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Por Esteban De Gori


Desde las últimas elecciones -27 de octubre de 2013- el Gobierno Nacional ha emprendido cambios ministeriales –como las nuevas designaciones en el Gabinete-, como ha llevado adelante algunas reformulaciones políticas (el “desembarco” de un gobernador a Jefe de Gabinete) y económicas (freno a la fuga de divisas, acuerdos de precios, etc.). A su vez, ha emprendido –por cuestiones relativas a la salud de la Presidenta- algo inédito para muchos observadores políticos: el “descentramiento” de la figura de Cristina Fernández de Kirchner de la escena política. Es decir, la Presidenta se ha colocado en “otro lugar” y ha concedido un mayor protagonismo a Capitanich (Jefe de Gabinete) y al Ministro de Economía (Kicillof), los cuales deberán abordar algunas demandas sociales que surgieron del análisis político y de la interpretación de las últimas elecciones. Pero, a su vez, si su gestión es exitosa permitiría pensar en un “modelo de sucesión” presidencial, el cual tendría en cuenta la condición de gobernador experimentado y miembro del Partido Justicialista que reúne Jorge Capitanich y la representación de los grupos juveniles y de los nuevos sectores que acceden a la gestión del Estado que supone Axel Kicillof.

Los cambios ministeriales llevados adelante por Cristina Fernandez de Kirchner y las expectativas que abrieron los mismos eclipsaron los festejos del Frente Renovador (espacio político que derrotó al kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires), como los del PRO y de UNEN por su performance electoral en grandes centros urbanos. Pero, paradójicamente, estas expectativas se vieron opacadas –al modo de un juego de dominó- por las rebeliones policiales en varias provincias, los saqueos, el controversial nombramiento de Cesar Milani como jefe del Ejército y, por último, las protestas por los cortes de luz en diversos barrios de la Capital, Rosario y el conurbano bonaerense.

La multiplicación de conflictos, tensiones y reclamos con los que finaliza el año 2013 y el posicionamiento de los diversos actores políticos frente a éstos evidenció, por un lado, una pérdida de protagonismo de la oposición –la cual, no pudo tomar la iniciativa luego de las elecciones, ni tuvo una propuesta concreta frente a los diversos sucesos- y, por otro, que el Gobierno Nacional se encuentra ante diversos desafíos, fundamentalmente, si está entre sus planes gobernar más allá del mandato de la Presidenta, el cual, finalizaría en diciembre de 2015. Uno de estos desafíos, es la recuperación de adhesiones electorales que se perdieron en las últimas elecciones. Principalmente, nos referimos al voto de las clases medias que en los grandes centros urbanos ha optado mayoritariamente por el espectro opositor. A su vez, tendrá que hacer lo propio con los sectores populares donde la inflación, la inseguridad y la precarización del empleo han impactado más intensamente.

Hasta el momento, el kirchnerismo quien ha demostrado ser la única fuerza política con capacidad de gobernabilidad nacional se ha encontrado con varios conflictos impensados o “no calculados” que pueden impactar en su estrategia por recuperar voluntades electorales. Entre ellos, la presión salarial que vendrá de diversos sindicatos de trabajadores vinculados al Estado a partir de que los diversos gobiernos provinciales y nacional han recompuesto el salario de los policías y fuerzas de seguridad; la tensión al interior del kirchnerismo suscitada por el nombramiento del Jefe del Ejército y las protestas por los cortes de luz en distintos puntos de la Capital, Rosario y el conurbano bonaerense. En este sentido, si bien la rebelión policial y los saqueos, como la presión salarial se han resuelto o moderado, quedan sobre la escena dos conflictos que tendrán su propio desarrollo e intensidad: la designación de Cesar Milani y las protestas por los cortes de luz.

En relación con el nombramiento del nuevo Jefe del Ejército, un sector vinculado al kirchnerismo (CELS –Centro de Estudios Legales y Sociales; algunos miembros de Carta Abierta, como ciertos aliados políticos pertenecientes a Nuevo Encuentro) han manifestado su preocupación por el “desconocimiento” que manifiesta Cesar Milani sobre algunas acciones de la dictadura militar (1976-1982) en la provincia de La Rioja, lugar en el que se encontraba destinado como joven oficial. Si bien en el acto de su nombramiento participaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, este militar que no estuvo vinculado a tareas de tortura y genocidio accede a su cargo en un clima de discusiones y debates internos. A esto se le suman las polémicas ya propiciadas por los grupos mediáticos (como el grupo Clarín y La Nación) que buscaron diversos argumentos para erosionar al kirchnerismo con argumentos que asociaban a Milani con el genocidio o la tortura. De esta manera, el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner exhibe la compleja administración que lleva adelante entre el pragmatismo político y el horizonte de un programa de reformas profundas. Es decir, impulsa “a pesar de todo” a Milani porque ha encontrado un “sector militar” que apoya las políticas de la última década o entiende que éste teniente general puede crearlo. En este sentido, el kirchnerismo, en su intento por lograr o crear nuevos aliados políticos, continua apostando a un “movimiento pendular” entre pragmatismo y reformas profundas con mayor o menor fortuna política. Esta decisión de nombramiento que desde ya no inválida ni impugna la política de derechos humanos del kirchnerismo supone un costo político demasiado alto en el momento actual.

