Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asumió hoy el que, se prevé, será el primer Gobierno progresista desde hace casi un siglo (Lázaro Cárdenas, 1934-1940)[1]. El contexto del inicio de su gestión es complejo: una ‘pesada herencia’ en términos de corrupción, desatención histórica de los problemas del común, unos niveles inusitados de violencia, la situación fronteriza con los EE. UU. y enormes desequilibrios regionales y sociales en términos económicos. Si pudiera resumirse, la tónica del inicio de este nuevo periodo histórico está signada por la voluntad del nuevo Gobierno de interpelar a la opinión ciudadana, asumir el costo político de varias medidas polémicas -por derecha y por izquierda- y conducir hacia cauces satisfactorios la esperanza depositada por los mexicanos y mexicanas en las urnas.

Las consultas ciudadanas

La asunción de AMLO se da en medio de varias polémicas que él, en parte, ha propiciado a partir del impulso de una serie de consultas ciudadanas sobre algunas medidas y propuestas que anunció en campaña. El recurso a las consultas populares no es nuevo para el ahora presidente de México. La primera fue en 2000, cuando le fue impugnada su candidatura para ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para saber si la gente pensaba si él cumplía o no con ciertos requisitos para ser candidato.

Ya como jefe de Gobierno, en 2001, impulsó otra para conocer la opinión ciudadana sobre el uso de la fuerza pública para disolver bloqueos y garantizar el derecho de protesta. Posteriormente consultó sobre la pertinencia del cambio de huso horario, el aumento del costo del pasaje del metro, la posibilidad de revocar mandatos en la Jefatura, reducción de la edad de responsabilidad penal, la Ley de Antros y la venta de Banmex. Así, no sólo los y las habitantes de la Ciudad de México podrán habituarse a ser consultados sobre diversos temas de interés ciudadano.

Desde su victoria en las urnas, ya se han llevado a cabo dos de las tres consultas anunciadas, con resultados favorables a las expectativas del nuevo presidente. Éste, además de buscar conocer la opinión de la ciudadanía sobre sus iniciativas, pretende ampliar la democracia representativa y dotarla de elementos de participación activa, aspecto fundamental de la llamada Cuarta Transformación.[2] Para tal fin, AMLO pretende reformar el artículo 35 de la Constitución para que las consultas sean vinculantes y se relajen los requisitos para que la ciudadanía pueda también impulsarlas.

El NAICM

A finales de octubre pasado se realizó la primer Consulta Nacional Ciudadana impulsada por AMLO, para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la construcción del polémico Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). La iniciativa generó polémica en tanto el nuevo aeropuerto ya lleva casi un 31% de avance, y las cámaras empresariales afirman que renunciar al proyecto en curso podría traer inestabilidad financiera al país y que la desconfianza se incrementará debido a que la consulta no está organizada bajo los términos que indica la ley. Hasta septiembre, el Gobierno de Peña Nieto había firmado 467 contratos para la edificación del nuevo aeropuerto -que tiene un costo estimado de 13.000 millones de dólares-; también el proyecto ha movilizado al sector inmobiliario en tanto las zonas aledañas al aeródromo se han revalorizado, así como incrementado las operaciones comerciales de tierras y edificaciones.[3]

El resultado de la consulta arrojó que la mayoría de los consultados (69,9%) rechaza la construcción del mismo en Texcoco y apoya la propuesta de ampliar la base militar de Santa Lucía para descomprimir el flujo en el principal aeropuerto de la Ciudad de México.[4] A pesar de que la consulta no es vinculante y es probable que las millonarias demandas al Estado por parte de los inversores estén a la orden del día, AMLO confirmó el pasado lunes 26 que la obra se cancelará.

Propuestas para el ‘desarrollo’

La segunda Consulta Ciudadana, que se realizó el pasado fin de semana, es sobre obras de infraestructura y programas sociales propuestos por el futuro Gobierno. Entre ellas se encuentran el Tren Maya, la refinería de Tabasco, el tren interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos y la siembra de un millón de árboles frutales y maderables en el sureste; también se indagará la opinión sobre los programas sociales para adultos mayores, discapacidad, estudiantes, internet gratuito en espacios públicos, universalizar el derecho a la salud y sobre un programa para insertar al mundo educativo y laboral a la gran proporción de jóvenes que están fuera de ambos.[5]

Es la construcción del llamado Tren Maya la propuesta que despertó las mayores críticas. Se trata de un tren de pasajeros que recorrerá 1.500 km. conectando varias ciudades de la península de Yucatán, como Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque y Chichén Itzá, y que tendrá un costo estimado de 8.000 millones de dólares. Su equipo de prensa ha comunicado que, independientemente del resultado de la consulta -que resultó afirmativa gracias al voto favorable del 89,9% de los participantes-,[6] el Tren Maya iniciará su construcción el 16 de diciembre[7]. Los principales opositores son las organizaciones campesinas, trabajadores de la educación de la península y pueblos indígenas, que sostienen que dicho tren sólo beneficiará “a pudientes y extranjeros”,[8] y rechazaron que la consulta no se haya circunscrito sólo a la región interesada.

