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COLOMBIA

El proceso de diálogos de paz entra en zona de turbulencias. El miércoles pasado se conoció que, luego de un enfrentamiento con las Farc en la siempre caliente zona del Cauca, once miembros del Ejército resultaron muertos y otros 20 quedaron heridos.

Como suele suceder, las partes se tiraron la pelota mutuamente: el gobierno argumentó que fue un ataque deliberado de las Farc y la insurgencia lo encuadró en una acción defensiva, frente a los ataques del Ejército que no han cesado.

Lo cierto es que la noticia tuvo fuertes e inmediatas repercusiones, sobre todo porque esta nueva acción beligerante se dio en un momento donde estaba acordado -muy provisoriamente- un cese al fuego entre las partes. Recordemos, en diciembre pasado, en un hecho que se consideró histórico, las Farc anunciaron que interrumpirían los ataques. A ello, se sumó luego la decisión del gobierno de Santos en marzo pasado de frenar los bombardeos a los campamentos de la insurgencia, una decisión que había prorrogado hace apenas cinco días atrás por otro mes más.

En medio de ese contexto tan propicio para las negociaciones que se están llevando adelante en La Habana, sucedió entonces este nuevo enfrentamiento que, como primer efecto, tuvo la orden del propio presidente de retomar los bombardeos, lo cual hace presuponer que aumentará otra vez la escala del conflicto. De hecho, el fin de semana ya se sucedieron las primeras acciones bélicas con el saldo de dos guerrilleros muertos.

Desde el inicio de los diálogos, las partes acordaron separar lo que sucede en la mesa de negociaciones de la capital cubana de lo que ocurre en territorio colombiano. De esa manera, se sostiene el paradojal escenario de negociar en medio del conflicto. Durante el fin de semana, voceros de las Farc exigieron una vez más la apertura de los archivos desclasificados acumulados en más de cinco décadas de conflicto.

Como era de suponer, los sectores de la derecha colombiana -con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza, pero incluyendo también a grandes empresarios y sectores del propio Ejército-, gozando de la bocanada de aire que les da cada recrudecimiento de la violencia, no tardaron ni un segundo en responsabilizar al propio presidente por lo sucedido en el Cauca. EEUU, por su parte –quien en febrero pasado designó a un delegado especial para participar oficialmente de los diálogos de paz- celebró con un comunicado del Departamento de Estado, la decisión del presidente colombiano de levantar la suspensión de los bombardeos.

Pese a estas voces militaristas, el clamor popular dentro y fuera de Colombia parece volcarse cada vez más de manera decidida hacia la paz. Así lo demostraron las masivas manifestaciones del pasado 9 de abril, donde centenares de miles de colombianos exigieron en las calles el cese definitivo del conflicto armado. Importante fueron también los anuncios del secretario general de Unasur la semana pasada, inidicando que el organismo debería tomar parte activa en las negociaciones y colaborar de forma directa en el posconflicto.

Por último, hay que recordar que el gobierno y las Farc, tras lograr preacuerdos en tres de los puntos principales de la agenda, se encuentran actualmente discutiendo el complicado punto referido al resarcimeitno de las miles de víctimas afectadas por el conflicto armado.

 

BRASIL

El domingo 12 de abril volvieron las manifestaciones opositoras en distintas ciudades brasileñas mostrando su rechazo al gobierno encabezado por Dilma Rousseff y exigiendo, puntualmente, la puesta en práctica del proceso de impeachment. Respecto a las multitudinarias movilizaciones del pasado 15 de marzo, donde casi dos millones de personas salieron a la calle, las sucedidas un mes después convocaron a bastante menos gente, aunque el tono se mantuvo: carteles llamando a la intervención de los militares y de EEUU, y pedidos de renuncia inmediata a la presidenta.

