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La creación de los modernos Estados de Bienestar desde el Siglo XIX se basó en la fiscalidad progresiva que consiste en cobrarle proporcionalmente más impuestos a quienes más ingresos tienen. Estos tributos permitieron financiar la redistribución del ingreso y las políticas de desarrollo. Sin embargo, desde los 70s el avance de la globalización neoliberal se ha transformado en el mayor desafío para las políticas redistributivas y amenaza la propia existencia del Estado de Bienestar. La competencia fiscal internacional dificulta el cobro a las rentas de las grandes fortunas y las sociedades. El problema es mayor en las sociedades de América Latina que deben redistribuir y a la vez financiar sus políticas desarrollistas. El impacto de la globalización sobre la equidad es aún mayor, porque no solo dificulta la redistribución del ingreso, sino también porque se ha desatado una “competencia salarial internacional” que significa una guerra no declarada al salario. Los países buscan ganar competitividad bajando salarios e impuestos para ser más atractivos para el capital. La globalización, al facilitar la radicación de las empresas en cualquier lugar del mundo desde donde proveen al mercado mundial gracias al modelo de libre comercio neoliberal, ha liberado a las empresas de las ataduras de las pretensiones salariales y las regulaciones de los ministerios del trabajo locales. En cambio, ni los sindicatos ni los ministerios del trabajo han podido generar una transancionalización semejante de su accionar, por lo que la relación de poder entre el capital y trabajo, que fue equilibrado y cundió en beneficios mutuos desde el final de la guerra mundial, fue derribada y hundida escorando a favor del capital.

Uno de los cambios más significativos que introdujo la hegemonía del paradigma neoliberal es el eclipse del principio del “pleno empleo con salario digno”. La economía neoclásica a nuestro criterio ha abandonado este pilar que estructuraba el pensamiento económico antes de los 70s. Con la globalización el objetivo del pleno empleo de calidad, suficiente para brindar una vida digna y liberar al hombre de la angustia de la supervivencia, ha sido olvidado, y por el contrario, el salario se ha convertido en un costo, un obstáculo para el desarrollo de los buenos negocios y el ambiente empresarial.

Y las consecuencias son dramáticas. La política de seducción al capital ha generado una alarmante caída en la participación del trabajo en el ingreso nacional. De acuerdo a la OIT la participación del trabajo en el ingreso se desplomó desde 75% hasta 66% entre 1975 y 2010 para los países de altos ingresos de la OCDE. Pero la caída es más profunda entre los países en desarrollo donde se contrajo desde el 71% en 1970 hasta el 52% para el conjunto formado por Corea, México y Turquía y registros similares para el conjunto de países en desarrollo.

En estas circunstancias es cuando debe revisarse la agenda buscando redoblar la apuesta progresista. No sólo la política redistributiva está amenazada, sino que ahora es más evidente que nunca que las políticas de redistribución del ingreso resultan insuficientes para revertir de raíz los problemas de desigualdad en el ingreso. La redistribución ha demostrado ser una política a todas luces insuficiente para alcanzar la equidad.

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