Antiderechos: las agendas legislativas de la derecha regional

Análisis Político
Antiderechos: las agendas legislativas de la derecha regional

Las agendas legislativas de la derecha regional se caracterizan por una profunda pulsión por revertir derechos ciudadanos adquiridos en las últimas décadas.

31 min. lectura

El presente informe tiene como interés brindar un panorama medianamente actualizado respecto de cuáles han sido y cuales serán las próximas agendas legislativas en Argentina, Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile.

Dos necesarias advertencias deben realizarse, para poner en un piso común el ejercicio comparativo: por un lado, los países aquí considerados presentan características disímiles respecto de las competencias definidas constitucionalmente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, como así también en las características (y tipos) de los Decretos presidenciales, las formas de su modificación y aprobación – o no- por parte de los legisladores, las facultades de veto presidencial, los términos de los proyectos de ley y los tiempos de las revisiones cruzadas entre ambos poderes, entre otros aspectos formales. Por otro lado, cualquier consideración más amplia debe considerar la asincronía de los tiempos políticos en cada uno de los países, en el sentido de que algunos presidentes recién están comenzando (Brasil), otros ya llevan unos meses (como Colombia, Paraguay y Chile), o bien presentan un carácter singular en términos políticos (Ecuador y Perú), y otros entran en su último período del mandato (Argentina). En este sentido, la intensidad con que los cada Poder Ejecutivo procura diseñar los temas y tiempos de la producción legislativa son distintos, lo que conduce a que ciertas coincidencias de agenda deban también ser ponderadas con cierta precaución.

Sin embargo, deben destacarse tres pautas que se repiten en casi todos los países, pautas que permiten una caracterización más general, incluso confirmada por otras propuestas que van en la misma dirección: en primer lugar, en la mayoría de los casos, se proponen rediseños en materia de los procedimientos autorizados del Estado para la ejecución de sus atribuciones securitarias, entendidas éstas de forma amplia, lo que involucra tanto nuevas perspectivas en lo concerniente a los procesos penales, como a los agentes legítimamente encargados, las figuras de punición, la portación de armas, etc.. En segundo lugar, se verifica la intención de modificar los marcos normativos laborales, en paralelo a flexibilizar otras disposiciones que hacen a la dinámica general económica en cada uno de los países, en una línea programáticamente neoliberal. Finalmente, se registra un interés (cuya discusión está muy presente en los medios de comunicación de los países en cuestión) por modificar los sistemas jubilatorios, si bien muy disímiles entre sí, responsabilizándolos de los problemas fiscales que deben afrontar cada una de las administraciones.

Estas pautas, como muestra el informe, componen un cuadro epocal bastante claro: los poderes ejecutivos y legislativos están anudados en una agenda antiderechos. Buena parte de los cambios normativos (en un sentido amplio, esto es, considerando también los decretos presidenciales) van en esa dirección. Una circunstancia que permite distinguir estos tiempos actuales y que, seguramente, condicionará los términos políticos más allá de los mandatos en curso y venideros.

Argentina

Un dato significativo del desempeño del Gobierno en el Poder Legislativo es que, desde el inicio de la democracia en Argentina, el actual Ejecutivo es el que menos cantidad de proyectos de ley ha conseguido sancionar. Entre el primer periodo de Gobierno, entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2017, el oficialismo sólo consiguió convertir en ley el 40,2% de los proyectos enviados[1] (entre ellos, el no menos importante referido a las jubilaciones). Otro dato importante es que, posiblemente debido al primero, el presidente, en sus primeros dos años de gestión, firmó 35 decretos (frente a los 76 firmados por la expresidenta Cristina Kirchner en 8 años de gestión)[2]. Y, ante la aparente paralización legislativa de 2019, su último año de Gobierno, el presidente recurrirá aun más a esta modalidad.[3]

Los decretos más destacados de Mauricio Macri, sin necesidad y urgencia constatados, han apuntado a restringir derechos conseguidos antes de su Presidencia, favorecer a los empresarios de su entorno y a perseguir, mediante la retórica de la “lucha contra la corrupción” a sus opositores políticos, particularmente los funcionarios del Gobierno anterior.

