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Durante la última década y media, América Latina ha experimentado unos importantes avances en lo referente a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Entre 2002 y 2010 el índice de Gíni promedio de la región pasó de 0,532 al 0,499 (Oxfam, 2014), y en 2013 se situaba en el 0,486 (CAF, 2016). Sin embargo, en el año 2014, y en función de los datos de la Comisión  Económica para América Latina y el Caribe, el 10% de la población más rica en la región seguía acumulando el 71% de la riqueza (CEPAL, 2016). Por tanto, ha habido avances, pero éstos se siguen mostrando insuficientes.

El problema de la desigualdad parte en buena medida de la distribución del ingreso en la sociedad. Y sobre esta distribución podemos distinguir entre la Distribución Primaria del Ingreso, que nos va a determinar qué porcentaje del ingreso bruto queda para los asalariados y el porcentaje que queda para los propietarios del capital, y la Distribución Secundaria del Ingreso, que es el resultado de la distribución de la riqueza tras el proceso redistributivo que realiza el Estado.

Para modificar la Distribución Primaria del Ingreso es necesario modificar el proceso de acumulación de capital, es decir, distribuir los medios de generación de la riqueza, que además de estar concentrados, en la región se han caracterizado por estar vinculados a los capitales extraregionales. Esta vía se ha planteado como un objetivo en varios países de la región, sin embargo, la realidad de las políticas implementadas nos lleva a observar que, en términos generales y con contadas excepciones, los grandes capitales han conseguido aumentar su riqueza e incluso su participación en el ingreso.

¿Cuál ha sido entonces la vía para la reducción de la desigualdad? Principalmente se han utilizado dos vías, pero ambas enmarcadas en la Distribución Secundaria del Ingreso. Por un lado, el Estado ha recuperado parte de su rol en la Economía y ha recuperado el control público de los sectores estratégicos (esto no ha ocurrido en todos los países, sino que se ha dado en aquellos con gobiernos progresistas que se convirtieron en los campeones en la lucha contra la desigualdad y la pobreza). Esto ha permitido al Estado obtener unos mayores ingresos, ya no dirigidos al control concentrado de unas pocas manos privadas, sino para permitir su redistribución a las grandes mayorías sociales. Este proceso puede tener dos vías principalmente: 1) transferencias directas por parte del Sector Público a las familias y 2) redistribución en especie a partir de la dotación de servicios públicos (salud pública, educación pública…).

Por otro lado, en esta Distribución Secundaria del Ingreso juega un papel fundamental la Política Fiscal. Sobre este aspecto, la región también ha experimentado avances en los últimos años, pasando de una tasa impositiva media del 16% sobre el PIB en el año 2000, a una tasa impositiva media del 20,6% en el año 2013 (CEPAL, 2016). Sin embargo, la efectividad de la política fiscal en la región puede estar en entredicho al no cumplir, por diferentes motivos, la progresividad en buena parte de los sistemas impositivos. Entre estos motivos sobresalen especialmente dos: las bajas tasas efectivas sobre los impuestos más altos, y la evasión fiscal, unida ésta también con las guaridas fiscales.

Sobre la primera, tenemos que la tasa impositiva media efectiva para el 10% más rico en la región equivale tan solo al 5% de su ingreso disponible. Esto nos lleva a que el decil más alto en la distribución del ingreso en América Latina, esté pagando una tasa efectiva mucho más baja que la que se paga en países de altos ingresos y que son menos desiguales.

En cuanto a la segunda, la evasión fiscal, la CEPAL (2016) estimó que en el año 2013 las pérdidas en concepto de ingresos de la región por la evasión del impuesto sobre la renta personal y corporativa y del impuesto sobre el valor agregado en más de 320.000 millones de dólares, lo que supuso un 6,3% del PIB regional.

Un caso concreto sobre la evasión fiscal especialmente escandaloso es el que está relacionado con la fuga de capitales a los mal conocidos como paraísos fiscales. Tax Justice Network los clasifica como “jurisdicciones del secreto financiero”, también podemos denominarlos como guaridas fiscales. Estas guaridas se caracterizan por los bajos niveles impositivos, así como por el secreto bancario en torno al origen de los capitales.

En los últimos años han saltado varios escándalos con las filtraciones masivas que se han producido sobre los tenedores de cuentas en estos países a través de empresas offshore, entre las que destacan las filtraciones del SwissLeaks (en la que se revelaron 52.600 millones de dólares en cuentas del banco HSBC de residentes en América Latina en los años 2006 y 2007) o los Panama Papers en los que han salido implicados algunos dirigentes políticos regionales como el Presidente Argentino, Mauricio Macri, con empresas offshores en Bahamas y Panamá. También en el caso ecuatoriano, se han visto implicados varios políticos, algunos de ellos con aspiraciones presidenciales para febrero de 2017, como es el caso de Guillermo Lasso. Y por supuesto, son los grandes capitales aquellos que utilizan las guaridas fiscales para evadir impuestos.

Es necesario, por tanto, seguir profundizando en los avances de la lucha contra la desigualdad en América Latina. Para ello, el primer paso debe ser fortalecer la capacidad del Estado para llevar a cabo una política fiscal progresiva y efectiva, acabando con las termitas fiscales. Para ello se necesitan gobernantes comprometidos con lo público, y no aquellos que utilizan triquiñuelas para no contribuir con el bien general. Sobre este punto, Ecuador ha puesto sobre la mesa una consulta popular para que la población decida si se inhabilita para la función presidencial a aquellos candidatos que posean cuentas offshores en guaridas fiscales. La lógica es clara, cómo puede presidir un país alguien que ha contribuido a que de Ecuador salgan 3.300$ millones de dólares hacia guaridas fiscales entre 2014 y 2015. Y por otro lado, empezar a cuestionar con mucha más fuerza la Distribución Primaria del Ingreso, principalmente en las etapas de mayor crecimiento económico, en las que el Estado puede contar con un mayor músculo para iniciar la difícil batalla por la equidad.

 

Referencias

CAF (2016). Reducir la desigualdad, prioridad para América Latina. https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/01/reducir-la-desigualdad-prioridad-para-america-latina/

CEPAL (2016). Tributación para un crecimiento inclusivo. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39949/S1600238_es.pdf

Oxfam (2014). Justicia fiscal para reducir la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/justicia_fiscal_para_reducir_la_desigualdad_en_latinoamerica_y_el_caribe_.pdf

Tax Justice Network. http://www.taxjustice.net/

Máster en desarrollo económico y sostenibilidad y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

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