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Como resultado de la catástrofe que ha sufrido Ecuador el 16/4, el gobierno ha lanzado una propuesta de reforma tributaria. La reconstrucción es necesaria no solo para reconstituir el capital social y privado perdido con el cataclismo, sino también para estimular económicamente las zonas afectadas.

Pero no es lo mismo financiar la reconstrucción en países como Japón o Chile, que tienen una moneda propia, que en el dolarizado Ecuador. En una economía con soberanía monetaria, el Estado simplemente puede asumir parte de los gastos financiando el incremento del déficit fiscal con emisión monetaria. La emisión no será inflacionaria tras un terremoto, porque precisamente, muchos trabajadores perdieron sus empleos y, por lo tanto, las presiones salariales inflacionarias son más bien nulas. En una economía dolarizada, en cambio, el incremento del déficit fiscal que implica la reconstrucción, puede disminuir la cantidad de dólares disponibles en la economía, poniendo en riesgo la dolarización. La ciudadanía ecuatoriana es mayoritariamente favorable al sistema monetario dolarizado que rige en el país, por lo que en primer lugar debe quedar claro, que la única forma en la que la reconstrucción no debilitaría la dolarización, es precisamente a través de un esfuerzo tributario correspondiente. La reducción del gasto público y la presión fiscal que proponen algunos economistas, solo contribuiría a empeorar el desempeño económico de Ecuador que está sobrellevando con mucha entereza la crisis de precios de los commodities.

Otro elemento que explica que Ecuador tenga que hacer un esfuerzo de gigante para llevar adelante la reconstrucción, es que los costos de una catástrofe como la acontecida, son más pesados mientras menor sea el tamaño del país afectado. Todo Chile contribuyó a financiar el terremoto en Concepción (8,8 grados y más de 500 muertos), pero si Concepción hubiese sido un estado independiente de Chile, el costo habría sido inabordable para esa pequeña región y la reconstrucción habría demorado generaciones. La economía Chilena es cuatro veces superior a la ecuatoriana (de acuerdo al PIB en dólares), lo que significa que Ecuador deberá hacer un esfuerzo proporcionalmente mayor al de Chile.

Otra estrategia para enfrentar el desafío de la reconstrucción pasa por contar con apoyos externos. Si el mundo estuviese bien organizado, que no lo está, existiría una especie de auto-seguro que permitiese distribuir los costos de la reconstrucción entre todo el planeta. Un país grande, por ejemplo, puede brindarse este auto-seguro, porque mientras más grande sea en términos económicos y geográficos, la reconstrucción de las zonas afectadas representa un costo muy bajo para las zonas no afectadas. No existen instituciones internacionales que brinden un apoyo no reembolsable, no existe nada similar a la ayuda internacional que brindó el Plan Marshall para la reconstrucción europea (aunque debe señalarse que este Plan no era gratuito, porque parte de los aportes eran reembolsables y además, porque establecía otras condiciones costosas, como la obligación de adquirir productos norteamericanos). Parece ser que nada es gratis en la solidaridad internacional.

El principal apoyo internacional es el financiamiento. Existe un abanico amplio de instituciones que brindan apoyos financieros, todos los cuales alivian la situación ante la emergencia y la coyuntura, pero la agravan al futuro, ya que con el aumento de la deuda, aumentan los intereses, la salida de divisas a futuro y la fragilidad financiera del país. El Banco Mundial, cuyo nombre original era el de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que nació precisamente para dedicarse a la reconstrucción tras la 2da Guerra, debería ser una institución fundamental en el apoyo a este esfuerzo, sin embargo, su apoyo es muy limitado (150 USD millones por el momento) y otorgado en forma de créditos, es decir, una ayuda financiera que no alivia el problema para el Ecuador de largo plazo, que deberá financiar sobre sus espaldas la reconstrucción. La banca regional de desarrollo, conformada por el BID y el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, harán aportes en torno a los 300 USD millones cada uno y contribuirán a paliar el problema de liquidez de corto plazo, pero nuevamente, no alivian el problema de largo plazo que representará esta carga financiera sobre Ecuador. En definitiva, no existe un apoyo no reembolsable al estilo Plan Marshall, por lo que Ecuador tendrá que buscar una solución a la medida de sus restricciones.

