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VENEZUELA. Respuestas y reacciones a la agresión de EEUU

El presidente de los Estados Unidos dejó al descubierto la política de su gobierno frente a  Venezuela. El lunes pasado, Barack Obama emitió una orden presidencial con el objetivo de declarar “una emergencia nacional” ante “la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela”. Las sanciones recayeron sobre siete altos funcionarios del gobierno de Maduro a los cuales se les bloqueó las propiedades que poseían en Estados Unidos y se les prohibió realizar negocios con norteamericanos. De este modo, la orden presidencial llegó para implementar la “Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de Venezuela”, sancionada por Obama el 18 de diciembre de 2014.

La respuesta del gobierno venezolano no se hizo esperar. El presidente Nicolás Maduro, calificó al decreto como “el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se dió desde Estados Unidos contra Venezuela” y  responsabilizó directamente al presidente del país en disputa.  “El presidente Barack Obama, representando a la élite imperialista de su país, ha decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar mi gobierno y de intervenir Venezuela para controlarle desde el poder estadounidense”, declaró Maduro. Desde el Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se solidarizó con funcionarios implicados en el decreto y rechazó las sanciones.

Si bien las relaciones entre ambos Estados llevan largos años de tensión, el pasado 24 de febrero el enfrentamiento se agudizó aún más cuando el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, solicitó al gobierno de Venezuela liberar a todos los “prisioneros políticos”. En respuesta, el 28 de febrero pasado, Maduro exigió al gobierno de los Estados Unidos, entre otras medidas, reducir el personal en su embajada en Caracas.

En respuesta a la orden presidencial del lunes pasado, Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que lleve a cabo un ejercicio militar defensivo y solicitó a la Asamblea Nacional la sanción de una Ley Habilitante Antiimperialista que le conceda poderes especiales para hacer frente a las sanciones adoptadas por el país del Norte. Dicha Ley le confiere al Ejecutivo una licencia de seis meses de poderes especiales para dictar leyes y decretos con rango y fuerza de ley, así como también permite promulgar reglamentos jurídicos en materia de independencia, soberanía e integridad territorial, entre otros. La propuesta fue aprobada en primera discusión y se prevé que sea confirmado el próximo domingo.

Los gestos de acompañamiento de los diferentes mandatarios y organismos de la región no se hicieron esperar. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, no tardó en calificar de Washington de  “grotesca, ilegal e injustificada”  injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela y convocó a una reunión de cancilleres de Unasur en Montevideo para el jueves. Sin embargo,  el encuentro fue postergado para el sábado en  la sede de Quito.

Las declaraciones del vicepresidente uruguayo, Raúl Sendic, quien había afirmado que no le constaba que hubiera injerencia de Estados Unidos en el país bolivariano, fueron criticadas por el ex presidente uruguayo José Mujica, quien señaló que no necesita más pruebas al respecto. “Conozco a Maduro y a Sendic, conozco la realidad. No preciso informes ni pruebas de que los americanos se meten, si se meten en todos lados, la novedad sería que no se metieran”, sostuvo Mujica.

Llama la atención que la declaración de Obama se realizó a apenas 48 horas después de la visita oficial de la delegación de Unasur a Caracas con el objetivo de  promover el acercamiento entre oposición y gobierno el viernes pasado. En ese contexto, el secretario general de la Unasur, el colombiano Ernesto Samper, había comunicado la postura conjunta de todos los Estados miembros del organismo en rechazar cualquier intento de desestabilización en Venezuela, en el marco de la denuncia del presidente Maduro sobre el intento de golpe de Estado de los militares disidentes de la Aviación venezolana financiados por Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno ruso condenó ayer las amenazas sobre Venezuela. “Observamos con preocupación el aumento de las tendencias negativas que desestabilizan a la República Bolivariana de Venezuela, con la que Rusia mantiene estrechos lazos de amistad y de asociación estratégica”

En simultaneo el Parlamento Europeo aprobó ayer una nueva resolución de condena contra Caracas por  “represión y violación de los libertades”. Sin embargo, los partidos políticos Podemos e Izquierda Unida votaron en contra de la resolución apoyada por los cuatro principales grupos del Parlamento Europeo.

El vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hong Lei, comunicó que confía en la capacidad de ambos gobiernos en construir relaciones bajo los principios de igualdad, respeto y no interferencia en asuntos internos del otro. “Como país importante en América Latina, los asuntos internos de Venezuela deben ser solucionados por su propio pueblo”, sostuvo Hong Lei.

BRASIL. Polarización de la escena política

Protesto-15.11-5-Impeachment-jáBrasil no se ha mantenido exento de la creciente polarización política que atraviesa la región, ni tampoco de los múltiples intentos de desestabilización promovidos por sectores de poderes nacionales e internacionales.

Desde hace algunas semanas, gran parte de la oposición política brasileña en conjunto con los grandes emporios mediáticos –especialmente el diario Folha de Sao Paulo y la red O Globo, quienes cada vez menos se preocupan por ocultar su aversión hacia el gobierno-, lanzaron una campaña para promover un proceso de impeachment -o sea, juicio político- contra la presidenta Dilma Rousseff, por los constatados casos de corrupción al interior de la petrolera nacional Petrobras, ocurridos cuando la actual mandataria ocupaba el cargo de ministra de Minas y Energía dentro del gabinete de Lula da Silva, hechos que, por otra parte, vienen siendo investigados desde hace tiempo por parte de la Justicia.

Desde el punto de vista legal, el pedido de juicio político no tiene ningún sustento, puesto que los casos de corrupción en la petrolera brasileña no involucran de manera directa a la presidenta. Sin embargo, son utilizados por la oposición política y mediática para horadar la gobernabilidad de Dilma y reclamar su salida. El hecho ocurre –es importante recordar- a pocos meses de que la actual mandataria fuera reelecta con más de  53 millones de votos y a tan solo dos meses  del comienzo formal de su nuevo mandato.

Para el domingo próximo, distintas organizaciones civiles –financiadas por sectores económicos concentrados-, partidos políticos opositores y medios de comunicación están convocando a movilizaciones en distintas ciudades brasileñas para presionar por la puesta en práctica del proceso de impeachment y manifestar el rechazo al gobierno petista en general. “Fora Dilma” es la consigna con la cual están incentivando a marchar. Muchos partidos de la oposición, entre ellos el PSDB y el PPS, llamaron a sus filas a marchar y confirmaron que su línea dirigencial también lo hará activamente. Uno de los directores de O Globo también confirmó presencia.

Como contraparte, la CUT –la Central Única de Trabajadores- y varios movimientos y organizaciones sociales, entre ellos el Movimiento Sin Tierra (MST), organizaron el viernes 13 de marzo una contramarcha en simultáneo en 24 estados, con la consigna principal de defender a Petrobras –una empresa que es la base del Estado brasileño y que ha sido buque insignia de las administraciones petistas-, al orden democrático y también a las conquistas laborales y sociales logradas en las tres últimas gestiones petistas. En un documento único firmado por numerosos sindicatos y organizaciones que respaldaron la movilización, se lee: “uno de los mayores desafíos del movimiento sindical y social hoy es defender, de forma unificada y organizada, el proyecto de desarrollo económico con distribución de renta, justicia e inclusión social”. Así, la del viernes fue claramente una movilización a favor y en respaldo del gobierno, aunque, no obstante, también los manifestantes aprovecharon la ocasión para reclamar al gobierno rectificar el rumbo de los últimos meses, sobre todo en función de las medidas de ajuste fiscal tomadas de la mano del ministro de Hacienda liberal Joaquim Levy.

Así las cosas, al pulso de una polarización creciente, el gobierno de Dilma Rousseff  está cada vez más presionado, por un lado, por una oposición que decidida y abiertamente quiere a la mandataria afuera del gobierno (lo cual supone desconocer los principios democráticos que la legitiman en el poder), y, por el otro, por una base social que al tiempo que le muestra su apoyo, le exige también profundizar el rumbo abierto en 2002 por Lula. Dichas presiones, sumadas a un turbulento rumbo económico, configuran un escenario político complejo en el inicio del cuarto mandato consecutivo del PT.