Tras esta nueva expresión de los sectores contrarios al PT, la oposición brasileña se envalentonó y otra vez tomó la iniciativa del posible juicio político. La novedad es que diferentes referentes opositores expresaron que encararán el asunto de forma conjunta. Aecio Neves –referente del opositor PSDB y candidato derrotado por Dilma en el ballotage de las elecciones pasadas- que hasta el momento se había mantenido contrario a la propuesta, dijo que ahora sí cree que hay motivos para iniciar el juicio político a la presidenta. La clave parece residir en el comportamiento del PMDB –principal partido parlamentario y aliado del PT-. Si mantiene la alianza con la fuerza gobernante, parece poco probable que el pedido de juicio político prospere.

Para complicar aún más el panorama del gobierno, la Justicia ordenó la semana pasada detener al actual tesorero del PT -João Vaccari Neto- por considerar que fue un actor determinante en los supuestos desvíos de fondos de Petrobras para la campaña política del oficialismo.

En paralelo, siguieron las manifestaciones de las centrales sindicales en contra del proyecto de tercerización, que supone, en lo general, la pérdida de derechos laborales al pretender expandir ese modelo de contratación precarizada a ramas donde hoy se encuentra prohibida. El proyecto, que se encuentra por ahora estancado en el Parlamento, ya recibió críticas tanto del expresidente Lula da Silva, como de la propia mandataria Dilma Rousseff.

 

VENEZUELA

La campaña internacional fomentada por sectores conservadores latinoamericanos y europeos para horadar la imagen del gobierno bolivariano sigue en plena marcha. Los parlamentos de Colombia, Chile y España votaron la semana pasada declaraciones contra el gobierno venezolano, pidiendo la liberación de los opositores presos y criticando –cada uno a su modo- la “falta de libertad” en el país caribeño. En este mismo marco se inscribe la declaración conjunta que suscribieron recientemente 31 expresidentes (entre ellos José María Aznar, Felipe González, Felipe Calderón, Sebastián Piñera, Álvaro Uribe, todos ellos responsables de la profundización neoliberal en sus países) en la que denunciaron una “severa crisis democrática” en Venezuela, a la vez que instaban a la liberación de los “presos políticos”.

En respuesta a la declaración del parlamento español, la cancillería venezolana envió una carta al Gobierno expresando su más enérgico rechazo a la nueva actitud injerencista del país europeo. “El gobierno español tomó partido, en reiteradas oportunidades, a favor de quienes atentan contra la democracia y la paz del pueblo venezolano, al tiempo que arremete constantemente contra las instituciones judiciales del país” dice la misiva firmada por la canciller Delcy Rodríguez, en la que se vuelve a reafirmar que Venezuela no tolerará acciones injerencistas por parte de España. Ambos gobiernos llamaron a consulta a los respectivos embajadores para trasmitir su malestar al otro. El conflicto entre ambos países va in crescendo desde que en octubre último Rajoy se reuniera con representantes de la oposición venezolana (en esa oportunidad recibió a la esposa de Leopoldo López, y en marzo último a la de Antonio Ledezma).

Por otro lado, fronteras adentro Venezuela continúa la marcha del proceso transformador que encabeza la Revolución Bolivariana. Hace unos días, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, según siglas en inglés) reconoció a Venezuela por estar dentro del grupo de los 15 países que han realizado progresos por reducir la prevalencia de la subnutrición y destacó el compromiso del país caribeño para realizar transformaciones y lograr resultados tangibles, en la lucha contra el hambre. Este reconocimiento se suma al que realizara recientemente la Cepal durante la visita de su presidente Alicia Bárcena a Caracas. En esa ocasión Bárcena aseguró que la Cepal “reconoce los logros de Venezuela con respecto a la reducción de la pobreza extrema que bajó de 21% en 1999 a 5.4% en 2014”.  Por otra parte, la semana pasada al cumplirse dos años de la elección que lo llevara a la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro inauguró la vivienda número 700.000 entregada en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ello muestra que el gobierno de la Revolución Bolivariana continúa reafirmando su compromiso con las políticas sociales de inclusión, aún en el marco de la guerra económica y en un contexto internacional de caída de los precios del petróleo.

 

 

 

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica

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