Álvaro Uribe Vélez (1952) empezó su militancia política en el Partido Liberal, que abandonó para erigir su propio proyecto, más escorado a la derecha, de la mano del actual presidente Juan Manuel Santos, a mediados de la década de los 2000.

Elegido presidente de Colombia en 2002, estaría en el cargo durante dos mandatos, hasta 2010. Fueron 8 años de guerra abierta a las FARC, de militarización del país y de empleo de todos los recursos —legales e ilegales— con los que contaba el aparato del Estado contra la guerrilla.

El final de su período constató el fracaso de la vía militar para finalizar con el conflicto más largo y antiguo de la región. Sin embargo, Uribe había cumplido un objetivo —no menor— que tenía que ver con la estrategia comunicacional: un conglomerado de recetas cortoplacistas, tonificado con la retórica del populismo de derechas y un discurso que no escatimó nunca en demagogia y verdades a medias, pero también portador de un carisma político del que siempre carecieron sus adversarios. El presidente Uribe no solo escribió su propia versión de la historia reciente de Colombia, además se la creyó y trabajó sin descanso en su divulgación, con la inestimable ayuda de uno de los principales empresarios del país, Carlos Ardila Lülle, propietario de RCN Televisión, RCN Radio.

Su ascenso fue también el fruto de una época. Eran los comienzos de los 2000, con el precio de las materias primas en alza y un ciclo económico favorable. Su llegada al poder se produjo poco después de que George W. Bush ocupase la Casa Blanca. Con los efectos del 11S aún recientes. Al poco de su llegada al Palacio de Nariño, la UE aceptó incluir en la lista de organizaciones terroristas a las FARC (algo a lo que Suecia y otros países nórdicos siempre habían sido reacios). Desde ese momento, el presidente Uribe se entregó a desarrollar lo que se conocería como la política de “seguridad democrática”. Una gesta que incluía responsabilizar a la guerrilla de toda la violencia existente en Colombia, olvidando la acción de los grupos paramilitares de extrema derecha, el crimen organizado, o la violencia común, fruto de unas ratios de desigualdad vergonzantes, pero que nunca se intentó corregir.

Tras varias décadas de conflicto, con las FARC sumidas en una estrategia donde lo militar primaba por sobre lo político, con acciones armadas injustificables a ojos de una ciudadanía fatigada de violencia, el Gobierno de Uribe utilizó con audacia cada acción de las FARC para legitimar la necesidad de su política de ‘mano dura’. Fue así como puso un militar en cada esquina de la capital y empleó todos los recursos a su alcance al servicio de la propaganda política: lo importante no era solucionar el problema, sino que parecer que lo hacía.

En aquellos años, Uribe contó con la aquiescencia de las elites financieras e industriales de Bogotá —las mismas que hoy lo proscriben—, a las que él, oriundo de Medellín y de origen terrateniente, no pertenecía entonces, ni habría de pertenecer en el futuro. Más allá de las connotaciones personales, el enfrentamiento entre Santos y Uribe refleja muy bien las contradicciones estructurales que hay en el seno de la clase dominante colombiana, que no son otras que la coyuntural desavenencia de intereses entre las tradicionales elites terratenientes y las empresariales. Estas últimas, fundamentalmente asentadas en la capital, ligadas y/o dependientes de la inversión extranjera y ávidas de que el enfrentamiento termine para rentabilizar la agenda económica llamado post-acuerdo.

La campaña del plebiscito para refrendar los Acuerdos de Paz alcanzados con las FARC se centró casi exclusivamente en el enfrentamiento político entre Santos y Uribe, un factor que el ex-presidente supo redituar, aprovechando la caída de la popularidad del presidente Santos, que en marzo de 2016 llegó a un 25% de aceptación de su mandato. Esta caída se relaciona directamente con la desaceleración económica que comenzó a vivir el país desde de 2015, heredando —a mediados de 2016— un desempleo del 12% y una inflación del 8,6%. En este sentido, las expectativas de las clases medias urbanas, afectadas por tal situación, sufrieron un fuerte embate e, inevitablemente, convirtieron a la administración Santos en su chivo expiatorio, que inmerso en una atención casi exclusiva al Proceso de Paz, habría dejado de lado sus otros compromisos con la ciudadanía.

Uribe, que había sido casi caricaturizado por los grandes conglomerados mediáticos (dentro y fuera del país) no solo supo sacar buen rédito del desgaste del Gobierno de Santos y de la situación económica poco halagüeña, sino que, además, supo adscribir a su discurso y al de sus copartidarios el miedo, alertando a la ciudadanía sobre un futuro “gobierno del terrorismo”, en el que “se atentaría contra la propiedad privada” en caso de refrendarse los acuerdos de La Habana.

De la mano del ex procurador Alejandro Ordoñez, Uribe se acercó a los pastores evangélicos de Misión Carismática Internacional y de la Iglesia Ríos de Vida, que se convirtieron en sus alfiles. Catapultando el voto de la Colombia más retardataria, con arraigados valores conservadores “amenazados” por una eventual firma de la paz. Una campaña que se orquestó a través de videos viralizados en redes sociales.

Contra todo pronóstico, el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 relanzó al líder del uribismo y obligó al santismo a renegociar los Acuerdos de Paz, esta vez atendiendo a las prorrogativas de los detractores, quienes no quedaron del todo satisfechos con los nuevos acuerdos, firmados el jueves 24 de noviembre y refrendados en el Senado y el Congreso de la República.

Más allá de sus consideraciones morales sobre el texto final, hay quienes ven tras ellas intereses demasiado espurios como para ser legítimos, incluyendo los de quienes durante más de cinco décadas han venido viviendo de la guerra. Sin embargo, sea porque no abundan las justificaciones para defender que la guerra siga, sea porque la sombra del líder es demasiado alargada como para intentar taparla, todos ellos han quedado desdibujados tras la figura de Uribe, quien apuntaló una campaña electoral ganadora en las elecciones de 2018.

Para ello hizo una meticulosa selección de la candidatura que representaría al Centro Democrático en los comicios de 2018. Se decantó por Iván Duque un joven senador destacado por su perfil tecnocrático, con poca experiencia política –pero lejano a escándalos de corrupción– y con un trabajo riguroso en el Senado.

Durante la campaña de 2018 Uribe trabajó de manera directa con Duque, haciéndose ver como el mentor del joven político que hasta entonces pocos conocían. “El que diga Uribe” fue una frase que se instaló, tanto en la precampaña como en la campaña. Uribe se dejó ver continuamente arropando a Iván Duque y con esta estrategia logró catapultar al candidato que resultó ganador en la primera vuelta, logrando recoger 7.616.857 votos (el 39,34%) y disparándose en la segunda con 10.398.689 votos (el 54,03%). Los resultados del pasado proceso electoral reflejan la enorme fortaleza del liderazgo de Álvaro Uribe en Colombia, cuyo partido no solo es la fuerza mayoritaria en el Congreso, sino que, además, llega al Ejecutivo con un apoyo de más del cincuenta por ciento del electorado, convirtiéndose en la fuerza política hegemónica de la política colombiana.