Sobre este último punto destaca el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) de extinción de dominio. Se trata de una ley que había quedado trabada en el Congreso y que el presidente sancionó en enero, conducente a que se separe la condena penal del destino de los bienes que se hayan conseguido ilícitamente. Así, los acusados, mientras esperan el proceso penal (sin condena firme), tendrán sus bienes expropiados por la Justicia civil. Se trata de una medida retroactiva por 20 años, coincidiendo con la gestión que el Gobierno abiertamente persigue judicial y mediáticamente.

En cuanto a la pulsión per beneficiar al gran empresariado (dentro del que se incluye el grupo económico propiedad de su familia), está el llamado “perdón fiscal”. A mediados de 2018, Macri consideró necesario y urgente perdonar la deuda de 70 millones de dólares con el Estado a la firma Molinos[4]; también perdonó la deuda que el Correo Argentino (de propiedad familiar), tenía con el Fisco, y eliminó por decreto un impuesto interno del 10% a los autos de alta gama.

En cuanto a los recortes de derechos buscado para toda la población, destacan los DNU de Ajuste público, sancionado en julio de 2018 para congelar ingresos a la planta estatal hasta el 31 de diciembre de 2019, prohibir la implementación de convenios de asistencia técnica, así como bonificaciones, premios y viáticos[5]. Entre otros, también legisló contra los derechos de los discapacitados eliminando por decreto la Comisión Nacional Asesora para la integración de las Personas con Discapacidad y la Comisión de Pensiones Asistenciales para crear una desfinanciada y poco clara Agencia Nacional de Discapacidad[6]. Asimismo, restringió derechos migratorios endureciendo el control de migraciones y acelerando los trámites de expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de migrantes[7].

Los trabajadores en actividad y también los jubilados fueron blanco de la voluntad de reforma legislativa del Ejecutivo. Si bien mediante proyectos de ley enviados al Congreso se buscó reformar la normativa laboral[8][9] para flexibilizar los derechos de los trabajadores (que no fue aprobada) y la ley jubilatoria, que restringió el alcance de los derechos de los pensionados[10], en medio de cuestionables maniobras para obtener quorum y una fuerte represión a los manifestantes.

Para contener la protesta social inevitable tras el modelo de ajuste y antiderechos, y en sintonía con otras medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad, Presidencia decretó la legalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, modificando el viejo Decreto 727/06, para que éstas puedan intervenir mediante la introducción del concepto poco preciso de “otras agresiones externas”, además de la “hostilidad bélica” establecida en la anterior normativa.

Paraguay

Tras las últimas elecciones legislativas, celebradas el pasado 22 de abril junto con las presidenciales, el Gobierno no obtuvo la mayoría absoluta en el Senado de la Nación. Sin embargo, esto no ha supuesto una modificación de la forma (habitual) en Paraguay de que la mayoría de medidas del Ejecutivo tengan el aval del Parlamento. En ese sentido, algunos de los temas de agenda que han pautado el Gobierno de Mario Abdo Benítez tienen que ver con los siguientes proyectos:

Modificaciones en la arquitectura penal

En sintonía tanto con las presiones de agencias internacionales como con las movilizaciones de los paraguayos en las calles contra la corrupción política, el presidente Mario Abdo ha puesto el foco de su agenda legislativa en la reconfiguración de los marcos legales sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. Para ello, el 22 de noviembre de 2018 presentó 12 proyectos de ley y de modificación de leyes vigentes que van en esa dirección y servirán también para que el país sea mal calificado por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en su evaluación de 2020[11].

Ley de paridad de género

Se trata de un proyecto de ley presentado por varias legisladoras que establecía que el 50% de las listas de cada partido en sus elecciones internas estuviera compuesto por mujeres. A pesar de lo recomendado por la OEA especialmente para el caso paraguayo, uno de los más desiguales en materia de género en política, el tratamiento en Diputados lo despojó prácticamente de su espíritu, especialmente gracias a lobby conservador del Partido Colorado, que temía que esa fuese la puerta de entrada a la discusión sobre el matrimonio igualitario o la legalización del aborto[12]. Finalmente, Abdo vetó la ley aprobada por ambas cámaras mediante un decreto, dado que no cumplía con los objetivos buscados inicialmente.

