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Sería inimaginable en ningún país de la Unión Europea que un partido político que por primera vez en lustros detentará el poder legislativo se dedicara a desmantelar todo el entramado jurídico tejido a lo largo de los años. Lo mismo cabría decir de Estados Unidos. La institucionalidad sistémica actuaría de inmediato. Esto en una interpretación bondadosa, porque la realidad demuestra que cuando se sienten amenazados no dudan en emplear una fuerza coercitiva cercana al chantaje. Ahí están los ejemplos de Grecia, con el desconocimiento de la voluntad popular expresada en un referéndum, o Italia, donde se han impuesto gobiernos más allá de los resultados electorales.

Sin embargo, el intento de voladura del marco de convivencia venezolano perpetrado por la mayoría de derechas en la Asamblea Nacional no sólo se permite sino que se apoya desde gobiernos extranjeros, instituciones del capital y medios de comunicación. Desde el mismo momento en el que tomaron las riendas del parlamento, los dirigentes derechistas mostraron su intención de constituirse en un poder superior al resto de poderes del Estado  y utilizar la capacidad legislativa para hacer añicos el delicado juego de contrapesos que caracteriza a la democracia.

En sus declaraciones públicas, los diputados opositores se reclaman legitimados para subvertir el orden establecido y conminan a los demás poderes estatales a obedecerles. Pretenden ignorar que la democracia de origen liberal –de la que ellos, curiosamente, se erigen en defensores frente al supuesto autoritarismo chavista- se basa en el control que ejercen entre sí los diferentes poderes. No hay ningún poder por encima de los otros. El Poder Legislativo no puede exigirles anuencia acrítica a los poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral y Popular (cabe recordar que la Constitución de 1999 incorpora a los tres poderes clásicos los novedosos Electoral y Popular). Tampoco hay poderes independientes, que se arroguen la capacidad de actuar de forma aislada, ajenos al contexto político-institucional.

La oposición arrasó con este elemental principio de la arquitectura democrática desde que asumió la mayoría parlamentaria. Ha arremetido contra el Poder Ejecutivo al rechazar el decreto de declaración de emergencia económica, cuando paradójicamente basa todo su discurso en denunciar una supuestamente apocalíptica situación social. En las últimas fechas ha anunciado que exigirá a Nicolás Maduro su partida de nacimiento, adscribiéndose así a las tesis xenófobas de los sectores ultraradicales que señalan que el presidente no puede ostentar el cargo porque no es venezolano. ¿Se podría pensar en el Congreso de los Estados Unidos reclamándole a Obama que demuestre su nacionalidad, avalando los ataques de los halcones neocon y poniendo en peligro toda la institucionalidad del país?

Tampoco se han librado el Poder Electoral, al querer invadir la organización de comicios y referendos que ha sido competencia del Consejo Nacional Electoral durante estas casi dos décadas, y el Poder Judicial, con el intento de promulgación de una ley de amnistía que respalda cualquier hecho delictivo, incluidos los asesinatos, si se engloba en una supuesta protesta política, liberando de esta forma a personas sentenciadas por los tribunales por delitos excepcionalmente graves. Es cuestión de tiempo que llegue la arremetida contra el Poder Popular, con la aprobación de leyes que cercenen la capacidad de maniobra y autonomía de comunas y consejos comunales.

La bancada derechista ha respondido a cada objeción arrogándose la representación popular, como si el resto de poderes no hubiera sido elegido por el pueblo, ya sea de forma directa (el presidente de la República) o indirecta a través de instituciones también electas. En todos los casos el argumento ha sido el mismo: la Asamblea tiene la capacidad para hacer y deshacer a su antojo  por encima de cualquier consideración.

El Tribunal Supremo de Justicia ha tenido que ejercer su función de contrapeso de esta particular interpretación de la potestad legislativa, vetando diversas iniciativas de la derecha por su carácter inconstitucional. Como era de esperar, la oposición ha acusado al alto tribunal de estar cooptado por el chavismo. Se trata de una acusación de enorme gravedad. Los magistrados estarían incurriendo en prevaricación, es decir, dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. Es el mayor delito que puede cometer un juez. Con este tipo de ataques, la derecha arroja dudas sobre la legitimidad de las instituciones con el consiguiente riesgo de desafección popular hacia las mismas e incluso la posibilidad de alentar salidas extrademocráticas.

El venezolano medio pide una solución a sus problemas cotidianos. Este fue el motivo por el que se le otorgó la confianza mayoritaria a la derecha en los pasados comicios legislativos. El electorado optó por un cambio para reconducir la situación económica. Han pasado cuatro meses y la derecha sigue sin dar respuestas a estas demandas.

Si la oposición quiere cambiar el marco de convivencia del que se han dotado los venezolanos y venezolanas la única vía legítima es la promulgación de una nueva Constitución. Todo lo demás son subterfugios inadmisibles en una democracia. Ocurre que la derecha sabe que el pueblo no está reclamando otra Carta Magna sino, como se ha citado anteriormente, soluciones económicas. No le salen las cuentas para iniciar un proceso constituyente y por eso opta por formas espurias para desmantelar la legalidad institucional.

Hoy, en Venezuela, Montesquieu y su delicada teoría sobre la separación y el control entre los poderes del Estado están agonizando. Pero su asesino no es aquel a quien señalan los medios de comunicación hegemónicos del neoliberalismo. Quien les ha asestado la puñalada es, precisamente, el que a grandes voces se reclama como víctima. Pero el público de esta obra mediocre, el pueblo venezolano, conoce de sobra el guión y los personajes…