¿Nueva política de seguridad?

La tercera Consulta Ciudadana, a realizarse en marzo de 2019, tiene que ver principalmente con la Guardia Nacional. Morena presentó, el pasado 14 de noviembre bajo el nombre de “Plan Nacional de Paz y Seguridad”, la iniciativa de crear una Guardia Nacional en México. La Guardia Nacional reuniría a integrantes de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal para llevar a cabo tareas de seguridad pública. Ello, según organizaciones internacionales –como Human Rights Watch y Amnistía Internacional- así como organizaciones políticas, movimientos sociales y voces de la academia, implicaría una amenaza para los derechos humanos ya de por sí en constante detrimento.[9]

Llama la atención el contexto en el que Morena presenta esta iniciativa. Justo unos días antes del anuncio de la tercer consulta, la Sala Constitucional anuló la Ley de Seguridad Interior al considerar que la Constitución Política prohíbe el que el Ejército y la Marina intervengan en tareas de seguridad ciudadana porque se desdibujan los límites entre las tareas de la Policía y el brazo militar del Estado.

Por ello, Morena plantea una reforma constitucional que permita la creación de la Guardia Nacional y que, además, le confiera tareas de carácter policial. Mario Delgado, miembro de la bancada de Morena, agrega una función de carácter judicial al decir que “Esta Guardia Nacional realizará labores de seguridad y además será auxiliar del Ministerio Público (…) la Guardia Nacional tendrá la posibilidad de hacer labores de seguridad y hacer detenciones cuando se presuma la comisión de un delito para presentar a las personas al Ministerio Público”.[10]

No menos importante: en esta misma consulta se incorporan temas alusivos a la investigación y juicio a expresidentes por corrupción y otros delitos (puntualmente, a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto) y a la pertinencia de que la Presidencia cuente con un equipo de empresarios que la asesore.

El nuevo Gobierno y la cuestión migratoria

La caravana de migrantes centroamericanos con destino a EE. UU. se ha convertido en un enorme desafío para el nuevo Gobierno mexicano, en tanto puede significar no sólo un problema de seguridad interior que merece nuevos enfoques para su tratamiento, sino un nudo en las relaciones con la administración vecina que ya ha dado sobradas muestras de rigidez con la cuestión migratoria.

El pasado 26 de noviembre se conoció que el futuro Gobierno mexicano estaría negociando con los EE. UU. la implementación de un programa de ayudas que algunos comparan con el Plan Marshall. Buscan que pueda estar definido para mayo de 2019 y que comience a implementarse en 2020. Los detalles que se conocen hasta el momento son que se busca incrementar las inversiones en el sur del país con el apoyo de EE. UU., incrementar las ayudas a los países del norte de Centroamérica y flexibilizar los trámites migratorios en México. En razón de las amenazas proferidas por Donald Trump sobre recortar ayudas a los países centroamericanos, está por verse la posibilidad de concreción de los objetivos de México en la negociación con el Gobierno estadounidense.

Como primer compromiso, AMLO confía en poder absorber a una gran proporción de los casi 200 mil migrantes que ingresan anualmente a México con destino a los EE. UU. Parte de la estrategia de absorción es el desarrollo económico que pretende impulsar en el sur del país, puerta de entrada de los migrantes, y que consiste, mayormente, en los proyectos sometidos a consulta.[11]

Perspectivas de gobernabilidad

AMLO comienza su ejercicio en un escenario de alta gobernabilidad: la coalición de gobierno Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) alcanza la mayoría absoluta en ambas cámaras. 256 del total de 500 diputados que conforman la Cámara Baja pertenecen a Morena, lo que representa el 51,2%, participación que alcanza el 62,8% si se consideran, además, los diputados del PT (28) y PES (30). En la Cámara Alta, compuesta por 128 senadores en total, la participación de Morena representa un 46,09% (59 senadores) y de Juntos Haremos Historia 54,7% (70 senadores). Por otra parte, las mujeres ocupan 241 escaños en la Cámara de Diputados y 63 en el Senado con una participación de 48,2% y 49,2%, respectivamente[12].