Ley (censura) de encuestadoras

Mario Abdo Benítez vetó el proyecto de ley que buscaba regular la realización y divulgación de encuestas electorales. Aprobado por ambas cámaras, el proyecto estipulaba una multa para las empresas encuestadoras que no hubieran registrado o remitido a la Justicia Electoral todos los datos técnicos a una semana de la publicación de la encuesta. Este asunto no fue menor en la pasada elección presidencial, cuando la mayoría de las encuestadoras otorgaron una victoria de más de 30 puntos para Abdo, que finalmente terminó ganándole a Efraín Alegre por algo más de 3 puntos[13]. Para el Ejecutivo, la normativa “es ilegal e inconstitucional”[14].

Ley de “autoblindaje” parlamentario

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez promulgó en septiembre de 2018 la derogación de la ley conocida como “autoblindaje parlamentario”, que pretendía aumentar a mayoría absoluta de dos tercios el número de votos necesarios para la pérdida de investidura de un congresista, en un marco de fuertes protestas ciudadanas desfavorables a la iniciativa. Todo ello tras las renuncias de dos legisladores del Partido Colorado por investigaciones sobre corrupción y tráfico de influencias.

Ley de soberanía alimentaria

El presidente paraguayo objetó dos proyectos de ley orientados a promover la soberanía alimentaria y la agricultura familiar campesina. El primero establecía la creación de un Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional, que fue rechazado porque el Ejecutivo consideró que ya disponían de programas enfocados a tal fin. El segundo, vetado con anterioridad al primero, había sido aprobado por el Congreso y estipulaba que las dependencias estatales se aprovisionaran de alimentos producidos por productores de la agricultura familiar.[15]

Reforma Fiscal Integral

En sintonía con lo anterior, la mayoría oficialista en el Senado postergó hasta el inicio de las sesiones legislativas, en marzo de 2019 y a pedido del Gobierno, las iniciativas parlamentarias que buscaban aumentar los gravámenes impositivos a productos como la cerveza, el tabaco, la soja y las bebidas azucaradas, que cuentan con importantes lobbys en el país. A pesar de ser uno de los países con menor presión fiscal del continente, Abdo señaló que la aprobación de esos proyectos afectaría la “competitividad del país”, en tanto su sistema impositivo era una “fortaleza estratégica”. Como contrapeso, el ministro de Hacienda, Benigno López, ya abrió la puerta a elaborar una “reforma tributaria integral” el próximo año, iniciativa recomendada por el FMI. Dicho proyecto legislativo, aun en discusión, no tiene previsto aumentar o crear nuevos impuestos sino combatir la evasión impositiva y ampliar la base tributaria.[16]

Ley de jubilaciones

Si bien se trata de un proyecto presentado por el Ejecutivo durante el Gobierno de Horacio Cartes -dicho sea de paso, empresario tabacalero-, el ministro López mantuvo la presión para su sanción en el Parlamento. La iniciativa, en medio de fuertes protestas ciudadanas, fue rechazada en el Senado y aun descansa en Diputados. Según sus detractores, la reforma es inequitativa en cuanto a la composición de la novedosa Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y porque dejaba la puerta abierta al tratamiento del aumento de la edad jubilatoria.[17]

Colombia

El Congreso colombiano se instaló el 20 de julio del 2018, semanas antes de la posesión presidencial de Iván Duque. Desde finales del Gobierno de Santos, la corporación legislativa estaba funcionando de forma irregular y las bancadas decidieron esperar la elección presidencial y su propia renovación para concretar la agenda en torno a los proyectos necesarios para la implementación de los acuerdos de paz -que requieren una numerosa agenda de leyes para desarrollarse- y la agenda política ligada a los paquetes económicos e institucionales, ante la evidente dificultad económica y política vivida en el país.

Iván Duque recibió con beneplácito tal definición, pues le permitía mantener la tensión y manejar, la implementación del tratado de paz, contrario a sus intereses, anunciando una agresiva agenda legislativa para orientar el país hacia el programa de Gobierno, conservador y discretamente propuesto en la campaña, pero conocido por la clase política tradicional, de la cual hacen parte el presidente y su partido. Los primeros cien días de Gobierno no fueron un camino de rosas en el Congreso, donde la costumbre es recibir las iniciativas del Poder Ejecutivo e iniciar negociaciones interbancadas para definir, con cálculo económico, el articulado de las leyes y las reformas (o de las contrarreformas). Mostró poca iniciativa, envió sólo 17 de los 455 proyectos de ley que se presentaron al Congreso[18].

