Por Ava Gómez
@Ava_GD

Es descendiente de una familia afincada en el poder político y económico de Atlacomulco, Estado de México. Varios de sus integrantes, entre ellos sus parientes y, también, exgobernadores del Estado, Alfredo del Mazo González y Arturo Montiel Rojas, han sido identificados como pertenecientes al Grupo Atlamulco, con gran poder en Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, especialmente, en el Estado de México.

Tras acabar su formación como abogado en la Universidad Panamericana comenzó su desempeño al interior de varias instituciones del PRI. Primero, como secretario de la organización de base priísta, Movimiento Ciudadano de Zona I del Comité Directivo Estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Posteriormente, como delegado en varios municipios del Estado en el Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos (FNOC), renovado movimiento de masas del PRI, al que se adhirió la CNOP.

Más adelante, en 1993, dirigió la tesorería de campaña para el gobernador Emilio Chuayffet, quien lo integró a la secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México. En 1999 se desempeñó nuevamente en la tesorería de la campaña de Arturo Montiel Rojas. Allí, a la sombra del que sería su mentor, continuó su carrera como secretario de Administración de Estado, desde donde comenzó el ascenso a la Gobernación del Estado de México, que consiguió en el año 2004.
Los problemas derivados de su cuestionada gestión del Estado de México (2005-2011), como por ejemplo, la protección que dio a Montiel Rojas, investigado por enriquecimiento ilícito durante su gobierno, la represión violenta de diversas protestas en el Estado y la alarmante situación vinculada a la violencia en contra de la mujer (entre otros), no fueron un obstáculo para la continuación de su ascenso a la Presidencia.

Así, en 2008 su posicionamiento ante la opinión pública lo perfilaba como el líder favorito para encarar las presidenciales de 2012. Además, la historia casi novelesca que se había tejido tras la muerte de su primera esposa y la aceptación de su romance con la actriz de telenovelas, Angélica Rivera, más conocida como “La Gaviota”, con el colofón de su matrimonio en 2010, fue el relato “perfecto” que usó el conglomerado comunicacional mexicano Televisa, para terminar de fabricar al candidato.
Las elecciones de 2012 se dieron en medio de la profunda frustración producida tras las dos administraciones del Partido Acción Nacional, PAN (Felipe Calderón y Vicente Fox), que alimentaron el descrédito internacional de México. Además de las dificultades de Andrés Manuel López Obrador para salvar las heridas al interior de su formación Movimiento Progresista –coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano–. Estos factores abrieron el camino al mediático Enrique Peña Nieto, de la coalición Compromiso por México (PRI y Partido Verde Ecologista de México), quien se alzó como líder del Ejecutivo con un 38.15% del voto.

Desde entonces su desempeño en el Gobierno se ha sustanciado en la implementación de diversas reformas estructurales en el ámbito financiero, educativo, comunicacional y energético, instituidas en el Pacto por México, que firmaron el PRI, PRD y PAN.
Este impulso reformista de Peña Nieto chocó, sin embargo, con la oposición del sector educativo que salió a la calle para protestar en contra de las decisiones tomadas de manera unilateral, perjudiciales para el gremio. También, con el PRD que pronto salió del Pacto por México, ante la apertura a la posible privatización de PEMEX (negada rotundamente desde el Ejecutivo).

De su gestión además se desprenden las distintas protestas sociales desencadenadas, en primer, lugar por la situación de desigualdad y pobreza en el país, a pesar de la “meta incluyente” del Gobierno, visible en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Y, en segundo lugar, por el desafortunado tratamiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una masacre perpetrada por sicarios del narcotráfico en connivencia con las autoridades públicas y la Policía Municipal de Iguala y Cocula.

Este hecho, que no sólo le ha valido críticas al interior del país, sino que también ha cosechado el rechazo internacional por la situación agónica de los derechos humanos en México, ha reflejado un preocupante interés de su Gobierno por ocultar la verdad de la situación, tal y como se vio, tras la invalidación que hizo la CIDH del informe oficial sobre la masacre de Iguala o la mal llamada “Verdad Histórica” de la Procuraduría General de la República.

La invalidación del informe oficial sobre la masacre de los normalistas, se suma a otros escándalos que apuntan a la permisividad del actual Gobierno con el narcotráfico y la corrupción, como por ejemplo, la fuga del “Chapo Guzmán”, la escalada de la violencia y la represión de los grupos narcoterroristas –en llave con las autoridades públicas– en las zonas más vulnerables, y, más recientemente, las declaraciones del hacker colombiano Andrés Sepúlveda sobre el supuesto espionaje ilegal y la manipulación de redes sociales para favorecer a Peña Nieto en la campaña electoral de 2012.

Además de la alarmante crisis de los derechos humanos que sufre actualmente el país, 2016 llega con una desaceleración del crecimiento económico a nivel regional, producto de la crisis del petróleo, un duro golpe a la economía que el actual Gobierno no ha podido encajar y que augura la profundización de la pobreza en la que viven amplios sectores de la sociedad.