8 min. lectura

La mayoría fujimorista del Congreso ha hecho gala, una vez más, del costado más tosco de su poder. Desde la destitución de Pedro Kuczynski, Keiko se encargó de cubrirse de su propio hermano y su padre, Kenji y Alberto Fujimori. Hoy los tres corren el riesgo de terminar en prisión. También, ha reconstituido la mayoría parlamentaria luego de la fragmentación de su partido por el bloque de su hermano, los diez ‘avengers’, gracias a la expulsión de Kenji y otros dos congresistas de su bancada que fueron reemplazados por tres alineados al keikismo. Por último, ha cooptado el voto de algunos de los oficialmente ¨no agrupados¨ y ha presentado proyectos en conjunto con Alianza Para el Progreso (APP) y Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), cuyo fin es controlar el escenario político y blindarse de inmunidad.

El control del Congreso le ha permitido imponer su voluntad ante un Ejecutivo débil. Entre los proyectos de ley que ha sacado ‘a como dé lugar‘ se encuentran: 1- la Ley que busca prohibir los anuncios estatales en medios privados; 2- el intento de excluir a los candidatos mejor posicionados de cara a las generales de 2021 a partir de la reactivación del proyecto sobre candidatos y años de militancia y; 3- la iniciativa para evitar la ¨apología del terrorismo¨ en las películas peruanas –léase, incidir sobre la construcción de un relato histórico que permita diluir la pesada carga de la dictadura paterna-. De cara a las elecciones de 2021 y luego de dos derrotas consecutivas en balotajes, el fujimorismo no quiere dejar ningún cabo suelto, pero vayamos por partes.

Ley Mordaza

El congresista del APRA, Mauricio Mulder, presentó un proyecto de ley que busca prohibir la publicidad estatal en los medios privados de comunicación. La iniciativa casi no se debatió y fue irregularmente exonerada del trámite reglamentario pero, aun así, consiguió ser aprobada en la Comisión Permanente. Tampoco presenta cifras que la sustenten ni alternativas para compensar a los canales de comunicación privados. Según Mulder, la ley busca “evitar que el Estado influya en la determinación del pensamiento libre que debe fluir en la prensa”[1].

La denominada ¨Ley Mordaza¨ fue aprobada con una velocidad inusual y, una vez aprobado el proyecto en la Comisión Permanente, éste se exoneró de segunda votación sólo con la firma de Daniel Salaverry y César Villanueva, voceros de FP y APP, respectivamente. Posteriormente, el proyecto fue observado por el Ejecutivo –ya al mando de Martín Vizcarra- quien prometió interponer una acción de inconstitucionalidad.

En este sentido, hay quienes afirman que la Ley vulnera el derecho de libre contratación, el  acceso a la información pública y la libertad de prensa. Otros, que se trata de una vendetta del fujimorismo al mayor grupo concentrado de medios del país, El Comercio, que dedicó una portada de su periódico a afirmar que Odebrecht financió la campaña de Keiko (actualmente ha sido demandado por difamación). Lo cierto es que, con su venganza, busca mostrar músculo tanto al periodismo de investigación como a multimedios influyentes y poderosos.

La Ley establece que la publicidad estatal sólo podría realizarse en medios oficiales y en redes sociales, lo cual supone serios problemas técnicos en un país dónde la penetración de internet es de tan sólo el 67,6%[2]. Actualmente, 10 millones de peruanos no tienen acceso a internet, y la mayoría de ellos se conecta a la televisión y a la radio únicamente por esparcimiento. Asimismo, afecta especialmente a medios alternativos locales e implica que Facebook o Google, serán las plataformas extranjeras con las cuales se contrataría, en adelante, la publicidad estatal. Sobre este último punto, la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, advirtió que monopolizar la difusión de información estatal por redes sociales permitirá entrar al “campo de la posverdad, donde ganará quien tenga el mejor ejército de trolls[3]. ¿Y a qué no adivinan quién ya tiene una hueste de fujitroles?[4].

Eliminación de los candidatos más competitivos de la oposición  

En cuanto a la proscripción de los candidatos favoritos, el congresista Richard Acuña (APP) -al igual que Mauricio Mulder (APRA) y Estela Bustos (FP)- han impulsado una norma que establece que sólo los políticos con tres años de militancia en un partido pueden ser candidatos a la Presidencia de la República. En concreto, la medida afectaría a Julio Guzmán (Partido Morado) y Verónika Mendoza (Nuevo Perú), quienes se encuentran en proceso de inscripción de sus partidos con miras a participar en las elecciones de 2021.