La bancada oficialista no alcanzó a sumar la mayoría de bancas en ninguna de las dos cámaras, por lo que está obligado a negociar con los partidos de derecha, más cercanos a su ideario, para tramitar y promulgar el paquete de medidas propuesto. En este periodo, cinco temas estructurales fueron anunciados como centrales: los proyectos de ley para la paz (algunos, no pocos, para la guerra), leyes económicas, leyes anticorrupción, leyes de comunicaciones y tecnologías de la información-TIC; y un paquete de medidas de populismo punitivo: pena de muerte a violadores, restricción para la tenencia de dosis personal de marihuana, fin de la conexidad de los delitos políticos, entre otras.

Proyectos de ley Conflicto y Paz

La agenda legislativa presentada por Duque al Congreso, y algunas iniciativas presentadas por las bancadas parlamentarias, tenían como objetivo modificar los acuerdos de paz, para dejarlos sin sustento jurídico, en especial apuntando a impedir la participación política de la exinsurgencia. El uribismo sí logró impedir la participación de las víctimas, negando la ley de curules especiales de paz destinadas a las organizaciones de víctimas en los territorios, Cambiando lo acordado en La Habana, 16 curules, Duque propuso una modificación al acuerdo, con un proyecto de ley orientado a que policías y militares llegaran al Congreso bajo la cínica idea de mostrarles como víctimas, propuesta que tampoco logró quorum.

Aunque se aprobó en la última Legislatura de Santos, la ley estatutaria que sustenta la Justicia Especial para la Paz -luego de varias modificaciones y objeciones, y aprobada por la Corte Constitucional y refrendada por el Congreso[19]– el presidente no la ha firmado, y existe alto riesgo de un veto que lance al abismo el golpeado acuerdo de paz, alineado con su partido uribista y de un sector de militares retirados que consideran nociva la ley, pues deberán comparecer para explicar las numerosas violaciones a los DD. HH., de las que son acusados.

Leyes económicas

Para el 2019, se avecina otra gran disputa, esta vez relacionada con una reforma jubilatoria que desde el Ministerio de Hacienda están orientando para subir la edad y las semanas de cotización, luego de que el Gobierno actuara con toda su fuerza para sancionar una “ley de financiamiento”. Ésta contiene un paquete de medidas que amplían el ajuste neoliberal, aumentando el IVA del 16 al 19% y aplicado a más productos de la dieta básica; también se desarrolló un nuevo impuesto a la renta a los trabajadores que devengan más de 900 dólares al mes[20].

Leyes anticorrupción

En agosto de 2018, a semanas de posesionado el presidente Duque, se realizó la consulta popular anticorrupción impulsada por diversos sectores de la ciudadanía, que no logró el número de votos necesarios para modificar algunas prácticas del sistema político colombiano utilizadas para el clientelismo y la corrupción. En el Congreso no se logró una reforma al sistema político; se mantiene un esquema de funcionamiento clientelar que beneficia a los liderazgos tradicionales y conservadores. Por el contrario, se aprobó una ley que permite la creación jurídica de “regiones” en las cuales pueden concurrir dos o más departamentos para concretar apoyos y proyectos de financiamiento regional. Es una ley que podría alentar a la descentralización, tal y como fue argumentada, o se convertiría en la herramienta de los poderes locales para mejorar su capacidad de negociación clientelar con el poder nacional.

Ley de modernización de TIC

Este proyecto de ley que empezó su trámite y seguirá discutiéndose en 2019, tiene la intención de unificar en una sola entidad reguladora todo el sector de las comunicaciones, incluyendo la televisión, internet y telefonía, suprimiendo la Agencia Nacional de Televisión, y centralizando los fondos en la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC. Sobre el tema se han generado dos debates: uno que plantea la concentración económica del espacio radioeléctrico y limita la capacidad de cualquier iniciativa comunitaria, y otro debate relacionado con la independencia de las entidades de regulación y la enorme capacidad de veto que podría tener la CRC.

Como si fuera poco, la ley entrega el espacio radioelectrico por 20 años a los monopolios y limita la capacidad de otros medios con menores capacidades económicas por el volumen de requerimientos que tendrían, y excluye a las plataformas como Netflix y Amazon del pago de impuestos y de regulación, con lo cual es una ley destinada a limitar, con nombre propio, algunos medios críticos y alternativos de las élites tradicionales, y se acaban las pocas posibilidades de generar contenidos nacionales[21].

