5 min. lectura

La polarización de la escena política es una de las claves del paisaje regional de la última década. Así, en cada uno de los países que se incluyen dentro del ciclo progresista extendido en el subcontinente, es posible pensar la arena política –y también la social- partida al medio entre aquellos que defienden el rumbo gubernamental y aquellos otros que –con ímpetus variables- se oponen al mismo. No es que las divisiones políticas en las sociedades suramericanas sean nuevas, está claro. Lo nuevo, en todo caso, radica en la intensidad y en la capilaridad con que las mismas se viven, vale decir: en la fuerza con que dichas divisiones logran estructurar los escenarios políticos nacionales.

El Brasil de estos días se amolda bien al cuadro descripto. Dos manifestaciones de signo contrario han permitido hacer visible aquello que subyace al orden social brasileño desde la llegada del PT al poder en 2002: la conflictiva convivencia entre sectores sociales que defienden al Gobierno -porque entienden que eso supone defender un conjunto de mejoras concretas en su vida cotidiana- y sectores que cada vez con mayor virulencia -y por distintas razones- impugnan la gestión gubernamental exigiendo su salida. La tensión, aunque constante, va asumiendo distintas formas. Esta vez, se anudó en torno a la petrolera estatal Petrobras, desde hace tiempo en el centro de la escena a raíz de los casos de corrupción en su interior, que ya están siendo investigados en la Justicia.

De un lado, centenares de organizaciones sindicales y sociales se movilizaron el viernes último a lo largo y ancho del país en defensa de la empresa nacional de petróleo, verdadero pilar del Estado brasileño que representa poco más del 13% del PBI nacional y emplea de forma directa a 86 mil trabajadores. La movilización, sin embargo, también contenía proclamas más generales como la defensa del orden democrático y dentro de ella arrastraba además un claro respaldo a la propia presidenta Dilma Rousseff. No obstante ello, el explícito apoyo de las bases al gobierno petista no prescindió de demandas y pedidos de rectificación a la gestión de la mandataria, sobre todo en lo referente al plan de ajuste fiscal puesto en marcha hace algunas semanas, como así también a la concreción de proyectos largamente postergados, como la reforma política. El controvertido nuevo gabinete, y muy especialmente las controversias suscitadas en torno la figura del ministro de Hacienda Joaquim Levy, han generado rispideces entre el gobierno y sus seguidores difíciles de sanar. El mensaje de las bases, luego de la demostración de fuerzas del viernes pasado, parece claro: “estaremos con el gobierno en tanto el rumbo sea de continuidad y profundización respecto a los últimos doce años”.

Del otro lado de la brecha, un variopinto grupo opositor acompañado por una multitud –hay que decirlo-, buscó en las calles presionar para dar curso al proceso de impeachment contra Dilma, bajo el forzado argumento de que la actual mandataria, en tiempos en los que ocupaba la cartera de Minas y Energía bajo el gobierno de Lula da Silva, fue partícipe de los hechos de corrupción hoy investigados. Sin asidero en la realidad, la acusación es apenas una excusa, una manera de vehiculizar y drenar su aversión contra la presidenta y su partido -el PT- quien viene ganando la presidencia ininterrumpidamente desde 2002.

El núcleo duro de los “destituyentes” es variado. Confluyen allí sectores medios y acomodados de la sociedad brasileña -asentados sobre todo en los grandes centros urbanos- ofuscados por la moderada movilidad social propiciada por los trece años de gobiernos petistas y todo lo que ello supuso; también lo componen distintos partidos políticos opositores que, hastiados por los numerosos reveses electorales -y al igual que otros colegas de la región-, apelan cada vez con más frecuencia a instrumentos no electorales como única manera de imaginar un cambio de gobierno; y, por supuesto, también participan en este grupo los poderosos sectores del capital concentrado –entre ellos, los más activos: los emporios mediáticos- enemigos acérrimos del PT. Un dato preocupante de estas movilizaciones opositoras: a diferencia de las también masivas protestas de 2013, y por primera vez después de mucho tiempo, comenzaron a oírse algunas voces -aunque por ahora minoritarias- que clamaban la vuelta de los militares.

Contra el abstracto ideal liberal que supone la posibilidad de una política sin confrontación, los procesos políticos surgidos en los últimos años en la región han evidenciado de sobra el profundo carácter conflictivo del orden democrático. Los procesos de transformación en curso, a su vez, han expandido los límites democráticos generando nuevos marcos de igualdad. En base a ello, la pregunta que atraviesa esta nueva época en general, y que puntualmente aparece desplegada en el fondo de la tensión que configura actualmente la escena política brasileña, podría ser ¿cuánto son capaces nuestras democracias de soportar procesos de cambios? La respuesta se cifra, ni más ni menos, en la correlación de fuerzas –siempre contingente- que se establezca entre los distintos actores en juego. Para el caso brasileño, esto es: entre la presión ejercida por los sectores populares que pugnan por profundizar las transformaciones sociales y sacudir la modorra del PT, sumado a la resistencia de sectores opositores que conjuran –y lo seguirán haciendo- cada vez con más fuerza contra dichas transformaciones (con la posibilidad siempre presente de que en esa arremetida se lleven puesto el orden democrático mismo); y, en el medio, por las decisiones que tome una presidenta que, con alianzas políticas enflaquecidas y una complicada situación económica, hace equilibrios cada vez más difíciles de sostener.

Aunque trate de evitarlo, más temprano que tarde Dilma deberá decidir hacia dónde llevar esa enorme locomotora regional que es Brasil. Las opciones, sin forzar simplificaciones, se reducen tan solo a dos: profundizar el rumbo de los últimos años o ceder terreno frente a las poderosas corporaciones, lo que –se sabe- no puede leerse sino como un duro retroceso para las mayorías.