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Luego de muchas especulaciones, Uruguay comenzó a tratar de manera formal su adhesión al Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), lo cual despertó el alerta en diversos sectores sociales –entre ellos, los sindicatos- y amenaza con ser una fuente de discordia al interior del gobernante Frente Amplio.

El TISA es un tratado multilateral -aún en preparación- que promueve la liberalización del comercio de servicios, asegurando, por ejemplo, que las empresas extranjeras obtengan el mismo trato que las nacionales e imponiendo, además, fuertes límites a la capacidad regulatoria de los Estados. Sin demasiadas vueltas, se trata un convenio marco que pugna por la apertura comercial y la desregulación en una gran variedad de sectores. El acuerdo fue impulsado en 2012 por un grupo de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) –con EEUU y la Unión Europea a la cabeza (ambos, principales exportadores de servicios)- y ya cuenta con la adhesión de más de 24 Estados, entre los cuales, además está China, Japón, Israel y –más cerca- los cuatros miembros de la Alianza del Pacífico: Chile, Perú, Colombia y México.

Como suele suceder en estos casos, detrás de los países promotores se encuentra la presión de poderosas corporaciones internacionales del sector bancario, energético y de telecomunicaciones, entre otras, que ven en el TISA una jugosa herramienta para acceder a países donde hoy no pueden o se les complica operar. Los servicios sobre los cuales aplicaría el convenio componen un amplio arco y van desde el sector del transporte hasta el financiero, pasando por la industria energética, el ocio, la salud y la educación.

En principio, de acuerdo a lo poco que ha trascendido, una vez firmada la adhesión cada país participante tendrá la potestad de determinar qué servicios va a permitir liberar, un argumento al que muchos gobiernos apelan para conjurar las numerosas críticas que vaticinan una extranjerización masiva de las economías. Los funcionarios uruguayos no han sido la excepción y han aclarado, por ejemplo, que el país no renunciará al monopolio que detenta tanto en la telefonía como en la refinación de combustible. Sin embargo, es sabido que en ese tipo de convenios los gobiernos -sobre todo los de los países más pequeños- cuentan con un muy escaso margen de negociación. Además, aunque no se haya explicitado, hay un consenso -fijado por los socios mayores, claro- para que el porcentaje de liberalización ronde el 90%. Con esas condiciones de fondo, el ingreso a dicho acuerdo no puede sino ser visto como un salto sin red.

El PIT-CNT -órgano que reúne a la mayoría de los sindicatos uruguayos- ya hizo público su contundente rechazo a la posible incorporación de Uruguay al acuerdo, entendiendo que pondrá en peligro miles de fuentes de trabajo, posición que además comparten las tendencias más izquierdistas del FA. Por el lado de los defensores, las voces más altisonantes fueron la del actual ministro de Economía, Danilo Astori, y la del canciller Nin Novoa –ambos de fuerte extracción liberal-. Echando mano a argumentos que nos remontan a décadas pasadas, los funcionarios defendieron el aperturismo aduciendo los peligros que supondría quedar afuera del convenio, entre los que resaltaron la desinversión.

Un tema a mirar de cerca será las repercusiones que el posible ingreso uruguayo al TISA traiga al interior del Mercosur, espacio –por lo demás- en el que Uruguay se siente cada vez más incómodo. En efecto, en los dos meses que lleva el nuevo mandato de Tabaré, abundaron las declaraciones críticas de varios de sus ministros hacia el bloque mercosuriano, reclamando flexibilización de sus normas para permitir a sus miembros buscar nuevos horizontes, dando por entendido que dicho bloque es hoy por hoy más un obstáculo que un espacio de contención. Cierto es que en las persistentes quejas de los socios menores del Mercosur –Uruguay y Paraguay, quien también está evaluando sumarse al TISA- hay algo de justicia. Pero no menos real es la fuerte inclinación de Vázquez por asociarse a las potencias –recordemos el frustrado intento durante su primer mandato por sellar un TLC con EEUU- como si allí no hubieran desigualdades que temer.

En términos geopolíticos, la incorporación de Uruguay al TISA -con el consiguiente arribo de capitales extranjeros- debe leerse como un paso atrás en la búsqueda de soberanía e independencia frente a las potencias que ha caracterizado –con altibajos, es cierto- la coyuntura regional de los últimos años. Siguiendo con la disonancia, el espíritu librecambista del TISA marca un notorio contraste con el pulso estatizante que surcó la última década larga en la región y que permitió, a partir de la recuperación estatal de áreas claves -como el sector energético y la seguridad social, por ejemplo- generar mejores condiciones de distribución de la riqueza.

Finalmente, cuando aún el mundo entero padece los coletazos de la crisis económica de 2008 provocada, principalmente, por la híper-desregulación del sistema financiero, suenan sospechosas las promesas derivadas de un acuerdo que promueve no otra cosa que la libertad absoluta del mercado.