Leyes de justicia y populismo punitivo

La reforma a la Justicia es el otro gran “paquetazo” del uribismo. Con cuentas por saldar con la Corte Suprema por las numerosas condenas a exfuncionarios de la administración Uribe, el uribismo comenzó a mover todos sus esfuerzos políticos para hacer cambios en la estructura del sistema judicial que les garanticen más impunidad, y la supresión de algunos contrapesos, como la elección de la terna para fiscal o para otras cortes. También se pretende limitar la acción de tutela, con la cual muchos ciudadanos acceden a sus derechos. El “gancho” para negociar con los distintos actores es incluir una financiación fija para la Rama Judicial, lo cual debería ser un propósito estatal, que deja ver la capacidad de sujeción que mantiene este poder público respecto del Poder Ejecutivo[22].

Ecuador

Luego de la Consulta Popular y el Referéndum en febrero de 2018, impulsada por el presidente Moreno y la derecha ecuatoriana para reformar la Constitución y dirigidas a acabar con la reelección presidencial y modificar algunos organismos de Gobierno -como el Consejo de Participación y Control Social- la facción de Alianza País que sigue acompañando al presidente en la Asamblea Legislativa y las bancadas de derecha llegaron al acuerdo de impulsar una agenda de discusión y tramite de 49 reformas y leyes en el periodo de mayo de 2018 a mayo de 2019.

En esa agenda se contemplaron las leyes necesarias derivadas de los cambios constitucionales que supuso la consulta popular y el referéndum, y otras contrarreformas sobre temáticas democratizadoras logradas en el anterior Gobierno, como la Ley de Comunicación de 2013 que limitaba las noticias falsas y obligaba un código deontológico para las y los comunicadores. En el 2018 se tramitaron 19 de los 49 proyectos de la agenda legislativa 2018-2019, teniendo algunos puntos relevantes a analizar en lo relativo a la reconfiguración del Estado ecuatoriano, dispuesto para el neoliberalismo.

Reformas postreferéndum

Lenin Moreno y su bancada (una facción de Alianza País), luego de aprobada la consulta popular y el referéndum, procedieron a realizar un ajuste de orientación al Estado. La principal fue la reforma del 75% de la Ley de Comunicaciones que quedó prácticamente sin efecto las medidas para exigir que los medios concentrados y los comunicadores se ciñan a principios éticos y deontológicos que impidan la difusión de noticias falsas que desprestigien a otros ciudadanos. Se permitió la concentración de medios, se eliminó la Superintendencia de Comunicación y se estableció una cláusula para refrendar las concesiones del espacio radioeléctrico de inmediato a las empresas que lo tuvieran antes del 2013. También permite limitar a las concesiones establecidas desde el 2013 a la fecha, en un claro intento de persecución a medios opositores a Moreno y a la derecha.

La Asamblea Legislativa decretó una ley orgánica contra la corrupción que fue vetada por Lenin Moreno, por considerar vicios legales como la confiscación de bines previos a la sentencia, y algunos de sus allegados alegaron que con la ley podría salir libre el vicepresidente Jorge Glas. Un nuevo texto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo, cursa debate en la Asamblea que tendrá que definir antes del mes de mayo de 2019. Otras leyes que cursaron en el Poder Legislativo, relacionadas con la consulta, fueron las leyes de protección de la Amazonía, que en teoría concreta mayores recursos para las comunidades de esas zonas.

Leyes económicas

Moreno, en su viraje hacia el neoliberalismo, impulsó un proyecto de consenso con las bancadas de la derecha, logrando aprobar la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Creación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” que contó con una mayoría compuesta por los votos de la derecha y del bloque de Gobierno Moreno. Esta ley establece algunos elementos y fases: liberar el comercio para alimentar la tasa de ganancia de los importadores y las transnacionales; exonerar de impuestos y la instauración de escudos fiscales que faciliten la acumulación de riqueza de la forma tradicional; se eliminan las barreras para que los capitales fácilmente se fuguen a paraísos fiscales; y se instaura una agresiva austeridad para suprimir al Estado como un actor del desarrollo[23].