Esta correlación de fuerzas legislativas le permite al nuevo Gobierno aprobar iniciativas sin necesidad de contar con el apoyo de otras bancadas, a excepción de aquellas que impliquen reformas constitucionales, que requieren una mayoría calificada, esto es, de las dos terceras partes de los legisladores presentes. Entre las propuestas más relevantes para su tratamiento se encuentran la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, orientadas a combatir la sobredimensión de los beneficios del funcionariado público y la adecuación del diseño institucional de la administración al nuevo Gobierno, respectivamente.

En cuanto a los apoyos territoriales, hasta las próximas elecciones en los estados mexicanos -que no tienen un calendario unificado-, la situación es más compleja: de las 32 entidades federativas (31 estados y la Ciudad de México), Morena gobernará -a partir de diciembre- en 4: Ciudad de México, Chiapas, Tabasco y Veracruz, y su partido aliado, el PES, gobierna en Morelos. El resto de gobernaciones están, principalmente, en manos del PRI y el PAN. Es de esperarse que, en las próximas elecciones a gobernador -que comienzan en 2019 y se extienden al 2014, según el estado que se considere- la ‘vieja política’, rechazada por el pueblo mexicano en las presidenciales, vea mermar aun más su poder en los territorios (aunque ello dependerá de factores como las enquistadas redes clientelares y la incidencia de las políticas del nuevo Gobierno federal en la vida cotidiana de cada municipio[13].

Reflexiones finales

AMLO ha decidido someter a consulta popular sus principales propuestas de Gobierno, a contramano de una dinámica histórica de conducción política a espaldas de la ciudadanía. Si bien ninguna de las tres consultas tiene carácter vinculante, representan un nuevo modo de hacer política en México pues, su población realmente nunca ha sido indagada sobre el rumbo que debe tomar el Gobierno. Sin dudas, el horizonte de democracia participativa perseguido por López Obrador mediante las consultas es una luz que incide en la ilusión de los ciudadanos y ciudadanas que lo apoyaron, como así también sus promesas -consecuentes con su trayectoria política- de combatir la desigualdad social y regional, la corrupción, la violencia y el entreguismo nacional.

Ese camino no estará exento de escollos: la erradicación de la corrupción y la violencia endémicas, algunos planes de desarrollo económico inscritos en la lógica extractivista y la negativa de asociar indefectiblemente al Estado con los intereses del gran capital mexicano y transnacional que opera en el país deberán contar con estrategias adecuadas para no perder el valioso capital político que lo ha conducido a su histórica elección.

 

[1] Para la ceremonia de toma de posesión del cargo asistan 900 invitados, de los cuales 20 son jefes de Estado y de Gobierno

[2] http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/consultas-ciudadanas-una-cuestion-de-tiempos-y-estrategias-amlo

[3] https://elpais.com/internacional/2018/10/23/actualidad/1540328737_866495.html

[4] http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/amlo-confirma-el-texcocazo-cancelara-el-naim-y-va-santa-lucia

[5] https://lasillarota.com/todo-sobre-segunda-consulta-nacional-popular-amlo/258619

[6] https://adnpolitico.com/presidencia/2018/11/26/va-tren-maya-89-9-de-los-ciudadano-votaron-a-favor-en-consulta

[7] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46201016

[8] https://www.proceso.com.mx/560787/el-tren-maya-solo-beneficiara-a-pudientes-y-extranjeros-indigenas-de-la-peninsula-de-yucatan

[9]https://adnpolitico.com/mexico/2018/11/21/6-planes-en-los-que-las-organizaciones-civiles-ponen-peros-a-lopez-obrador

[10] https://www.animalpolitico.com/2018/11/morena-reforma-ejercito-vigilar-calles-detener-civiles/

[11]https://elpais.com/internacional/2018/11/25/mexico/1543164641_089736.html?fbclid=IwAR1ejA8BqNSIuQdZu5WCAwrirsP8V4d44UJtog74gSp_tMGrGHxoJze-5uk

[12] https://www.celag.org/mexico-nuevo-legislativo-vispera-gobierno-amlo/

[13] Cabe recordar que, en julio de 2018, de las 6 entidades federativas que tuvieron elecciones, 4 fueron ganadas por Morena.