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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de México acaba de informar que, hasta el momento, la represión policial a la protesta de maestros en Nochixtlán, Oaxaca, ha dejado 8 muertos, 22 desaparecidos y 45 heridos de bala. Esta matanza sucedió el pasado domingo 19 cuando la Policía Federal y la de dicho Estado reprimieron con extrema brutalidad una concentración de 2 mil personas, mixtecos en su mayoría, que además provenían de poblaciones aledañas como Yanhuitlán, Tilantongo, Suchixtlahuaca y San Andrés Sinaxtla. Habían arribado temprano a Nochixtlán a ofrecer y comprar productos en el mercado comunal, cuando se encontraron con una feroz ofensiva policial, preparada con armas de alto calibre, que arrojó gases sobre maestros y padres quienes desde hace varias de un mes vienen tomando acciones de protesta contra la Reforma Educativa impulsada por Peña Nieto y el titular de Educación, Aurelio Nuño.

Oaxaca no es el único escenario donde se expresa con contundencia el malestar de la comunidad educativa contra las políticas educacionales y laborales del gobierno. Las protestas se vienen sucediendo desde hace tiempo también en Estados como Michoacán, Chiapas y Guerrero, donde ya habían comenzado los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, detenciones de maestros y amenazas por parte de descuentos en la nómina a los docentes que se ausenten de las escuelas. Y no debe olvidarse que este profundo malestar tiene también importantes conexiones con la masacre de los maestros normalistas de Ayotzinapa. Lo sucedido el domingo contó con una respuesta similar de parte de las autoridades, indicando la profunda crisis institucional y la impunidad que se vive en México: negación de la responsabilidad de la policía, promesas de creación de comisiones para investigar los hechos que, como la población mexicana bien sabe, quedan en declamaciones y promesas, impunidad de los responsables e inculpación de las víctimas.

Como bien demuestran los recientes sucesos de Nochixtlán, el conflicto no se reduce a lo estrictamente educativo. La apatía o “normalización” de buena parte de la población de México hacia la extendida violencia institucional se está viendo contrastada por una creciente movilización no sólo de docentes y estudiantes, sino del “ciudadano común” que parece despertar luego de décadas de atropello a sus derechos. Un aspecto a destacar en el mapa social y geográfico de esta nueva explosión popular, es el componente comunitario e indígena de los ciudadanos en lucha. Todos los Estados que contienen focos de importante descontento abrigan una gran cantidad de población indígena, y buena parte de los docentes y los alumnos de las escuelas públicas provienen de estos sectores. Durante las semanas previas a la masacre en varios púlpitos pudieron escucharse arengas en náhuatl y otras lenguas originarias apoyando las reivindicaciones de los docentes en lucha. El espíritu comunitario de estas poblaciones no sólo explica la solidaridad de los comerciantes que se interpusieron como escudo entre los maestros y la policía, sino la persistencia y el carácter de movilización social que ya ha adquirido el conflicto.