Otras leyes tratadas

En consonancia con las leyes económicas, las iniciativas legislativas giraron entorno a generar las condiciones para el “libre comercio”, como la Ley de Desarrollo Fronterizo, que viene a resarcir derechos negados a sectores de frontera, especialmente con Colombia, donde se viven condiciones de postergación económica, con un claro mensaje comercial y de libre comercio. También se concretaron leyes de atención al adulto mayor, la ley de fomento productivo, reformas administrativas para la mejora de procesos institucionales y de trámites, la reforma a la educación superior (LOES) que resulta polémica para las agremiaciones estudiantiles, que denunciaron falta de debate en los estamentos universitarios y un pacto que fortalece la privatización de la Educación Superior.[24]

Perú

El Congreso peruano da cuenta de una superproducción parlamentaria. De acuerdo a un estudio del proyecto Parlamento Abierto, el número de proyectos de ley presentados ante el Congreso en los dos primeros años fue de 3.061. Esto es significativamente mayor en comparación con Colombia (851), Ecuador (658) y Argentina (314) en el mismo periodo[25]. Sin embargo, la labor realizada por la consultora 50+1 y ESAN evidencia que una iniciativa legislativa tarda en promedio 223 días en pasar los filtros del Congreso para finalmente ser promulgada. Tan sólo un 17,5% de las propuestas presentadas es ejecutada.

El Ejecutivo es el proponente que mayor porcentaje de leyes logra que sean publicadas y con mayor celeridad, con un promedio de 125 días. La especialista en temas parlamentarios, Milagros Campos, advierte que en la actual gestión hay un descenso en la aprobación de leyes en comparación con los gobiernos como los de Alejandro Toledo (78%), Alan García (58%) y Ollanta Humala (79%)[26], ya que Martín Vizcarra registra el 52,5%[27]. Esto se explica en gran parte porque el Ejecutivo no cuenta con una mayoría parlamentaria el Legislativo.

La crisis política peruana se hizo eco en el Congreso, con varios congresistas vinculados al megaescándalo de corrupción que erosionó fuertemente al Poder Legislativo[28] y convirtió al Congreso en un terreno en disputa entre partidos por mantener sus privilegios y salvaguardar sus miembros. Este hecho puede observarse en la cantidad de proyectos por comisión, donde Descentralización, Justicia y Constitución encabezan la lista. Sin ir más lejos, en medio del desplome de la imagen del Congreso por parte de la opinión pública, los congresistas de Fuerza Popular, el Partido Aprista y PPK, aprobaron el proyecto de ley que incorpora en el Código Penal el delito de financiamiento ilícito en las organizaciones políticas. La Ley de financiamiento ilegal, finalmente observada por el presidente Vizcarra, admitía que los investigados por haber recibido dinero ilegal para introducirlo en campañas políticas alegarán no haber cometido delito de lavado de activos, sino el de financiamiento ilegal, el cual proponía penas menores y cuyos principales beneficiarios eran los propios congresistas o los líderes de sus propios partidos.

Aun cuando la mayor labor parlamentaria en 2018 gravitó en torno a la reforma institucional y cuyas propuestas de fueron sometidas a referéndum el pasado diciembre, las propuestas sustantivas de mayor representación femenina fueron desechadas. La iniciativa de incluir la paridad tanto en la conformación de la nueva “Junta Nacional de Justicia” (ex Consejo Nacional de la Magistratura) como en las listas parlamentarias, en un país donde la representación femenina en el Legislativo es del 28%[29] el proyecto no consiguió imponerse. La mayoría conservadora del fujimorismo bloqueó ambas iniciativas[31][32] alegando que atenta contra la meritocracia[33]. Esto no se condice con los hechos: las mujeres tienen un 8% más de congresistas con estudios de postgrado que los hombres[34].

De igual modo, Fuerza Popular ha propiciado un polémico proyecto de ley que significaría un retroceso institucional en términos de igualdad, ya que implica la eliminación de la palabra “género” de todos los documentos oficiales, políticas públicas y ordenamiento jurídico del Gobierno. El alcance de dicho proyecto también contempla el renombramiento del actual Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que comenzaría a denominarse “Ministerio de la Familia, Mujer y Poblaciones Vulnerables”. El número de esta iniciativa de ley es el 3.610 y oficialmente lleva el nombre de “Proyecto de ley que promueve la adopción de la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres y excluye del ordenamiento jurídico y las políticas públicas todo término que haga referencia a la ideología de género y a cualquier otro que atente contra la igualdad entre mujeres y hombres”[35]. Esta normativa significó otra embestida del fujimorismo para posicionarse en contra de lo establecido por el presidente, quien en su mensaje a la Nación del 28 de Julio, había anunciado aprobar la Política Nacional de Igualdad de Género para reducir las cifras de feminicidio y la violencia contra la mujer. La disputa entre el fujimorismo y el oficialismo tiene como daño colateral la desprotección de los derechos de mujeres, minorías y los sectores más vulnerables de la sociedad[36].

