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 Por Gisela Brito

 

El 2014 llegó con un horizonte incierto para el futuro político de la región; estaba en juego la continuidad del cambio de época en países clave del eje progresista en América Latina. Tras celebrarse en la primera parte del año elecciones presidenciales en El Salvador, Costa Rica, Panamá y Colombia, quedaban por delante los comicios en Bolivia, Brasil y Uruguay. El resultado en estos últimos fue la revalidación de los procesos políticos en marcha y la apuesta por la continuidad del cambio posneoliberal. En Bolivia, la victoria de Evo Morales fue contundente en primera vuelta. En Brasil y Uruguay, en cambio, se celebraron balotajes para definir la elección. Con todo, los países del eje posneoliberal cerraron el 2014  fortalecidos por el espaldarazo de legitimidad que les dieron sus pueblos en las urnas.

Queda claro que, al menos por ahora, los intentos restauradores de la derecha regional han fracasado en su objetivo de instalar en el poder gobiernos serviles a los intereses de la hegemonía neoliberal. Exceptuando los golpes de estado en Paraguay y Honduras, el amplio catálogo de estrategias implementadas a lo largo de los últimos años –intentonas destituyentes o golpes “suaves”, guerra económica, uso y abuso del poder mediático concentrado, construcción de nuevos liderazgos basados en el marketing político y en el uso de un lenguaje en apariencia desideologizado, entre otras muchas- no han conseguido hacer peligrar, al menos en el plano electoral, la continuidad del cambio en América Latina. Pero también es evidente que este bloque no cejará en la reinvención o búsqueda de nuevas herramientas que le permitan allanar el camino para lograr su objetivo de desbancar del poder a los gobiernos populares democráticamente elegidos, sean éstas legales o no, legítimas o no, éticas o no. Una expresión de ello se observó en las últimas contiendas electorales de Brasil y Uruguay, donde un nuevo actor/invitado se sumó a la fiesta destituyente para aportar su grano de arena en la estrategia de la derecha regional: las encuestas de intención de voto.

En ambos países hubo sondeos previos que arrojaron resultados escandalosamente alejados de lo que sucedió el día de la elección, lo que hace sospechar que fueron utilizadas como instrumento político para intentar incidir en el resultado electoral, o en caso contrario habría que pensar que estuvieron muy mal diseñadas y aplicadas porque no lograron predecir nada. Por ejemplo, en Brasil, el grupo Ibope según una encuesta elaborada a pedido del multimedios O Globo (acérrimo opositor al PT) afirmaba a fines de agosto que Dilma Roussef obtendría en primera vuelta 34% de los votos frente a 29% de Silva, y que en el escenario de un balotaje entre ambas candidatas, la ecologista se impondría por un 45% frente a la presidenta, que alcanzaría el 36% de los votos. A mediados de septiembre el escenario ya era de “empate técnico”. Finalmente, en primera vuelta Marina Silva obtuvo 21,32% de los votos (apenas un 2% más de lo que había alcanzado como candidata presidencial en 2010), por lo que la segunda vuelta se disputó entre Rousseff (51,64%) y Aécio Neves (48,36%) -quien había obtenido en primera vuelta un impactante 33,55% de los votos, a pesar de que las encuestas le otorgaban una intención de voto en torno al 20%)-.

En Uruguay, Luis Lacalle Pou (PN), el candidato “por la positiva” construido según los nuevos patrones del marketing político de derecha (imagen jovial y discurso de no confrontación vacío de contenido, diseño gráfico de colores alegres y “buena onda”), se perfilaba hasta poco antes de la primera vuelta como un contendiente difícil para Tabaré Vázquez, que iba por un tercer mandato del Frente Amplio. Ante un posible escenario de balotaje, los medios de comunicación dominantes, amparándose en los datos de algunas empresas consultoras buscaron sin descanso posicionar que sobrevendría un empate técnico entre ambos candidatos y que, de ganar, el Frente Amplio no conseguiría mantener la mayoría parlamentaria. Nada de esto sucedió, sino que por el contrario la amplia ventaja que obtuvo el FA en primera vuelta sobre el PN (47,81% a 30,88%) fue definitoria para la segunda vuelta y para conservar la mayoría en ambas cámaras.

No se trata de un hecho novedoso. Como ya había sucedido con la reelección de Hugo Chávez en octubre de 2012, los sondeos de intención de voto ocuparon esta vez un lugar central durante las campañas electorales de ambos países sudamericanos. En aquella ocasión, las principales encuestadoras otorgaban a Henrique Capriles la victoria o manejaban escenarios de empate técnico, pero finalmente el resultado fue una victoria del chavismo por más de diez puntos sobre el candidato opositor. En definitiva, en todos los casos, la realidad de los resultados arroja serias dudas sobre la fiabilidad con que cuentan las consultoras a la hora de anticipar el resultado de una elección.