Las protestas por los cortes de luz presentan una articulación de circunstancias que han conformado un conflicto político de ciertas dimensiones para el Gobierno Nacional. Primero, se han producido altas e inusitadas temperaturas que no se registraban desde la década del 70; segundo, se observa una falta de inversiones de los consorcios eléctricos EDENOR y EDESUR y la absoluta desidia frente al padecimiento de los usuarios afectados y, por último, debe tenerse en cuenta la ausencia de controles por parte del Ministerio de Planificación sobre dichos consorcios. El intenso calor mostró las fragilidades empresariales (las cuales no han podido todavía restablecer el servicio) y estatales e hizo “implosionar” todos los pronósticos sobre el consumo de energía. A su vez, evidenció que toda la energía eléctrica era requerida por los artefactos obtenidos en la ampliación de consumo que se registró durante estos últimos años. Es decir, estamos ante una “crisis energética” por crecimiento del consumo en cada uno de los hogares y empresas (no debemos olvidar que la actividad económica creció un 3.2% en el mes de octubre y que crecieron un 4% las compras navideñas con respecto al año pasado y que), es decir, la ampliación del mismo hizo “cortocircuito” con una no renovada infraestructura energética. Pero, a diferencia de otras situaciones políticas en la historia argentina, este reclamo se inscribe en un contexto político y económico que no “permite” la articulación con otras exigencias sociales, circunscribiéndose por ahora  a la “vuelta de la luz”.

Ante las protestas y cortes de calles, el Gobierno Nacional presionó a los consorcios con multas y con la amenaza de estatización si no restablecían el servicio en los diversos barrios. A su vez, instaló una oficina para gestionar los reclamos y un debate sobre la “deuda” que poseen empresas que han logrado la concesión del servicio eléctrico -en la década neoliberal- por noventa años. Pese a este conjunto de presiones estatales, los cortes de calles, las protestas y los bloqueos se han multiplicado. Algunos ciudadanos para “hacerse oír” bloquearon el paso de un tren y la entrada de un centro comercial. Lo más relevante y, tal vez, angustiante para los usuarios afectados, es que los primeros días se produjo un “vacío discursivo”, una perplejidad que fue aprovechada por los grupos mediáticos, mientras el Gobierno Nacional solo hablaba de la responsabilidad de las empresas y no se “introducía” en aquellos percances que suponía la falta de luz.

La energía eléctrica se ha tornado una dimensión más de la ampliación de consumo de las clases medias y populares y la suspensión de su servicio las devuelve a una realidad económica y política contradictoria. Es decir, han podido comprar nuevos aparatos y equipos eléctricos y electrónicos y ahora se ven ante una situación que les recuerda que no pueden ser utilizados, es decir, “no pueden realizar de manera plena lo comprado”, ni utilizar lo ya adquirido, ni exigir por ser usuarios de dicho servicio. Por lo tanto, la persistencia en esta situación puede erosionar las expectativas de crecimiento, estabilidad y progreso que todavía se encuentra en vastos sectores sociales. En este sentido, la resolución del “conflicto eléctrico” no solo compete a las empresas eléctricas, sino a un Gobierno Nacional interesado en que esos ciudadanos y ciudadanas afectados y afectadas sigan creyendo en la viabilidad de su propuesta económica y política. Tal vez, la mejor expresión del “termómetro político” de esta situación es la posición de varios intendentes del conurbano bonaerense que adhieren a la estatización del servicio eléctrico, temiendo una mayor fuga de votos en el 2015 en sus distritos municipales. La experiencia histórica y política indica que tanto el “desabastecimiento” (que este no es el caso actual), como los cortes de energía son “imágenes” que la clase política argentina preocupada por el control del territorio quiere expulsar del imaginario ciudadano.
La oposición política, luego de varios días sin realizar ningún pronunciamiento, ha aprovechado la situación para responsabilizar al Gobierno Nacional pero sin presentar ninguna propuesta concreta acerca de qué hacer con el servicio eléctrico. Sergio Massa (dirigente del Frente Renovador) y Mauricio Macri (dirigente del PRO y Jefe de Gobierno) han “salido” a hacer valer su rol de opositores de centroderecha para introducirse con cierto ímpetu en la recuperación del protagonismo perdido.

La “vuelta de la luz” se ha transformado con el correr de los días en una batalla política. Ya no solo por la vuelta del servicio que tantos percances acarrea o por la pulseada que el Gobierno Nacional llevará adelante con las empresas eléctricas sino, fundamentalmente, por la disputa que tendrá que llevar adelante contra otros actores políticos y económicos para consolidar la idea de que el problema eléctrico no invalida ni impugna el bienestar de la última década, ni las promesas de un bienestar futuro.


Publicado en TeleSur Tv

Fecha: 29/12/2013