Luego de la prisión preventiva a Keiko Fujimori, en 2019, asumió sus funciones un nuevo Consejo Directivo del Congreso, en el que el fujimorismo ya no tiene la mayoría para manejar la agenda legislativa, dado que redujo la presidencia de sus comisiones de 13 miembros en este Consejo, de un total de 24, y quedó con 10 por decisión de los jefes de las bancadas parlamentarias. La medida fue adoptada tras una seguidilla de deserciones en las filas del fujimorismo, que en dos años perdió su mayoría absoluta en el Congreso unicameral, pasando de 73 escaños ganados en 2016, de un total de 130, a 55 bancas.

El riesgo con la nueva correlación de fuerzas es que el Congreso pase de férreo opositor a oficialista incondicional, cuando las presiones de las cámaras empresariales al presidente claman por una nueva reforma laboral, que con el discurso de reducir el número de los trabajadores informales aprobó por decreto la Política Nacional de Competitividad y Productividad, la cual potencialmente habilita el recorte de derechos laborales en pos del florecimiento de la formalidad[37][38].

Brasil

Para comprender los caminos que utilizará Jair Bolsonaro, cuyo mandato está recién comenzando, para imponer su agenda política es relevante comprender dos cuestiones: por un lado, la función determinante que tiene en Congreso Nacional (más todavía un Poder Legislativo que viene precisamente de destituir a una presidenta), espacio en el cual el presidente actual no tiene mayoría propia. Por otro, que se viene de un período de transición, el Gobierno de Michel Temer, que resultó abusivo respecto del uso de los decretos presidenciales (Medidas Provisorias) como instrumento legislativo[39].

En su mandato, Michel Temer llegó a tener un promedio de 1,16 decretos con fuerza de ley por semana, la mayoría de los cuales justificaba a partir de una “urgencia económica”[40]. No se trata de un simple dato: resulta que muchas de las iniciativas que vaya a plantear Bolsonaro en los próximos meses –por ejemplo, ya presentó su propuesta de reforma de las jubilaciones ante el Congreso- deberá esperar a que sean consideradas (para su confirmación, rechazo o modificación) todavía otros 39 decretos anteriores y 17 vetos presidenciales, buena parte de los cuales corresponden, precisamente, a la gestión anterior.

Esta “agenda heredada” irá a demorar en parte las iniciativas planteadas por Bolsonaro. Entre los pendientes del Gobierno de Temer[41] -son en total 20 Medidas Provisorias- hay algunos que son económicamente relevantes, como el decreto que abre el sector aéreo al capital extranjero y el que facilita la privatización de Amazonas Energía y la Companhia Energética de Alagoas, hoy controlada por Electrobras. Entre los Decretos emitidos por Bolsonaro este año está el que redefine el organigrama administrativo del Estado, que estipula  la reducción de los 29 ministerios a 22.

Por la complejidad de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional –ninguna de las autoridades de las cámaras de diputados o senadores son del partido del presidente– puede ser que Bolsonaro repita la dinámica de Temer para llevar adelante las principales propuestas planteadas durante la campaña mediante Medidas Provisorias, aún bajo el riesgo de que estas sean cuestionadas luego. Este escenario, además, sería más cómodo para un Gobierno que –por lo menos es lo que se evidencia en los pocos meses que lleva– muy pendiente de los estados de opinión pública. Hasta ahora, las principales medidas impulsadas por Bolsonaro fueron[42]: la Medida Provisoria Nº 871, que –independientemente el Proyecto de Ley de Reforma de las jubilaciones– coloca mayores restricciones para el acceso a la jubilación actual; la Medida Provisoria que libera la portación de armas; la Medida Provisoria que flexibiliza las licencias ambientales (coincidente con la tragedia minera en la localidad de Brumadinho); entre otras medidas más específicas referidas a cargos públicos o actos administrativos rutinarios. Esto al margen de los dos más importantes proyectos de ley enviados al Congreso:

