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Es evidente que el principal foco de tensión, discusión y disputa ante las presidenciales brasileñas haya sido la posibilidad de la postulación del principal candidato en todas las encuestas, el ex presidente Lula da Silva. El golpe contra Dilma y la posterior encarcelación de Lula, tras mostrar éste su voluntad de volver a concurrir a las elecciones, han embarrado la cancha de la disputa electoral. Ello llevó a la derecha la confrontación desde las urnas a los tribunales donde -a tenor de los acontecimientos en los últimos años, tanto en Brasil como en otros países de la región- se siente mucho más segura.

Este breve texto no pretende quitar importancia al derecho de Lula de ser electo y al derecho de la ciudadanía a elegir libremente a su candidato favorito; éste ha sido un tema ya largamente tratado, y que en CELAG lo podemos encontrar en los textos recientes de Amílcar Salas y Camila Vollenweider[1], donde analizan el juego de alianzas y las fortalezas de cada uno de los candidatos, partidos y coaliciones que concurren a las elecciones. El objetivo de este texto es poner en discusión el trasfondo de la disputa en torno al Estado y el rol que éste debe jugar para con la sociedad y la economía.

Brasil no se juega sólo un Gobierno ante las próximas elecciones presidenciales, se juega el Estado. Un Estado parcialmente quebrado en su institucionalidad a partir de la judicialización de la política, el lawfare, y un Estado en discusión, donde la derecha neoliberal -tras su intento fracasado en la década de los ‘90- ha vuelto a tensionar el rol que debe jugar en la economía y en la vida en sociedad de las y los brasileños.

El Gobierno de Michel Temer ha hipotecado parcialmente el futuro con el proceso abierto de privatizaciones, obteniendo unos ingresos cuantiosos en el corto plazo que, sin embargo, merman la capacidad de generación de ingresos públicos futuros. Además, ha legislado por los gobiernos sucesivos, estableciendo un techo de gasto e inversión pública para los próximos 20 años que perjudica fuertemente a las grandes mayorías, pero que abre la cancha al gran capital privado ávido se obtener nuevas oportunidades de negocio. Esta limitación del ejercicio de los futuros gobiernos fue aprobada a partir de la Enmienda Constitucional 241.

El Estado en disputa en Brasil

Como ya se ha apuntado brevemente, el objetivo de un Estado famélico -si no desaparecido- al servicio del gran capital no es un objetivo nuevo de la derecha neoliberal en Brasil. En los ‘90, el plan privatizador ya había sido implementado. Durante el Gobierno de Fernando Cardoso, el eje del plan económico se puso sobre el control de la subida de los precios. En un primer momento, se consiguió mantener la inflación y el tipo de cambio, sin embargo, desde final de su primer periodo y durante el segundo, el deterioro fiscal y las políticas de ajustes deterioraron enormemente la situación económica del país, con especial incidencia en el aumento del desempleo y del endeudamiento externo.

El fracaso del modelo quedó evidenciado en su insostenibilidad fiscal y en el aumento de la pobreza y la desigualdad. El neoliberalismo no concluyó su plan en Brasil y con ello quedó su frustración y un proyecto latente: sobrevivieron Petrobras (que en un momento pasó a llamarse Petrobrax, con el objetivo de “desbrasilizarla”), Electrobras, Banco do Brasil, Caixa Económica Federal o el BNDES entre otros grandes actores económicos públicos[2].

Tras el golpe contra Dilma, la vieja aspiración de la derecha volvió a ser punta de lanza del accionar del nuevo Gobierno de Temer. Esta vez ya no con un Estado y una economía golpeados por décadas de saqueo: ahora regresa tras haber experimentado un periodo de amplio crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y unos claros avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad[3]. La relación entre el Gobierno de Temer y el de Cardoso queda de manifiesto en los nombres de algunas de las personas más influyentes en sus respectivos gabinetes. Entre ellos, destaca el que ocupara el puesto de jefe de gabinete de Cardoso entre enero de 1999 y diciembre de 2003, Pedro Parente, y que hasta hace pocos meses era el presidente de Petrobras, que reactivó el plan privatizador pospuesto desde los ‘90. A Pedro Parente sólo lo desalojó el paro de transporte y de Petrobras[4], convocados en mayo de este año.

