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@salasrluis76

En respuesta a una solicitud de la principales centrales sindicales de Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos), convocó para el 23 de octubre próximo en Montevideo, Uruguay, una audiencia pública sobre la reforma laboral promovida por el gobierno de facto de Michel Temer y aprobada por el congreso brasileño a mediados de este año.

Por más que la OEA sea una instancia desacreditada a la hora de tratar conflictos regionales, y por más que quepa depositar pocas esperanzas en su accionar dada su complicidad tanto con el golpe de estado brasileño como con los factores de poder económico que lo impulsaron -que son los mismos que están tras esta reforma-, no se puede pasar por alto la importancia de esta convocatoria.  No solo por lo que, en estricto sentido, concierne a los trabajadores y trabajadoras de Brasil; sino también porque dicha reforma afecta a los trabajadores y trabajadoras del resto de los países de la región.

Considérese el siguiente dato: según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), durante 2016, unos 132 países enfrentaron “presiones/discursos de necesidad de ajuste fiscal” y 105 realizaron, en consecuencia, reformas laborales y a sus sistemas de pensiones. En todos estos casos los perjudicados fueron los trabajadores y trabajadoras, quienes salieron de dichas “reformas” con menos derechos, estabilidad e ingresos.

Una de las más recientes y sonadas fue la promovida en septiembre pasado por el presidente francés Emmanuel Macron, en medio de violentas protestas de los sindicatos que sacudieron París. Sin embargo, desde España hasta Puerto Rico, pasando por Colombia, México o Grecia, con mayor o menor intensidad, bien por la vía de hecho o bien la de derecho, la misma ofensiva contra los trabajadores se ha venido imponiendo en los últimos años.

En lo que tiene de fundamental, esta oleada de precarización laboral es la consecuencia a largo plazo de la consolidación de un diseño institucional global que ya avanza hacia su cuarta década, basado en impulsar la competitividad y la productividad de las economías y las empresas, no mediante la promoción de la innovación tecnológica, el combate contra los monopolios o las malas prácticas corporativas, sino poniendo a competir a los trabajadores entre ellos a ver quién gana menos o queda más precarizado.

Esto lo explicó muy bien en una nota de 2015 para CELAG el economista argentino Guillermo Oglietti: el diseño institucional de la llamada “globalización” desencadenó una competencia salarial desleal de carácter internacional. Con el modelo de economías más cerradas de la postguerra, tanto los trabajadores como las agencias reguladoras (ministerios del trabajo, etc.) tenían mayor capacidad para establecer los salarios en niveles compatibles con el interés común y la voluntad democrática. Incluso, si no había sindicatos, los trabajadores influían sobre las decisiones políticas a través del voto. Y así fue como los pueblos con frecuencia consiguieron que las agencias reguladoras representasen los intereses de los trabajadores.

Pero este diseño fue herido de muerte por la globalización neoliberal. El nuevo sistema permitió que las empresas de desplacen por el globo buscando reducir sus costos, en especial los laborales. Y lo consiguieron plenamente porque ni el poder sindical ni la capacidad regulatoria del Estado, pudieron globalizarse de la misma forma.

Así las cosas, como es sabido, bajo este esquema las empresas y capitales están hoy  habilitados para moverse a lo largo y ancho del mundo buscando abastecerse de las materias primas e insumos más baratos, de suerte que si un país cuenta con una legislación o institucionalidad proteccionista en materia laboral, el sistema crea el incentivo para la competencia salarial desleal.  En consecuencia, el gobierno de dicho país tanto como sus trabajadores, quedan expuestos al chantaje de los célebres “inversionistas” (tanto locales como extranjeros), quienes obligan a los primeros a precarizar a los segundos, y su vez, a los segundos a aceptar pasivamente la precarización, so pena de quedarse sin empleos y sin nada cuando los capitales en cuestión se marchen a otros país que sí lo hizo o se nieguen a venir al suyo hasta tanto la reformas no se hagan.

La competencia salarial desleal es análoga, en este sentido, a lo que ocurre con las devaluaciones y las llamadas guerras monetarias, a través de las cuales bajo la misma excusa de aumentar la competitividad, se fuerza a la baja el peso de los salarios en la distribución de ingreso y los costos corporativos. En la medida en que un país lo hace –es decir, devalúa- el resto se ve presionado a hacer lo mismo para seguir siendo “competitivo”, desencadenándose un espiral devaluacionista cuyos platos rotos pagan los ciudadanos de dichos países.

Así las cosas, en el momento mismo en que el congreso brasileño aprueba el proyecto precarizador de Temer, no solo establece un cúmulo de derechos y garantías que los trabajadores y trabajadoras de Brasil deben perder para “seguir siendo competitivos”, sino además un nuevo rasero mediante el cual tanto ellos como sus pares regionales y del mundo serán medidos. Es decir, si el costo que han tenido que pagar los trabajadores y las trabajadoras brasileñas para seguir siendo atractivos a la explotación de los empresarios –que es lo que en el fondo significa “ser competitivos”- es perder el derecho a la sindicalización, tener que trabajar jornadas de 12 horas, desproteger el embarazo y la lactancia, etc., entonces los trabajadores de los países vecinos deben sacrificar más derechos aún.

En los tiempos que corren, tras el derrape financiero de 2008 y la consiguiente paralización del comercio global causante de una fuerte restricción externa para nuestras economías periféricas, la fórmula encontrada para “reanimar” los mercados es explotar a los trabajadores al máximo, apoyándose para ello en lo ya consolidado tras la globalización neoliberal de principios de los 80. Lo paradójico de este asunto es que esta fórmula es exactamente la misma que trajo a la economía global a la situación en que se encuentra. Tras la primera oleada neoliberal a comienzos de los 80, hubo que recurrir al endeudamiento privado como mecanismo para no deprimir el consumo, que es la consecuencia lógica de la depresión salarial. Este modelo se hizo insostenible en 2008, cuando estalló de la burbuja de las hipotecas. Ahora, para esta segunda gran oleada, se desea avanzar sobre lo que dejo la primera y lo que se pudo reconstruir durante la Década Ganada. Ya el gobierno peruano anunció que reformará su legislación laboral para no rezagarse con respecto a la brasileña. Lo propio anunció Mauricio Macri en Argentina, también lo exigen los empresarios en Uruguay e inclusive en Venezuela, así como es esperable que sea el corazón del menú de condiciones planteadas por le FMI (Fondo Monetario Internacional) al gobierno ecuatoriano tras su reunión pautada para noviembre próximo. En determinado momento, todos los países de la región estarán compitiendo entre sí para ver quién remata mejor a sus trabajadores y trabajadoras ante el altar del neoliberalismo recargado del siglo XXI, tan solo para descubrir tempranamente que eso del ajuste expansivo es una quimera ortodoxa con resultados desastrosos en la vida real.