En la actualidad, la iniciativa se encuentra en debate en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. En caso que se apruebe, quedarían impedidos de postularse a la Presidencia de la República Guzmán y Mendoza, cuyas agrupaciones aún no cuentan con inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) (lo que supone cerrar el juego electoral e impedir la renovación de la política peruana). Cabe destacar que la candidatura de Guzmán fue anulada por el JNE por cuestiones administrativas y Verónika Mendoza ocupó el tercer lugar con escasísima diferencia de PPK en los comicios de 2016.

Construcción de un relato sesgado del conflicto armado interno

El pasado 8 de junio, doce congresistas de la bancada fujimorista presentaron el proyecto de ley N° 2987/2017-CR, también llamado “Ley para el Desarrollo de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano” que busca establecer la permanencia de las películas peruanas por, mínimo, una semana en las salas de cine.

Sin embargo, la polémica se abrió a raíz de uno de los ítems del proyecto, el cual establece que las películas que “incurran en apología al terrorismo” no podrán participar de concursos públicos. Asimismo, se explicita que se “considerará un aspecto favorable para la selección de los proyectos que no enaltezcan ninguna forma de abuso, violencia física y/o psicológica u opresión al ser humano”.

La Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI) señaló en un comunicado que esta normativa es “preocupante” y el término de “apología al terrorismo” es “subjetivo, ambiguo y se presta a la censura”. El peligro radica, precisamente, en dicha ambigüedad, dado que podría funcionar de hecho para retirar cualquier película crítica para con el ex-dictador Alberto Fujimori o en la que haya denuncia a violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. Es decir, implica imponer un relato de la historia del conflicto armado interno. Por ello, la Unión de Cineastas Peruanos (UCP) también se pronunció en contra, considerando que el proyecto es un “ensayo de censura”, e invocan al repudio por parte de la comunidad cinematográfica peruana.

Consideraciones finales

El descrédito del Congreso está en alza. Según la última encuesta nacional urbano-rural de GFK para La República, el 82% de los encuestados siente que “el Parlamento vela por los intereses particulares de ciertos grupos y deja como segundo protagonista en sus leyes a la población”, mientras que sólo el 8% de los encuestados considera que trabaja de acuerdo a “los intereses de la gente”[5]. Por su parte, el 76% de los entrevistados considera que la bancada de Fuerza Popular, liderada por Keiko, ya no debe continuar en la presidencia del Congreso de la República[6].

Si bien Alan García (APRA), Keiko y Kenji Fujimori (FP) son los políticos que generan más rechazo en la población (82%, 72% y 72%, respectivamente), el presidente Vizcarra también registra un  incremento del 34% al 56% en el último mes. Su aprobación también se encuentra en declive, pasando del 47% al 29%, en el mismo periodo[7].

En definitiva, el gobierno de Vizcarra es débil y es precisamente dicha fragilidad lo que desencanta a los peruanos, quienes ven la realpolitik en manos de Keiko. Si bien el mandatario ha tratado de poner un freno a las iniciativas de la mayoría fujimorista (en conjunto con el APRA y APP), hasta ahora no ha mostrado efectividad.

Por su parte, la Comisión de Constitución inició el mes pasado el debate de la propuesta que busca que el Congreso retorne a la bicameralidad, y que ha sido planteada en cinco proyectos de ley. El grupo de trabajo hizo un llamado al Ejecutivo para que envíe sus opiniones, luego del anuncio del propio presidente Vizcarra de una reforma política que incluye –entre otras medidas- el regreso al sistema bicameral, una reforma que podría poner un freno al avasallante poder del Legislativo.

Hasta ahora, Keiko compensa la falta de liderazgo del presidente con un exceso de autoritarismo parlamentario para cerrar el cuadro de un sistema político desbalanceado. Por acción u omisión, la lideresa naranja parece ser quien verdaderamente gobierna a su antojo.

 

[1] https://elcomercio.pe/politica/mauricio-mulder-sustento-proyecto-publicidad-estatal-medios-noticia-479167
[2] https://gestion.pe/blog/revolucion-digital/2018/03/super-interesantes-cifras-de-la-penetracion-de-internet-y-facebook-en-el-peru-y-el-mundo.html?ref=gesr
[3] https://gestion.pe/peru/politica/congreso-publica-ley-mordaza-tc-demoraria-cuatro-meses-definir-demandas-236229
[4] https://larepublica.pe/politica/1270869-keiko-fujimori-seguidora-14-fujitroles-difaman-opositores-periodistas
[5] https://larepublica.pe/politica/1270699-encuesta-gfk-82-dice-congreso-vela-intereses-particulares-ciudadanos
[6] https://larepublica.pe/politica/1270667-encuesta-gfk-76-cree-presidencia-congreso-debe-seguir-manos-fujimorismo
[7] https://larepublica.pe/politica/1270348-alan-keiko-kenji-son-rechazados-vizcarra-sigue-cayendo

Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Co Authors :