El día de ayer fue particularmente intenso en la coyuntura política brasileña, aun cuando a veces parezca que no haya margen para que su intensidad se recrudezca. La Policía Federal (PF) llegó de madrugada al departamento del ex Presidente Lula Da Silva para conducirlo a prestar declaración sobre supuestas irregularidades patrimoniales vinculadas a la operación … Seguir leyendo

El día de ayer fue particularmente intenso en la coyuntura política brasileña, aun cuando a veces parezca que no haya margen para que su intensidad se recrudezca. La Policía Federal (PF) llegó de madrugada al departamento del ex Presidente Lula Da Silva para conducirlo a prestar declaración sobre supuestas irregularidades patrimoniales vinculadas a la operación Lava Jato, que investiga el esquema de corrupción relacionado con Petrobrás. Declaró durante cuatro horas y luego fue liberado, tras lo cual ofreció una conferencia de prensa en la que expuso su indignación por la arbitrariedad policial y judicial, e hizo saber a quien quisiera escuchar que de este episodio -que se enmarca en una larga trayectoria de persecuciones mediático-judiciales- saldría más fortalecido que nunca.

Por qué los abogados de Lula no fueron notificados con antelación que su cliente iba a ser llevado a declarar, y por qué un periodista de O Globo lo publicó horas antes de que la PF arribara al domicilio del ex Presidente son dos pequeños interrogantes cuyas respuestas apuntan por sí solas a reconocer que existe -en Brasil y en toda América Latina- no sólo un “Partido Judicial”, sino una estrecha alianza entre éste, el “Partido Mediático” y otros partidos políticos. La finalidad de esta entente es, en el caso brasileño, corroer la gobernabilidad de la actual gestión del PT y sus chances de continuar en el poder de cara a las elecciones de 2018. No es casual que este operativo se haya puesto en marcha después de que, a fines del mes pasado en el acto de aniversario del PT, Lula afirmase estar listo para disputar las próximas elecciones presidenciales como candidato. Tampoco es fortuito el hecho de que la vigencia de la ley petrolera de Lula esté en jaque en el Poder Legislativo[1], debido a la presión de la derecha política aun resentida por la derrota electoral en las pasadas elecciones presidenciales y al lobby de las corporaciones petroleras norteamericanas para volver a adueñarse del crudo brasileño.

Las presas de esta caza no son casuales. Parte de la justicia, la PF y los medios concentrados están operando como el brazo armado de la derecha política y económica para terminar con el PT en el gobierno: el de Dilma y el que promete Lula.

[1]Ver https://www.celag.org/alianza-para-el-retroceso-sombras-de-privatizacion-sobre-el-crudo-brasileno-por-camila-vollenweider/