7 min. lectura

El gobierno argentino acaba de anunciar la colocación de deuda por 16.500 millones de dólares, según el siguiente detalle: 2.750 millones a tres años y a una tasa del 6,25%; 4.500 millones al 6,85% a cinco años; 6.500 millones al 7,5% a diez años y 2.750 millones al 7,62% a treinta años.

Si bien se ha conocido el perfil de vencimientos de la deuda, que incluye pagos semestrales de intereses devengados y la cancelación del principal al finalizar el período acordado para cada uno de ellos, la cancelación de estos compromisos implicaría dos alternativas extremas: refinanciar la deuda al vencimiento, reproduciendo la ya conocida estrategia de “deuda eterna”, o disponer de los recursos para su cancelación.

Ilustrar la verdadera magnitud del esfuerzo colectivo para atender este nuevo compromiso financiero es el objetivo de este artículo. Para ello se ha estimado el compromiso presupuestario que debiera realizarse si se decidieran juntar, año a año, los recursos para poder pagar en los términos comprometidos en aquellas emisiones.

Para ello, suponemos una amortización lineal del capital, es decir, que los recursos destinados a la cancelación de cada bono, aunque no se pague, se previsionan proporcionalmente. Por ejemplo para el primer año 1/3 del valor del bono con vencimiento en 2019, 1/5 de los bonos a vencer en 2021, 1/10 para los de diez años y 1/30 para los más largos. Al compromiso por capital se adicionan el de los intereses sobre el capital adeudado según lo establecido en el detalle precedente. Con estos criterios se define el cronograma de compromisos que se presenta a continuación:

Captura

Dados los supuestos de nuestra estimación, los requerimientos anuales son mayores al inicio. Hasta el tercer año se suman los compromisos derivados de los bonos con los cuatro distintos vencimientos, después del tercer año ya se habrá cancelado el primer bono, después del quinto año los dos primeros bonos, y así con el resto, el compromiso presupuestario anual también iría disminuyendo con el tiempo.

Ahora bien, de aquellos 16.500 millones de dólares, 9.300 se usarán para pagar en efectivo a los fondos que mantienen su litigio contra el Estado Argentino en el Juzgado de Griesa en Nueva York. De modo que ese dinero ni siquiera entrará a la economía argentina, sino que irá directamente a las cuentas bancarias de esos fondos financieros que no aceptaron los canjes de 2005 y de 2010. El resto, unos 7.200 millones, sería usados, según declaró el Ministro Alfonso Prat Gay en conferencia de prensa, “para no hacer un ajuste fiscal” (sic).

A diario observamos la multiplicación de despidos, el aumento de tarifas y la aceleración de los precios. El ajuste en realidad ya comenzó. Se evita algo antes de que ocurra, no después. Pero concentrémonos en el costo anual estimado de la operación. Dado lo anterior, en el primer año de vencimientos, Argentina deberá enfrentar un pago por los cuatro bonos por un total de casi 3.800 millones de dólares. De modo que de aquellos 7.200 millones, en realidad sólo estarían “disponibles”, en el mejor de los casos para mitigar los efectos del ajuste, 3.400 millones.

¿Qué implica un costo anual de 3.800 millones de dólares?

El gasto total que se comprometió en el Presupuesto Nacional 2015 para Educación, por ejemplo, fue de unos 68.000 millones de pesos. A un tipo de cambio de 15 como el actual, eso equivale a unos 4.550 millones de dólares. Dicho en otras palabras, si nada más se modificara en la economía argentina (ceteris Paribus le llaman los economistas que gustan del uso del latin), y si se tratara meramente de cambiar una cosa por otra, la economía argentina podría pagar el costo del primer año de esta emisión de deuda, solamente del primer año y solamente de esta deuda, “entregando” casi el 85% de todo su presupuesto educativo anual.

