En diciembre de 2013 se aprobó una reforma energética en México. La misma permitió la apertura de inversión privada en el sector, luego de 76 años de haberse logrado la expropiación del petróleo por parte del Estado y de crear la compañía PEMEX para la explotación y comercialización de los recursos energéticos. Estas leyes tuvieron un amplio debate en el Congreso en cuanto a los riesgos de la apertura, las consecuencias económicas que produciría y cuánto tardaría la inversión privada en reactivar el sector, objetivo deseado por la reforma propuesta que finalmente, pese al intenso debate, se aprobó.
El objetivo era atraer inversiones que permitirían explotar yacimientos petroleros previamente identificados y modernizar el sector energético en un contexto de merma en la producción de PEMEX. La compañía se encontraba con problemas de solvencia y por lo tanto incapaz de reinvertir utilidades. Esto derivó en la necesidad de importar gas natural a altos precios, agudizando los problemas de balanza de pagos en un contexto de caída del precio del petróleo, aún teniendo las reservas locales para producirlo. Vale resaltar que estos datos esconden una intención ya que la decisión del gobierno no fue apostar a PEMEX para que recupere su capacidad de inversión y producción y así fortalecer la empresa nacional que tenía el monopolio en el sector, sino al contrario apostaron a la desinversión y al viejo discurso de la ineficiencia del estado para gestionar empresas rentables.
Dos años después de la aprobación del paquete de leyes, se realizó la primera licitación para la explotación del área del sur del Golfo de México compuesta por 14 bloques para explorar y explotar yacimientos de gas y petróleo durante los próximos treinta años. De los 14 bloques se terminaron asignando sólo 2, se esperaban para esta primera licitación 18.000 millones de dólares de los cuales sólo llegaron 2.700 millones. Entre los competidores para las primeras licitaciones figuraron nombres familiares en la industria, como Exxon Mobil, Shell, BHP Billiton y Petrobras.
Pero la reforma energética no solo habilito a las empresas privadas nacionales y de capital extranjero a invertir en la extracción de petróleo y gas mexicano y llevarse la mayor parte de su renta, sino que permitió la venta de activos de PEMEX. Si a eso le sumamos la reducción de presupuesto en 2015 por parte del Gobierno, podemos afirmar que la búsqueda del mismo es que la empresa se privatice para su reactivación o quiebre. Esto implicaría además de la pérdida de soberanía energética que es el nudo de la reforma aplicada, la caída de los ingresos nacionales ya que la renta petrolera representa aproximadamente el 6,8% del PBI de este país. En este sentido es importante resaltar que estas inversiones pueden resultar en una entrada de capital importante para resolver los problemas de balance de pagos pero a la larga se verá disminuida la posibilidad de multiplicar los ingresos corrientes por la explotación del petróleo, ya que los mismos están siendo concedidos por 30 años.
Para 2017 se lanzará la segunda ronda de subastas para la exploración de 15 áreas petroleras en aguas someras del Golfo de México. El Gobierno busca atraer inversiones por 30.000 millones de dólares con la participación de unas 24 empresas, aunque las perspectivas siguen siendo bastante desfavorables debido a la ya mencionada depresión del precio del barril y nuevas perspectivas de negocio más atrayentes para los inversores en el mercado Saudí.
Mientras tanto, para inicios de septiembre se estableció un aumento del combustible al máximo fijado por la banda de precios comunicada para este año. Esta medida es parte del plan de liberalizar el precio para el 2018, objetivo establecido por la reforma energética.
En resumen, la reforma energética de liberalización del mercado energético de México, permitió a empresas privadas y extranjeras obtener la renta del petróleo mexicano, disminuyó el potencial ingreso nacional por la explotación del mismo y provocó el aumento de precios de los productos derivados que no son reemplazables y de mucha utilización para la población.
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Informe realizado por la Unidad de Debates Económicos de CELAG con la colaboración de Telesur.
