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Alrededor de 80 organizaciones que son parte de la Asamblea Social y Popular se encuentran marchando desde el 11 de abril  “por el agua, la madre tierra, el territorio y la vida”. Este movimiento se ha desplegado por columnas desde Tecún Umán en San Marcos y Purulhá en Baja Verapaz, para arribar el día viernes 22 de abril a la  Plaza de la Constitución en la ciudad de Guatemala, donde se erigirá un Tribunal Popular del Agua para dar a conocer, visibilizar y sancionar simbólicamente a las empresas transnacionales responsables de profundizar el agro-negocio que tanto daño viene causando, particularmente en las comunidades.

Este conflicto que adquiere visibilidad con la actual marcha no es nuevo. Es la consecuencia del modo de producción capitalista en la periferia, donde se encarna particularmente en un modelo extractivista-oligárquico, que se expande en virtud de intereses de empresas transnacionales en alianza con las elites locales.

Una de las dimensiones clave de esta movilización es la privatización del sector eléctrico. Su historia se remonta a los años ‘90 con la aplicación del “Consenso de Washington” que implicó la apertura y nueva inserción en la economía internacional. El modus operandi fue el mismo al aplicado en el resto de los países de la región: las privatizaciones de las industrias y los servicios. Habría que considerar la creación del Sistema para la Interconexión Eléctrica de América Central (SIEPAC), que fue pensado en virtud de los diversos tratados de “integración” económica y para la seguridad firmados con EEUU. Entre ellos: el Plan Puebla Panamá, la Iniciativa Mérida y la actual Alianza para la Prosperidad  En relación al sector eléctrico en Guatemala, se transformó “el monopolio estatal administrado por el INDE y la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), en un monopolio privado en manos de empresas extranjeras y nacionales.”[1] Para el año 2008, el gobierno de Álvaro Colom[2] lanza el anuncio de transformación de la matriz energética. Lo que realmente implicó fue la reorganización de los capitales a favor de los intereses del bloque industrial y agroindustrial[3].

El impulso de lo que se ha conocido en Guatemala como megaproyectos tiene como actores principales a las empresas transnacionales de diferentes países, con sedes principales en centros como Japón o Estados Unidos y regulados por los desiguales marcos de los tratados de integración que proponen a Centroamérica como plataforma de exportación de recursos naturales y energía. Como consecuencia  directa, quienes viven cerca de los ríos que son desviados y contaminados por estos emprendimientos se quedan sin derecho a un recurso tan esencial a la vida como el acceso al agua. Según las estimaciones del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala en el año 2014, “… las hidroeléctricas pasarán de representar el 38,1% en la estructura de la matriz energética en mayo del 2014, a 41,3% en mayo de 2017. Mientras que para la solar será del 2,3% y la eólica, con 2,6% para ese mismo año.”[4].

Esta proyección alerta sin dudas sobre el acceso al agua, que en lugar de estar a disposición de las comunidades, se explota en virtud de las necesidades del mercado. La vida en estos espacios también se encuentra afectada por el aumento de cultivo de la palma africana, que según el censo agropecuario del año 2003 y ENA 2013 “tuvo un incremento de 270 % con un incremento de 27 % anual, teniendo para el 2013 una superficie cultivada de 115 mil hectáreas”[5]. Este tipo de cultivo altera la biodiversidad de los suelos y, por ende,  afecta  la alimentación de la población[6]. La palma africana es uno de los cultivos que han sido expandidos en países periféricos para la producción de biocombustible. Ha generado especial polémica en Colombia, donde buena parte de los cultivos fueron impulsados en tierras despojadas a los campesinos en una alianza entre paramilitares y la USAID[7], algo similar a lo que sucede en Honduras[8].

Entre las principales reivindicaciones se denuncia la persecución de los activistas sociales que se encuentran organizados y en una constante defensa de sus territorios, que es lo mismo que decir de sus vidas, contra las acciones de las empresas transnacionales –que entre otros efectos negativos– los obligan a desplazarse masivamente, despojándolos de sus tierras. El asesinato de la lideresa Berta Cáceres en Honduras, deja al descubierto como es capaz de reaccionar la elite que concentra el poder corporativo cuando tiene que defender sus intereses.

Esta manifestación da cuenta que  un derecho fundamental y humano como el acceso al agua, en el siglo XXI aun no es garantizado  y que la visibilización de este conflicto es solo la punta del iceberg de un entramado de intereses que agrupa a corporaciones, fundaciones, organismos no gubernamentales y gubernamentales. Pero las comunidades no se rinden, algo que nos ha enseñado especialmente la experiencia Guatemalteca desde la Revolución de Octubre a mediados de los ‘40 y las Comunidades de Población en Resistencia durante la barbarie de los ’80, hasta la presentación de testimonios en el juicio por genocidio contra Ríos Montt.

[1] http://connuestraamerica.blogspot.com.ar/2013/11/guatemala-la-privatizacion-del-sector.html

[2] Presidente de Guatemala entre los años 2008 y 2012.

[3] http://www.guatemala.at/navegation_links/archiv/12-2008%20ElObservadorNo16.pdf

[4]http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Crece_el_mercado_elctrico_en_Guatemala

[5] http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/10/16/iQH6CPCSZUC1uOPe8fRZPen2qvS5DWsO.pdf

[6] http://www.infoiarna.org.gt/rediarna/Articulos_prensa_iarna/adjuntos/2014/La-palma-de-la-discordia.pdf

[7] Ballvé, Teo, (2009), “The dark side of Plan Colombia” The Investigative Fund, The Nation Institute http://www.theinvestigativefund

[8] http://www.theguardian.com/global/2014/jan/07/honduras-dirty-war-clean-energy-palm-oil-biofuels