En este marco restrictivo, en el que Ecuador no solo no cuenta con la posibilidad de hacer política monetaria sino que además debe destinar recursos a sostener la dolarización, el gobierno ha iniciado una política equilibrada para financiar el gasto e inversión que demandará la reconstrucción.

En primer lugar, ha diversificado las fuentes de financiamiento. Por un lado, recurre al crédito internacional para que el costo de la reconstrucción se distribuya en un tiempo más dilatado. En segundo lugar, recurre a una reforma tributaria que compromete el esfuerzo de todos. La reforma involucra medidas transitorias que estarán vigentes durante un año, un aumento de 2 puntos del IVA desde el 12% al 14%, por un aumento de 3 puntos porcentuales del impuesto a la renta, por una contribución de los trabajadores equivalente a un día de trabajo anual por cada 1000 USD de salario mensual y por un impuesto del 0,9% al patrimonio de las personas naturales. En tercer lugar, el gobierno ha anunciado que si fuese necesario podría desprenderse de activos para financiar la reconstrucción.

La política que inspira esta reforma es que el esfuerzo de reconstrucción debe hacerse recurriendo al esfuerzo de todos, empresas, trabajadores y propietarios. Sobre el aumento del IVA, en primer lugar podría decirse que es una medida regresiva. Pero no parece ser tan así, cuando observamos que incluso tras el aumento Ecuador seguirá teniendo una de las tasas más bajas del mundo y, sobre todo, cuando vemos que los bienes preferentes exentos, cuya alícuota es del 0%, representan aproximadamente la mitad de la facturación. La estructura de recaudación del IVA posiblemente sea la más progresiva de la región.

Por otro lado, algunos autores han criticado la propuesta de que el Estado se desprenda de los activos que ha generado en estos años. Los activos del Estado son bienes públicos que rinden utilidades a la sociedad y hacen las veces de fondos que sirven precisamente para enfrentar desafíos como el actual. Algunos autores, critican que el presidente Correa proponga desprenderse de estos activos y, al mismo tiempo, le achacan que esto se debe a que no ha creado fondos líquidos de contingencia. Esto es un sinsentido, porque al venderse el activo real, pueden conseguirse los mismos fondos que con el de un fondo líquido, con la gran diferencia es que ese activo pasó a ser parte del acervo de capital del país, mientras que el fondo líquido se habría evaporado. En definitiva, el tiempo ha demostrado que Correa tenía razón al preferir las inversiones en activos reales a las inversiones en fondos líquidos de baja rentabilidad. La contribución adicional que proviene de los trabajadores con ingresos superiores a 1.000USD es difícil de objetar por cualquier persona medianamente solidaria y sin duda contribuye a legitimar el esfuerzo tributario distribuido sobre las espaldas de todos. La gran innovación tributaria es sin duda, la del impuesto al patrimonio. Este es un impuesto moderno, con pocas o nulas consecuencias sobre la capacidad productiva del país y, sin duda, es recomendable que su presencia en la estructura tributaria sobreviva la urgencia del terremoto. La historia de los impuestos mundial nos dice que la presión fiscal ha aumentado con las emergencias -guerras por ejemplo-, gracias a que los sentimientos de solidaridad o nacionalismo generan una menor resistencia a la mayor presión fiscal. También nos muestra que una vez dado este salto tributario, la presión fiscal no retrocede afortunadamente, por lo que estos recursos quedan disponibles para servir al desarrollo del país y la creación de bienes públicos una vez que la emergencia concluye. Ecuador ha dado grandes saltos al desarrollo en esta década, pero la presión fiscal está lejos de ser la que corresponde a un país desarrollado, sugiriendo que esta es la oportunidad para aumentar la presión fiscal y así disminuir la dependencia de los ingresos petroleros.

Para concluir este artículo, creemos que debe explorarse la posibilidad de emitir deuda de largo plazo, siguiendo el criterio de que el costo de la reconstrucción también debe recostarse sobre las espaldas de las generaciones futuras, que debe aprovecharse la oportunidad para darle un mayor impulso a iniciativas con alto potencial como la del dinero electrónico, y por último, que si es necesario recurrir a la venta de activos, que estos no sean estratégicos, como la banca y las telecomunicaciones, o en todo caso, que sólo se subasten fracciones de la propiedad, de modo que la sociedad no pierda la capacidad de poner estas empresas al servicio del desarrollo nacional.

Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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