El saldo obligado de este recorrido ha de ser la reflexión en torno al rol de las empresas privadas de investigación social en la política regional. Solamente hay dos posibilidades para explicar los fallos en los resultados emitidos por las consultoras privadas.

La primera: es sabido que las encuestas son una herramienta metodológica que nos permite, a partir de preguntas realizadas a una porción pequeña de la población, extrapolar sus respuestas y tomarlas como representativas de un universo poblacional, siempre contemplando un margen de error estadístico. Y siempre y cuando la metodología se aplique en forma correcta, sobre una muestra realmente representativa del universo en estudio. Una explicación posible entonces sería la posibilidad de errores en la metodología de la encuesta: muestras no representativas, preguntas mal formuladas o errores al aplicar factores de expansión. Se podría pensar en que, puesto que a lo largo de la última década las realidades socioeconómicas de la población variaron enormemente produciéndose importantes cambios en los estratos de población tradicionalmente considerados, existe la posibilidad de que algunas encuestadoras aún continúen basando la metodología de la encuesta en patrones sociodemográficos que no fueron adecuadamente actualizados o que se apliquen erróneamente los factores de expansión dando lugar a sesgos en la representatividad de la muestra.

O la segunda: si la neutralidad en política no existe, en ciencias sociales mucho menos. Si tenemos en cuenta que en la región existen importantes grupos de empresas privadas -con grandes intereses económicos- que se ocupan de abastecer el mercado de los sondeos de opinión, no es descabellado pensar la intención política del uso de las herramientas de investigación social en las contiendas electorales. Con el complemento perfecto del poder de amplificación de los medios masivos de comunicación, todavía concentrados en pocas manos, las encuestas de intención de voto pueden servir para intentar direccionar la voluntad popular antes de las elecciones en favor del candidato de sus propios intereses mediante la instalación de matrices de opinión previas a la elección como fue el caso del “huracán” Marina que parecía que arrasaba con todo a su paso o como sucedió con Capriles en Venezuela. Y como sucede también en Argentina con las mediciones de encuestadoras privadas que anuncian dudosos valores de inflación –luego replicadas hasta el cansancio por los medios concentrados- que nada tienen que ver con la realidad económica del país.

Cabe preguntarse entonces cuáles son las vinculaciones e intereses políticos que operan detrás de la aparente asepsia de los números que ofrecen las encuestas. Un caso paradigmático es el del Grupo Ibope, la más grande empresa de investigación de mercado en la región y una de las multinacionales más grandes de Brasil que tiene intereses económicos en la mayor parte del continente (en muchos países controla la medición de audiencias televisivas –por la que enfrenta sospechas sobre su metodología por ejemplo en Argentina y México- pero también investiga el comportamiento de los patrones de consumo, la opinión pública, cuestiones medioambientales, además de la intención de voto, entre otros). Pero existen también otros grupos privados de empresas de investigación social como Datanalisis (de Venezuela), o Equipos (de Uruguay) que también tienen presencia en varios países de la región. Y como quedó demostrado en muchas ocasiones, los números que arrojan sus sondeos no siempre son fiables, y se alejan de la realidad por valores que superan cualquier margen de error estadísticamente esperable. Y es que la técnica y la política, al igual que pasa en la economía, son inescindibles.

En la era del marketing político y las redes sociales, donde todo se mide por la imagen y aceptación de tal o cual candidato, a veces independientemente de su capacidad política, y donde la política ocurre ya no sólo en las estructuras partidarias y en los actos de calle, sino principalmente en los medios masivos de comunicación, los sondeos de opinión ocupan un lugar fundamental en las elecciones, porque nos permiten conocer el perfil del votante, sus intereses y opiniones. Y en este sentido, las empresas de investigación social cumplen un rol público y deberían tener por ello la obligación de rendir cuentas sobre la información que brindan. Y los Estados nacionales deberían asumir la responsabilidad de regular el mercado de los sondeos de opinión. Una alternativa para garantizar la fiabilidad de los mismos podría ser una legislación que los sujete a auditorías públicas de la construcción metodológica y de los resultados.

Por otro lado, pero en la misma línea, resulta llamativo que en América Latina el área de la investigación social este relegada exclusivamente al ámbito privado y que no existan organismos públicos capaces de brindar datos sobre sondeos de intención de voto u opinión, como sí ocurre en otros lugares del mundo (por ejemplo en España, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo público). Mientras, la vorágine electoral continuará su marcha en la región. En 2015 será el turno electoral de Argentina, y seguramente todo el proceso estará atravesado por los sondeos de intención de voto. Tal vez sea hora de mover fichas en un nuevo frente de batalla para impedir que se utilicen las encuestas como herramienta política durante las campañas electorales, ya sea avanzando en la regulación y/o auditoría de las empresas de investigación privadas o bien creando organismos públicos, integrados por universidades públicas y/u organizaciones sociales u organismos estatales que permitan contar con estudios de opinión serios y confiables, no sólo para los candidatos, sino también para la población, como un modo de democratizar el acceso a información de calidad en el ámbito de la investigación social.