Hace apenas unos días los argentinos y el mundo nos enteramos de un nuevo episodio de las aventuras del capital, el capítulo denominado “Panamá Papers”. La trama cuenta de un numeroso grupo de empresas alojadas en confortables paraísos fiscales, disfrutando de la lejanía en la que pudieron dejar, “offshore”, farragosas legislaciones y draconianos regímenes impositivos. Los actores de este capítulo traen un par de novedades políticas que me gustaría enfatizar. Por una parte, incluye un grupo de mandatarios –presidentes, primeros ministros, reyes y califas– que le aportan interés institucional y, si fueramos descuidados o mal intencionados, podríamos pensar qué selectividad. Sin embargo, esta nueva entrega nos muestra notables avances democratizadores. También están en el listado de involucrados algunas personas como Daddy Yankee y el papá de Leonel Messi que, en ese espacio, se igualan con el Rey Salman bin Abdulaziz (Arabia Saudita) y el Califa bin Zayed Al Nahayan (Emiratos Árabes Unidos), convirtiendo el territorio de la anomia en la nueva frontera, la tierra a la cual con un poco de esfuerzo podemos llegar todos.
La pena para algunos, el presidente argentina Mauricio Macri entre ellos, es que este episodio sólo les prodigará sólo unos pocos minutos de fama. En varios países, Argentina entre ellos, las sospechas de participar en elegantes entramados económicos y financieros funcionan a demanda. Así, algunos casos y algunos actores gozan de abundante cobertura mediática y las preferencias del público, mientras otros son condenados a un ominoso olvido, cuando no menoscabados. Analicemos algunas injusticias.
En 2008 Hernán Arbizu, un ex empleado del Banco JP Morgan, dio origen a la saga con una autodenuncia y la de 469 empresas y personas físicas, entre ellas Clarín y sus directores, Ledesma, Edenor, Blaquier, Ausol, Petrobras y los empresarios Carlos Ávila y Ricardo Fort entre muchos otros. La causa cayó en el Juzgado Penal y Correccional 12, a cargo del Juez Sergio Torres y la fiscalía Guillermo Marijuan, una yunta que poco protagonismo les ofreció los actores de esta trama que, por pataleo del propio Arbizu, generó una derivación hacia el Juez Sebastián Casanello, que tampoco les mejoró mucho su visibilidad. Esta fue una causa con escasa demanda popular.
Para fortuna de las producciones del tándem Casanello-Marijuan, el rol de Lázaro Báez les está redituando una importante audiencia. Seguramente las preferencias del público han conducido sus esfuerzos investigativos y la permanencia en pantalla.
El capítulo que continuó fue el denominado “Caso Falciani”, cuya trama desarrollaba la participación de varios argentinos –hombres, mujeres y empresas de la patria– en cuentas sospechosas en el HSBC, muchas de la cuales no registraban declaración en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina que estimó una evasión aproximada a los 1.300 millones de dólares.
A pesar de la participación de estrellas rutilantes del mundo económico y político, como el Ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay en el rol de administrador de los bienes sucesorios de Amalia de Fortabat, este episodio tampoco consiguió el aprecio popular y rápidamente desapareció de las pantallas.
Otro actor poco afortunado es el actual presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, quien contando con un buen procesamiento confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la imposición de una fianza de 5.000.000 de pesos, no ha conseguido buena cuota de pantalla, ni acalorados aplausos, ni siquiera un trending toping consuelo. Eso a pesar de estar acusado de propiciar una operación que reportó el cobro de comisiones por 150 millones de dólares a un conjunto de siete Bancos, que le prestaron dinero a la Argentina cobrando, además, los correspondientes intereses a tasas de distinguida consideración.
Con mucho más éxito hemos vivido los protagónicos de actores vinculados al gobierno argentino anterior: el ya mencionado Lázaro Báez; Milagros Salas; Cristóbal López; y, ahora, la reaparición fulgurante de Ricardo Jaime. La aceptación popular de estos casos los han puesto en el tope de la consideración mediática y la atención judicial, configurando una clara injusticia para aquellos que, con iguales o mayores méritos, no consiguen reconocimientos similares.
Sin embargo, los postergados –hombres, mujeres y empresas de la patria– fieles creyentes de las bondades del mercado, aceptan con grandeza y resignación la soberana decisión de la demanda popular.
Tan singular como la gestión judicial de la corrupción a demanda aparecen en la Argentina las condenas e indulgencias probadas de palabra.
El Presidente Mauricio Macri, parece haber conseguido la indulgencia popular, antesala de la judicial, por su nominación en el Panamá Papers a partir de sus propias declaraciones periodísticas y de haber sido declarado buen hijo por su padre, Franco, que nos informó sobre la actitud amor filial que significó la participación desinteresada en una o dos sociedades “offshore”. Por si no alcanzara con la justificación paternal, también alejaron con palabras cualquier sospecha sobre el Presidente Macri la Directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el Director de la AFIP, Alberto Abad. Si los responsables de organismos de fiscalización de la corrupción no dicen que el hombre es probo ¿Qué necesidad puede haber de andar mostrando papelitos?
En estos días, opacando el esfuerzo de los productores de Panamá Papers, las declaraciones del recientemente detenido Ricardo Jaime, invocando el mandato de superiores jerárquicos y rememorando el trágico concepto de “obediencia debida”, con igual fundamento, la palabra como prueba, se está intentando instalar un protagonismo destacado para los ex-presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Conseguida la condena popular, poco faltará para la condena judicial.
Más allá de la ironía del relato, la emergencia de un trato diferencial entre potenciales corruptos y la utilización de pobres elementos probatorios no sólo aportan a la irritación social, sino fortalecen un modo de acumulación de capital, rentístico y anómico, que define un sistema económico no sólo injusto desde el reparto de beneficios, sino también altamente ineficiente para la provisión de bienes y servicios.
Si la estrategia de reproducción del capital, cada vez mas extendida, es la rentabilización financiera y la evasión o elusión impositiva, su aplicación productiva requiere niveles crecientes de rentabilidad que dejan fuera de las posibilidades de consumo a crecientes sectores de la sociedad, incrementando el potencial de irritación colectiva.
En la historia, la irritación colectiva ha sido gestionada de distintas manera, entre la represión y la negociación, con la dirigencia política jugando un rol central. Hoy, la Argentina con una dirigencia política cargada de ex-CEOs, tiene el importante desafío de convencer, con acciones, que no gestiona privilegios y que la Justicia que no se somete a la demanda y a la debilidad probatoria para servir intereses minoritarios.
Menuda tarea en estos tiempos.
