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El plan económico de Lenín Moreno es un cúmulo de medidas poco articuladas y no muy bien definidas en el campo ideológico. Esta ambivalencia refuerza la sensación de que sigue sin ser un plan integral -como se esperaría de un Gobierno nuevo- y que ha esperado un año (desde que ganó las elecciones) para diseñarlo. No se habla de la seguridad social, no se habla de la producción agrícola, ni se dice cómo se va a incrementar el empleo. No hay señales claras de cómo se soluciona el problema del sector externo ni de cómo mejorar la productividad. Es un plan casi en totalidad fiscal, de suma y resta, con poco énfasis en el sector externo y con nula visión de futuro del país. Podríamos decir que es un plan contable.

Entrando en materia fiscal, que es en lo que más se concentra, se puede ver que el Gobierno tampoco ha llenado las expectativas. Todos en el espectro ideológico (izquierda y derecha) están de acuerdo en que el ajuste debe ser llevado a cabo porque la economía —dolarizada— no puede seguir viviendo de la deuda. El plan presentado es insuficiente para cerrar el déficit, pues son medidas muy débiles y muchas de las proyecciones se asientan en supuestos con alto riesgo de no cumplirse en el corto plazo. Con todo esto, las preocupaciones se incrementan, especialmente considerando que hay suficiente evidencia para demostrar que un repliegue del Estado en economías pequeñas y abiertas, sin capacidad endógena de exportación, se traduce en terribles consecuencias sobre las condiciones de vida, producto de una contracción de la demanda agregada. El caso de Grecia, el mejor alumno de la austeridad, es un ejemplo del desastre social y espejo de la realidad ecuatoriana.

La segunda cuestión a tener en cuenta, es cómo se diseña el programa. Si hay acuerdo en que hay que ajustar, el punto central es quién paga ese ajuste. Por ello, para poder sintetizar la visión del plan económico presentado por Moreno, es necesario distinguir las dos posibles tendencias que existen y que marcan la diferencia entre visiones de gobierno:

  • Por un lado, una economía que privilegia la oferta —el capital—, asumiendo que los impuestos desalientan la economía; que retirar al Estado estimula la inversión privada y que confía en que las ganancias de los empresarios serán las que guíen el crecimiento económico, mientras que los salarios son vistos como costos que frenan al empresario a invertir.
  • Por otro lado, está una economía de demanda, que confía en los salarios y el gasto público como el motor del crecimiento. Esta economía de demanda cree que los mayores estímulos no están en bajar impuestos, sino en el crédito y los salarios como principales motores de la demanda agregada y por ende de la producción. Sabe que la rentabilidad del empresario está en una demanda pujante y no en lo reducción de los costos al capital. El gasto público no desalienta la inversión privada, por el contrario, fortalece la expectativa de los empresarios, que ven más demanda para sus productos. Además, expande la competitividad sistémica: carreteras, electricidad y mejores condiciones de vida y oportunidades de largo plazo (salud-educación).

 Estas dos visiones han dividido a la política económica y es útil sacarlas a colación para analizar este plan económico de una manera esquemática. La Tabla 1 clasifica las catorce medidas adoptadas en políticas de oferta o de demanda. A su vez propone una tercera categoría —híbrida— para aquellas políticas que tiene un componente de ambas visiones o que articulan algo mixto. Por ejemplo: la amnistía es una política híbrida, pues brinda recursos oportunos al fisco para alimentar la caja fiscal, pero al mismo tiempo beneficia al capital al ahorrar cerca de 600 millones en interés de las deudas tributarias.

Del total de medidas, muchas están por concretarse de mejor forma, pero a un primer vistazo y con los anuncios de la ministra de Economía el pasado 3 de abril, se puede concluir que nueve de las catorce políticas corresponden a una visión de economía de oferta. Esto está en sintonía con la eliminación de la ley de plusvalía en febrero y confirma que el modelo económico está orientado hacia la creencia de que la inversión se produce por aumentar la tasa de ganancia de los empresarios y no tanto por fortalecer la demanda. Solo se detecta una política de demanda y tres híbridas.

En cuanto a las medidas puntuales en la recuperación de ingresos públicos (punto 1 de la Tabla 1), según las proyecciones del Gobierno se espera que en el 2018 se recuperen 1.663 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 60 % corresponde a la amnistía tributaria (600 millones) e incremento de los techos arancelarios y costos de logísticos a la importación (388 millones). El restante 40 % se concentra en medidas para cerrar la evasión, aunque en el corto plazo resulta difícil que las administraciones tributarias puedan lograr una meta tan ambiciosa.

Finalmente, la proyección de ingresos en el mediano plazo (2018-2021) tiene el siguiente desglose:

La eliminación del crédito fiscal del ISD está en contradicción con la otra medida de desmontar el ISD (punto once de la Tabla 1). Esto deja claro que el plan aún tiene que ser pulido y en las mesas de negociación ministerial la visión puede cambiar aún más.

En definitiva, es un plan orientado a satisfacer principalmente al capital, con nueve de las catorce medidas orientadas a satisfacer sus necesidades, frente a solo tres que podríamos denominar más sociales. Además, no es un plan integral, ni tan siquiera un plan plenamente articulado. Tampoco aborda  el principal dilema al que se enfrenta la economía ecuatoriana y hace prever que la política de endeudamiento continuará como mecanismo de solventar el déficit fiscal. El ajuste en Ecuador no establece un shock tan severo como en Argentina o en Brasil. Al parecer, la fórmula ecuatoriana será la de reinstalar el neoliberalismo en pequeñas dosis.