En la República Argentina hay actualmente 53 Universidades Nacionales. Durante 2015 el Tesoro Nacional les transfirió, entre salarios docentes, salarios no docentes, programas de intercambio, cooperación internacional, capacitación, programas especiales, categorizaciones, incentivos a la investigación, etcétera, un total de casi 50.000 millones de pesos. Al tipo de cambio actual, eso equivale a unos 3.333 millones de dólares. Si el gobierno nacional decidiera enfrentar ese primer vencimiento entregando el equivalente a la totalidad de los recursos que en 2015 transfirió a las Universidades Nacionales por todo concepto, no le alcanzaría. Si cerrara absolutamente todas las Universidades Nacionales, no pagara ningún salario en todo ese año, cancelara absolutamente todos los programas y proyectos, y el país no tuviera actividad universitaria alguna en todo el año, ese ahorro le permitiría al gobierno reunir el 88% de lo que necesitará pagar.

Y esto se repetiría durante los tres primeros años. Sin siquiera considerar el nada despreciable hecho de que el presupuesto educativo está de hecho también siendo recortado, durante cada uno de los tres primeros años de vencimientos los compromisos presupuestarios anuales superarían los gastos universitarios ejecutados en 2015. Ceteris paribus, serían tres años consecutivos sin Universidades Públicas Nacionales.

La sustentabilidad de una deuda radica en que el deudor genere capacidad de pago. Dicho sencillamente, la deuda “sirve” al deudor cuando le permite crecer y generar capacidad para devolver; de lo contrario, a quienes sirve es al acreedor y a los intermediarios. Aquí no se está tomando deuda para incrementar la capacidad productiva nacional. No resulta esperable que se destinen estos fondos a la industria (no parece ser el sector preferido de la gestión económica actual), pero aun imaginando que se lo hiciera, ni siquiera destinando aquellos 3.400 millones a proyectos industriales multiplicadores podría generarse jamás la capacidad de pago para devolver 16.500 millones más sus intereses.

¿De dónde saldrán esos recursos entonces?

De acuerdo con los argumentos del gobierno nacional, habría dos respuestas. Una es que a partir de este acuerdo la República Argentina vuelve a los mercados financieros internacionales, vuelve a ser confiable y producto de esa confianza ingresarán nuevas inversiones al país. Al respecto diremos dos cosas: en primer lugar, si lo que se ganó fue confianza de inversores financieros, a lo sumo cabría esperar inversiones financieras, especulativas, esto es, más deuda, de modo que reforzaríamos lo hasta aquí dicho agregando los efectos adicionales de una deuda mayor (si por 16.500 millones de dólares se comprometen recursos equivalentes a los de todo el sistema universitario durante tres años, imaginemos lo que sería con más deuda y sufriendo más ajuste). En segundo lugar, debemos destacar que no existe nada objetivo o demostrable detrás del argumento de la confianza. Pensemos, ¿cuál sería el mecanismo producto del cual la confianza tuviera la mágica capacidad de multiplicar el dinero? Si usted es un comerciante “confiable”, ¿por simplemente serlo comprueba que el dinero en su caja registradora se multiplica como por generación espontánea? Si usted es un trabajador honrado y “confiable”, ¿tiene, por el hecho de serlo, la garantía de su puesto de trabajo y, además, de su salario? En verdad no existe nada real allí. Se trata de una ingenua creencia, o de una burda mentira.

Vamos al segundo fundamento del gobierno nacional: ese dinero fresco, multiplicado por la confianza, derramará hacia toda la sociedad, llegando incluso hasta las capas más bajas del pueblo. Nuevamente, se trata de una afirmación dogmática, otra cuestión de fe. No existe ningún mecanismo natural que conduzca a la igualdad en la distribución de la riqueza. ¿Qué evidencias respaldan la afirmación de que el libre mercado conduce naturalmente a la igualdad? No conocemos ningún caso.

El costo de esta deuda es altísimo. Pero lo más grave está en la concepción política en la que se enmarca. Se optó por cambiar la producción nacional por la especulación financiera, la generación de riqueza por el endeudamiento, llegando finalmente al absurdo de pretender la pobreza cero incrementando masivamente la cantidad de pobres, eso sí, con un mensaje de esperanza y felicidad prometida para legiones de nuevos desafortunados, insistiéndoles con que la confianza en los mercados y en el sector financiero nunca debe perderse.

Podremos perder el empleo, la producción nacional, la autonomía económica, la soberanía política y hasta el orgullo de ser argentinos. ¡Pero Dios no permita que perdamos la fe en los mercados financieros!