva y el desarrollo de las infraestructuras son dos de los pilares que sostienen al Plan de Desarrollo Nacional hasta 2030.

Otro de los sectores clave y que es priorizado es el del turismo. Actualmente, este sector supone la segunda fuente de ingresos para la economía cubana y el 7% del Producto Interior Bruto según los datos del Ministerio de Turismo. Las autoridades se han marcado el objetivo de convertirlo en la locomotora de la economía. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social proyecta construir más de 100.000 nuevas habitaciones destinadas al turismo. El pasado año se sobrepasó por primera vez la cifra de tres millones y medio de visitantes y la actividad experimentó un crecimiento del 17,4%, lo cual la convierte en la actividad más dinámica del país[2]. A su vez, a partir del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y EE. UU, Cuba volvió a ser una de las posibilidades turísticas para muchas personas, si bien, hay que tener en cuenta, que hoy por hoy siguen limitados los viajes turísticos de los estadounidenses en Cuba. El sector viene consolidando la calidad del producto turístico cubano  y se confía que el efecto multiplicador del mismo, se derrame hacia otras áreas de la economía creando nuevos encadenamientos productivos.

A pesar de la expansión de algunos sectores, la incorporación de nuevas políticas económicas durante los últimos 5 años también presentó algunas sombras y que se ha puesto de manifiesto que es necesario corregir. Por ejemplo, la mayor apertura a los emprendimientos privados ha llevado a la aparición del fenómeno de la especulación y el acaparamiento, llevando aparejado la subida de ciertos productos agropecuarios. Esto ha llevado a que las autoridades reformularan para el periodo 2016-2021 este lineamiento, retomando el Estado su papel planificador, de forma que la iniciativa privada sea complemento, y no sustituto, de la labor del Estado. Teniendo esto ya algunos resultados positivos en las provincias que han adoptado medidas como el acopio en interés de asegurar el abastecimiento de los mercados estatales, e incidiendo sobre la disminución de los precios[3].

El balance macroeconómico de los últimos 5 años desde la introducción de los nuevos lineamientos, nos lleva a un crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto del 2,8%[4]. Una cifra nada despreciable teniendo en cuenta las condiciones de la economía mundial en dicho periodo y la continuación del bloqueo de los Estados Unidos. A nivel salarial, el salario medio experimentó una subida del 43% entre el año 2010 y el año 2015, sin embargo, las autoridades se han mostrado autocríticas al reconocer que la subida salarial no ha llegado por igual a todos los sectores. En cuanto al trabajo en el sector estatal, a pesar de haberse reducido también en los últimos años, en el año 2015 seguía suponiendo el 70,8% sobre el total. Dejando claro que el papel del Estado en el Sistema Económico cubano sigue siendo totalmente fundamental.

En conclusión, estas nuevas políticas suponen la base para la consolidación de un modelo de desarrollo socialista que, si bien apuesta por abrirse de forma planificada al capital internacional, no negociará, ni pondrá en jaque, sus conquistas sociales ni su soberanía.

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[1] http://www.zedmariel.com/pages/esp/Informacion_General.php

[2] http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/02/02/el-turismo-cubano-el-sector-mas-dinamico-de-la-economia-nacional/#.V8GtOvnhDIU

[3] Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba a cargo del Primer Secretario del Comité Central http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/04/17/informe-central-al-vii-congreso-del-partido-comunista-cuba/#.V8HNBBLgrfI

[4] Fuente CEPAL