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Con la detención, el viernes último, de la ex-vicepresidenta Roxana Baldetti se inaugura un nuevo capítulo en la vida política de Guatemala. Los años de impunidad que estructuraron a dicho país comienzan a quedar – lentamente – en el pasado “muy reciente”. Estas nuevas acusaciones sobre Baldetti que la vinculan a la red de defraudación fiscal, que se denominó “La Línea”, repercuten muy cerca de la figura presidencial de Otto Pérez Molina.

El entramado de poder que este caso implica contiene varios actores claves, donde confluyen tanto altos funcionarios de gobierno como empresarios que armaron esta red para evadir impuestos a cambio de sobornos. Al mismo tiempo, desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala “CICIG1” está investigando – hace más de un año – la actitud de los diferentes sectores fue variando de acuerdo al nivel de implicancia que asumían los integrantes del Poder Ejecutivo. Cuando se conoció que uno de los que lideraba la red era el secretario de la ex vicepresidenta, tanto la embajada de Estados Unidos como el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas. Comerciales, Industriales y Financieras) que forman parte de la cúpula de empresarios en Guatemala, y en especial la Cámara de Industria se llamaron al silencio, pero con un claro apoyo a Otto Pérez para que continúe en sus funciones como presidente.

Al día de hoy, la realidad es otra. Las incriminaciones contra el presidente también van tomando un fuerte principio de realidad cuando la fiscal general Thelma Aldana no sólo mencionó que “hay evidencia para creer la participación de Baldetti en la estructura”. Sino que se ha llegado a solicitar el retiro de la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina con el fin de que sea, al mismo tiempo, investigado en el caso por los indicios que se vienen manejando. El viernes último sectores empresarios aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) retiraron su apoyo a Pérez Molina y exigieron su renuncia. Por otra parte las deserciones dentro de su gabinete son cada vez mayores. Durante los últimos día renunciaron a sus cargos los ministros de Economía, Finanzas, Educación y Salud. También presentaron su dimisión los titulares de Comunicación y Planificación de la presidencia.

Ante este cercamiento, el aun presidente de Guatemala, se presentó con un fuerte mensaje al país asegurando que no renunciará a su cargo. A pesar de las manifestaciones – sobre todo en los centros urbanos – que se vienen sucediendo y de la débil legitimidad que se consolida, como mencionamos, no sólo por gran parte de la población que activamente ha salido a pedir la renuncia del binomio presidencial, sino desde los sectores con altas cuotas de poder venían sosteniendo la figura de Otto Pérez. Sin embargo, este domingo se dirigió con tono altivo y con cierta abstracción del momento delicado en términos político y judicial por el que atraviesa, apuntando al sector empresarial que pidió su renuncia: “Daré la cara y demostraré frente a la institucionalidad, mediante el debido proceso, que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos… entiendo la lógica de los fiscales, pero no hay una línea, son dos y hasta ahora solo ha aparecido la que recibe y no la que paga, sin duda enraizada en el sector empresarial … sin embargo los hechos son los hechos”, dice en uno de los pasajes de su mensaje Otto Pérez Molina. Al mismo tiempo, en su afán de sostener la tan mentada institucionalidad y de negar su participación en la red pidió perdón a los guatemaltecos porque parte de “funcionarios cercanos” están involucrados en este hecho de corrupción. Por otro lado, cuestionó el trabajo que viene realizando la CICIG, acusándola de proceder desde una estrategia intervencionista de carácter externa que intenta quebrantar la democracia. Y finalmente, destacó la igualdad ante la ley en la que se encuentra toda la ciudadanía – incluso él – y llamó a las organizaciones sociales a que sean parte del fortalecimiento de la incipiente democracia. Este discurso es parte de un contexto específico con altos niveles de manifestación popular que pide la “renuncia ya” del presidente. El reflejo de esto es que en tiempos de redes sociales y viralización como parte del lenguaje político actual, al terminar el mensaje presidencial la etiqueta #YoNoTengoPresidente se posicionó como tendencia. Esto no explica el todo de una crisis política de esta envergadura, pero sí da cuenta de las expresiones que se presentan ante la falta de legitimidad de un gobierno. En el mensaje pareciera ser que “bajo la ley y el orden democrático… todo”; a pesar de correr el riesgo de no finalizar su mandato a menos dos semanas de las elecciones. La Fiscal General, Thelma Aldana, se encargó también de enviar un mensaje por un medio de comunicación, esta vez al presidente: “Con mucha pena, preocupación, nostalgia y decepción veo que está involucrado en el caso La Línea”. Las pruebas parecen ser contundentes ya que las escuchas telefónicas lo incriminan directamente. Pero esa decisión de exaltar los valores y el orden democrático responde a una estrategia discursiva (al menos) que los sectores más conservadores de la región y, específicamente, lo que se denomina la “nueva derecha” regional viene utilizando para posicionarse – tanto como gobierno o como alternativa – en el mapa político latinoamericano.

La disputa es manifiesta y responde a los diferentes intereses enfrentados: desde algunas posiciones el objetivo es llegar a las elecciones – como bien puede ser la postura de la embajada de Estados Unidos. En cambio, los movimientos sociales – sobre todo de los sectores urbanos – solicitan y manifiestan activamente la suspensión de los comicios para dar lugar a una reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos con el objetivo de garantizar algún mecanismo para que puedan ser elegidos gobernantes que atiendan la necesidad de los pueblos; y como tercer posición – representada por los empresarios – se pide la renuncia de Otto Pérez para que asuma la presidencia el actual vicepresidente hasta completar el período que vence el 14 de enero de 2016. Por el momento, lo que sí está en el plano de lo evidente es que la crisis política movilizó a la ciudadanía a la calle con el desafío de encontrar cierta organicidad y programa y puso en jaque a actores detractores y de la elite cívico- militar que hoy se encuentran bajo la lupa e investigados.

1 La CICIG es un órgano independiente. Su mandato se origina en un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas; para apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.

Imagen: Luis Soto