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En su primera conferencia de prensa como presidente electo de Argentina, Mauricio Macri (PRO), tal como lo había adelantado más de una vez en campaña, aseguró que en la próxima cumbre del Mercosur –el próximo 21 de diciembre en Asunción, Paraguay– solicitará la aplicación de la cláusula democrática a Venezuela, aduciendo límites a la libertad de expresión en dicho país y una supuesta persecución a líderes de la oposición. Respecto a esto último, el presidente electo argentino se refirió puntualmente al caso de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, condenado por la Justicia venezolana a casi catorce años de prisión por ser considerado uno de los mentores de los incidentes que en 2014 terminaron con la vida de 43 personas. Un detalle nada menor en este punto fue la presencia de Lilian Tintori, esposa de López, en el búnker del PRO el domingo pasado.

La cláusula democrática del Mercosur se incorpora a las normativas del bloque sureño a partir de la firma del Protocolo de Ushuaia, el 24 de julio de 1998[1]. El antecedente de este protocolo es la Declaración Presidencial de las Leñas del 27 de junio de 1992, que sostiene que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para la existencia y el desarrollo del Mercosur” (intro. Protocolo Ushuaia). Dicha disposición establece que, ante una eventual ruptura del orden democrático en cualquiera de los países miembros, se tomarán medidas, acordadas por consenso, que “abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos” (art. 5). Si bien en el Protocolo de Montevideo –también conocido como Ushuaia II–, firmado el 20 diciembre de 2011 en la capital uruguaya, desaparece la alusión explícita a la necesidad de consensuar las mencionadas sanciones, dicho protocolo no se encuentra en vigor.

Hasta ahora, el único caso en que se aplicó la mencionada cláusula es el de Paraguay, cuando se llevó a cabo el golpe parlamentario que culminó con la destitución del presidente Fernando Lugo, el 24 de junio de 2012. A pesar de que el sector político que provocó la caída del entonces presidente adujo realizar esas acciones por medios “constitucionales”, el 29 de junio de 2012 los miembros del Mercosur –Argentina, Brasil y Uruguay (Venezuela no se había incorporado plenamente aún)– decidieron “suspender a la República del Paraguay del derecho a participar en los órganos del Mercosur y de las deliberaciones, en los términos del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia”[2], entendiendo que Lugo fue destituido sin un debido proceso, lo cual constituyó una alteración de la dinámica democrática en dicho país.

Pese a las insistencias del líder conservador argentino, lo cierto es que la invocación a la cláusula democrática contra Venezuela parece reducirse -al menos por ahora- más a una voluntad de deseo propia antes que a un hecho factible de concretarse. En primer lugar, porque más allá de las valoraciones sobre el gobierno bolivariano, nadie puede dudar de su profundo carácter democrático: desde el ’98 a la fecha, el chavismo ha ganado cinco elecciones presidenciales consecutivas, muchas de ellas con porcentajes arrolladores, sucediéndose además numerosas elecciones legislativas y consultas populares. En ninguno de los comicios se prohibió participación alguna o limitación de campañas. En segundo lugar, parece sumamente difícil que Mauricio Macri logre alinear al resto de los presidentes mercosureños detrás de su embestida contra Venezuela, para lograr el consenso unánime de los mismos, el cual –como se dijo– es requisito indispensable para activar la cláusula. Probablemente reciba el respaldo de Horacio Cartes, quien hasta ahora se encontraba “contenido” por la mayoría progresista y, sin dudas, de aquí en más encontrará en Macri un socio ideológico. Pero resulta muy poco probable que –a pesar de las ambigüedades para con el gobierno venezolano– Uruguay acompañe la medida y mucho menos Brasil.

La iniciativa de Macri despertó repercusiones en el resto de los países del bloque. Florisvaldo Fier, alto representante general del Mercosur, sostuvo: “Yo creo que Macri tiene que informarse un poco mejor, porque la cláusula democrática se aplica cuando hay un golpe de Estado”. Rafael Correa, presidente ecuatoriano, dijo por su parte que “no cabría” aplicar esa cláusula contra Venezuela, ya que, “guste o no, en ese país rige la democracia” y un proyecto político que “se ha cansado de ganar elecciones”. Danilo Astori, ministro de Economía de Uruguay, sostuvo al respecto: “Las cláusulas democráticas como la del Mercosur están destinadas a responder a rupturas institucionales y yo, más allá de las discrepancias que pueda haber respecto a Venezuela, pienso que no ha habido una ruptura institucional”. El canciller del mismo país, acotó en la misma sintonía: “Todavía están dadas las condiciones para no aplicar esa cláusula (…) se está lejos de una alteración del orden democrático en Venezuela”. Sólo el canciller paraguayo tuvo un diluido gesto de afinidad con la propuesta de Macri al decir que “tomaban nota” de la iniciativa.

Lo cierto es que, aun cuando esta arremetida puntual contra Venezuela no prospere por la vía legal, el ascenso al poder del conservadurismo argentino ya empieza a evidenciar fuertes repercusiones en el ámbito regional. Las esperables tensiones políticas que enfrentarán al gobierno argentino con las fuerzas progresistas que permanecen en el poder, amenaza con paralizar a un Mercosur que, aunque con contramarchas, evidenció notables avances en los últimos años.

[1] http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/59923/norma.htm

[2]http://www.pressenza.com/es/2012/07/suspension-de-paraguay-en-el-mercosur-en-aplicacion-del-protocolo-de-ushuaia-sobre-compromiso-democratico/