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El mismo día que la Comisión de Ética parlamentaria decidió comenzar una investigación en su contra por la tenencia de cuentas bancarias en Suiza sin declarar, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), dio luz verde a un pedido de impeachment –juicio político- contra la mandataria, Dilma Rousseff.

Suspicacias aparte, la iniciativa que intenta desbancar a la presidenta -que se suma a otras 27 similares presentadas durante este año- fue impulsada por tres juristas en octubre pasado y fundamentada en supuestos “pedaleos” presupuestarios (reasignación de partidas no autorizadas por el Congreso) realizadas por el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) en 2014. Esto, en principio, habría violado la Ley de Responsabilidad Fiscal, un hecho que además fue condenado también por el Tribunal de Cuentas Federal.

“No quise ocupar la presidencia de la Cámara para ser protagonista de la aceptación de un pedido de impeachment. No era ese mi objetivo”, sostuvo un titubeante Cunha la tarde noche del miércoles, tras argumentar reiteradamente que su decisión se había basado estrictamente en la validez técnica del pedido y que “es un gesto delicado” en medio de la convulsionada situación del país, pero que ya “no existen más condiciones para postergarlo”. En este sentido, reconocidos juristas brasileños tienen opiniones encontradas respecto de si las llamadas “pedaladas fiscales” constituyen un motivo de juicio político o es sólo una falta administrativa -a la que han acudido gobiernos anteriores e incluso gobernadores en ejercicio- que debe sancionarse con otro tipo de penalizaciones, como multas o la prohibición de ocupar cargos públicos por un determinado lapso de tiempo.

Dado el primer paso, y tras la lectura del pedido de juicio político en la Cámara, se conformará una comisión especial compuesta por diputados federales de todos los partidos, la cual, en el plazo de los próximos diez días, se pronunciará acerca de la validez de la denuncia. Si, efectivamente, decide dar curso al proceso, se lo notificarán a la presidenta para que conteste a las acusaciones y, recién ahí, dictará un veredicto que deberá ser aprobado por los dos tercios de los diputados -342 bancas-. Si todo ello llegara a suceder, Dilma Rousseff deberá abandonar momentáneamente su cargo para que el Senado –la Cámara de Diputados sólo tiene el rol de iniciar el proceso- proceda con el juicio, que a su vez deberá ser aprobado también por los dos tercios del recinto, es decir, 54 votos. A juzgar por la composición actual, y más allá de que Cunha maneja una tropa importante de diputados, suena muy poco probable que el ala parlamentaria pro-impeachment, tanto en Diputados como en el Senado, llegue al número establecido.

Tal como lo adelantaron diputados de oficialistas –tanto del PT como del Partido Comunista do Brasil (PCdB)- el Gobierno apelará la decisión de Cunha al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de justicia del país, para tratar de que revierta el proceso.

La movida que pone en jaque –al menos formalmente- a la presidenta, se aprobó además el mismo día en que el Senado avaló una iniciativa del oficialismo para reducir la meta fiscal de 2015, que habilita al Gobierno a cerrar las cuentas del año en curso con un millonario déficit.

Sin forzar mucho el razonamiento, la decisión de Cunha debe entenderse en parte como un “pase de factura” a la bancada del PT, por no haberlo defendido frente a la oleada de acusaciones por evasión fiscal que se volcaron contra él en los últimos meses. Así, este aval a una nueva acción destituyente sin mucho fundamento, se parece más a una jugada desesperada de un personaje acechado, que a una decisión institucional razonada. Cunha es un personaje incómodo, que casi nadie quiere cerca, pero el cual conserva aún -no por mucho más tiempo, al parecer- algún margen de poder.

A pesar de la certeza casi absoluta de que el juicio político quedará apenas en el deseo de una derecha que por ahora no encuentra otros medios para retomar el poder, está claro que el hecho afecta de un modo u otro a un Gobierno que, por lo demás, viene golpeado. La aguda situación económica, lejos de mejorar, se complica cada día más: datos recientes indican que el tercer trimestre marcó una contracción del 1,7% del PBI, la el mayor descenso para ese tramo del año desde 1996. El tiempo que lleve la desactivación del proceso, además, será aprovechado por la prensa concentrada para descargar toda su artillería contra la presidenta, contra Lula (quien suena como candidato para 2018) y contra el Gobierno en general, tal como lo vienen haciendo desde que el PT saltó al poder en 2002.