El desalojo prematuro de Parente de la dirección de Petrobras no impidió poner en marcha el mayor plan de ajuste de la historia de Brasil, que tenía (y tiene) en el gigante Petrobras y en las grandes reservas del pre-sal, la gran joya de la corona. La hoja de ruta del Gobierno de Temer en el marco privatizador ha contado con diferentes fases. La primera, que arrancó en el año 2016, consistió en desprenderse, por parte del Estado brasileño, de 34 proyectos que en su mayoría eran activos estratégicos[5]. Esto se conoció con el nombre de “Proyecto crecer” (se podría entender que, acertadamente, Temer dio este nombre para referirse al proceso experimentado por el patrimonio del gran capital nacional e internacional a partir del mismo). En el sector energético la privatización no sólo afectó a Petrobras. Durante la primera etapa de la ofensiva privatizadora al menos 174 pequeñas empresas de generación, transporte y distribución eléctrica vinculadas a la estatal Electrobras pasaron a manos privadas. El sector transporte y las comunicaciones, así como algunas instituciones financieras, siguieron el mismo camino.

En la segunda fase, el plan incluyó la privatización de 57 instituciones (14 aeropuertos, 15 terminales portuarias, 11 lotes de líneas de transmisión eléctrica, el resto de Electrobras, Embraer y otras muchas empresas estatales). El objetivo de Temer era el de contar con unos ingresos de 12.700 millones de dólares que serían invertidos en el desarrollo del país. Sin embargo, la economía apenas levanta cabeza y en cada revisión del Gobierno o de organismos internacionales empeoran las perspectivas económicas para el año en curso.

En este sentido, frente a las proyecciones que rondaban el 3% de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2018 que hacía el Ejecutivo a finales del año pasado, la realidad es que con cada revisión el objetivo va menguando. La última revisión gubernamental ya sitúa la proyección de crecimiento en el 1,6% en función de los datos del Ministerio de Planificación publicados a finales de julio de 2018. En esta línea se ha manifestado también la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) que en su último “Estudio económico de América Latina y el Caribe 2018”[6] también sitúa el crecimiento del PIB en el 1,6%.

Por su parte, el déficit primario brasileño también sigue siendo uno de los más altos de la región suramericana, habiendo cerrado el año 2017 en el 1,7%. Igualmente, la deuda pública brasileña se situaba a final del 2017 en el 74% del PIB, mientras que la media de los países de la región apenas se encuentra en la mitad de ese valor. Con esto queda en evidencia el austericidio que provocan los planes de (des)ajuste y (des)estabilización aplicados en Brasil en estos últimos años y que ya fracasaron en la región en los ‘90.

Descendiendo de las grandes macrocifras económicas podemos evidenciar el drama humano tras estas políticas. Según los datos de LCA Consultores, el número de personas en pobreza extrema aumentó en Brasil durante el año 2017 un 11,2%, rompiendo la inercia que el Estado brasileño había alcanzado en el periodo 2002-2014, cuando la pobreza extrema se redujo en un 75%, según los datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Gran parte del éxito para este objetivo se debió al programa Bolsa Familia, que permitió, según los datos del Banco Mundial, que 36 millones de personas salieran de la pobreza extrema entre 2003 y 2013. Sin embargo, y a pesar del éxito de este programa, Temer no dudó en reducir Bolsa Familia, excluyendo del mismo a más de 10 millones de personas a poco de tomar el poder.

No hay alternativa en el neoliberalismo

Brasil experimenta un nuevo fracaso del neoliberalismo en convencer a las grandes mayorías. Sin embargo, buena parte de su plan ya se ha implementado y la construcción del Estado demanda mucho más tiempo que su desmantelamiento. En este sentido, el plan de los grandes capitales ha triunfado parcialmente, pero no contará con más tiempo para profundizarse. Las oligarquías nacionales e internacionales vieron en Lula el mayor peligro a su plan privatizador. Sin embargo, el freno no es Lula, son las grandes mayorías. Vemos cómo, en las encuestas publicadas en los últimos meses, Lula encabeza las intenciones de voto, a pesar de su encierro.

Si finalmente el objetivo de la derecha brasileña se cumple y Lula no está en la papeleta, tal y como parece indicar el último pronunciamiento del Tribunal Superior Electoral, el panorama para el neoliberalismo brasileño no es más alentador. Temer no saltó al ruedo debido a su baja popularidad, Geraldo Alckmin no remonta en las encuestas, y el ex ministro de Hacienda de Temer, Henrique Meirelles, no deja de ser una fuerza residual, según las encuestas. En este sentido, está claro que la alternativa no es el neoliberalismo que retornó a Brasil de la mano de un golpe contra la presidencia de Dilma Rousseff. Brasil le da la espalda a la falta de alternativa propuesta por la derecha neoliberal.

El desencanto de la población con la clase política tradicional y los estragos de sus políticas ha provocado el surgimiento de opciones al margen del neoliberalismo y propuestas autoritarias que proponen un Estado orientado por la mano dura y que añora los tiempos de falta de libertades en Brasil. Aquí, a este discurso antisistema y autoritario lo encarna un ex militar devenido político: Jair Bolsonaro, quien promueve un Estado mucho más opresor.

Sin embargo, a pesar de la aparente lejanía de Bolsonaro de las propuestas neoliberales, -se lo ha venido comparando en materia económica con Trump y vinculándolo a un supuesto nacionalismo económico- la realidad es que el ex militar ha ido recabando cada vez más apoyos entre las oligarquías económicas. En esta labor ha tenido mucho que ver el fichaje de Paulo Guedes, banquero e inversor, que ahora marca la ruta económica de Bolsonaro. Entre sus propuestas, esta vez dirigidas desde un Estado autoritario, están las de recortar ministerios, el pago de la deuda vía privatizaciones, la reducción de las cargas de las pensiones sobre el presupuesto público y el recorte de impuestos.

Esta hoja de ruta aleja a Bolsonaro de su rol anti-establishment en materia económica (aunque mantiene ese rol en cuanto al retroceso en derechos civiles y la aplicación de la mano dura desde el Estado). De hecho, desde la dirección empresarial se comienzan a lanzar mensajes de simpatía hacia Bolsonaro. En este sentido destacan las palabras de Robson Braga de Andrade, presidente del CNI (Confederaçao Nacional de Indústria) quien, en una entrevista para Bloomberg, destacó que los empresarios no tendrían nada en contra de un Gobierno liderado por Bolsonaro.

Sin embargo, no toda la derecha brasileña se ha manifestado de este modo. El propio Cardoso reconoció la preferencia por un gobierno del PT frente a la extrema derecha de Bolsonaro, seguramente primando una visión de Estado sobre el individualismo que rige al líder del CNI. Sin embargo, la actuación de la derecha que apoyó el golpe contra Dilma y la persecución contra Lula ya ha contribuido al auge de Bolsonaro. Son tiempos de disputa, de cuestionamientos de los resultados del proceso de globalización neoliberal. La derecha ha quedado en fuera de juego, pero su lugar lo ha ocupado el candidato ex militar quien, aunque ya vimos que contenta a los grandes capitales brasileños, no ha dudado en vestirse con una imagen alejada del establishment para salir indemne del fracaso del neoliberalismo. Brasil no sólo se juega un Gobierno ante las próximas presidenciales; se juega el modelo de desarrollo y de sociedad que regirá el país durante las próximas décadas.

 

 

[1]    Salas, A. (24 de agosto 2018). “La situación judicial de Lula y el cronograma electoral”. https://www.celag.org/situacion-judicial-lula-y-cronograma-electoral/ , Salas, A. y Vollenweider, C. (6 de agosto 2018). “Candidaturas y alianzas partidarias: Brasil rumbo a una elección histórica” https://www.celag.org/candidaturas-alianzas-brasil-rumbo-eleccion-historica/  y Vollenweider, C. y Salas, A. (1 de septiembre 2018). “Brasil entre el orden de Bolsonaro y el progreso democrático” http://www.celag.org/brasil-orden-bolsonaro-progreso-democratico/

[2]    Sader, E. (3 de junio 2018). “Petrobras sobrevive al golpe en Brasil”. https://blogs.publico.es/emir-sader/2018/06/03/petrobras-sobrevive-al-golpe-en-brasil/

[3]    Martín-Carrillo, S. (23 de abril 2017). “La temeraria economía de Brasil”. http://www.celag.org/la-temeraria-economia-de-brasil/

[4]    Converti, L. (8 de junio de 2018). “Paro camionero, Petrobras y la recesión económica en Brasil”. http://www.celag.org/paro-camionero-petrobras-recesion-economica-brasil/

[5]    Lujano, C. (9 de febrero 2017). Recortes y privatización, cotidianidad en el Brasil de Temer. http://www.celag.org/recortes-y-privatizacion-cotidianidad-en-el-brasil-de-temer/

[6]    CEPAL (2018). “Estudio económico de América Latina y el Caribe”. https://www.cepal.org/es/publicaciones/43964-estudio-economico-america-latina-caribe-2018-evolucion-la-inversion-america

Máster en desarrollo económico y sostenibilidad y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Miembro del Consejo Ejecutivo y Coordinador de la Unidad de Debates Económicos de CELAG.
@Sergio_MartinC

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