  • Ley “antidelito”: un paquete de medidas que alteran la legislación penal, electoral y las características de lo que se comprende como “combate a la corrupción”; entre algunas consecuencias, modifica los criterios de uso legítimo de la fuerza (para los policías) y las modalidades de progresión de la pena.
  • Ley de reforma de las jubilaciones: es una de las principales apuestas del ministro de Economía, Paulo Guedes, y su aprobación será fundamental para la legitimidad del resto de las medidas económicas a llevar adelante. Si bien ya se avizora una discusión intensa en el Congreso, la consolidación de un régimen de capitalización individual, el aumento el edad jubilatoria y la reformulación de los aportes estatales al área son los núcleos principales

Chile

Hay un aspecto insoslayable respecto de lo que ha sido la agenda legislativa durante el Gobierno de Sebastián Piñera, y que permite caracterizar su mandato: el freno colocado al iniciar su gestión sobre 405 Decretos de la Administración anterior[43], con impacto incluso en áreas sensibles vinculadas con el desarrollo. Así, el actual Gobierno, en función de establecer un corte (abrupto) respecto de la gestión previa, provocó en muchos casos contradicciones y vacíos que redundaron en problemas concretos para la maquinaria administrativa. Sin embargo, esto no ha implicado un aumento en la proporción de decretos, manteniendo el patrón del propio sistema político chileno, de vínculo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo

Más allá de ir progresivamente diseñando su propia agenda para enviar al Congreso, hubo un acto destacado durante el 2018: el cambio de por decreto de la Ley de Migraciones[44]. La modificación en cuestión contemplaba implementar tres tipos de visa nuevos a partir de agosto de 2018, con regímenes especiales para los haitianos y una “Visa de Responsabilidad Democrática” para los ciudadanos venezolanos.

Los principales proyectos enviados al Congreso[45] durante el 2018, en sintonía con una agenda ideológica que también se verifica en otros países de la región (tal como se constata en el presente informe) han sido aprobados y otros continúan en trámite: uno de los más importantes (habida cuenta el malestar social que había generado) fue el de modificación de Carabineros, aprobado este año en el Senado[46]. El otro importante proyecto fue el de reforma del sistema de pensiones y de Isapres[47] (Instituciones de Salud Previsional, sistema privado de seguros de salud). También fueron presentados con prioridad en su momento los proyectos de: a) Creación del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, proponiendo reemplazar el actual Servicio Nacional de Menores por un sistema penal especial; b) la actualización del sistema tributario[48]; c) modificaciones en la penalidad y juzgamiento de delitos terroristas; d) Identidad de género, buscando establecer una regulación adecuada, en conformidad con las disposiciones constitucionales e internacionales, para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo y nombre de una persona en el Registro Civil.

Según Piñera, las prioridades de La Moneda en el 2019 serán[49]: aprobar la reforma de las jubilaciones y la tributaria; establecer un cambios en el sistema de transporte público; y llevar adelante la modificación en el Isapres.

 

 

 

[1] https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Ejecutivo-solo-convirtio-en-ley-el-40-de-los-proyectos-que-presento-en-el-Congreso-20180330-0013.html

[2] https://www.iprofesional.com/notas/260360-mauricio-macri-seguridad-ministerio-gobierno-dnu-ley-estrategia-decreto-Cuantos-decretos-de-necesidad-y-urgencia-se-firmaron-en-la-era-Macri?page_y=0

[3] https://www.lanacion.com.ar/2220339-macri-se-prepara-recurrir-decretos-hagan-falta

[4] https://www.minutouno.com/notas/3086001-macri-le-perdono-molinos-el-pago-70-millones-dolares-un-decreto

[5] https://www.cronista.com/economiapolitica/Las-claves-del-decreto-que-firmo-Mauricio-Macri-para-recortar-gastos-del-Estado-20180710-0047.html

[6] http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/macri-quito-nuevos-derechos-decreto/

[7] https://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/01/30/842532/Presidente-Macri-firma-decreto-que-endurece-el-control-migratorio-en-Argentina.html

[8] https://www.tiempoar.com.ar/nota/sica-desempolvo-la-reforma-laboral-hay-que-discutir-flexibilidad-por-estabilidad

[9] https://www.tiempoar.com.ar/nota/arranque-parcial-de-la-reforma-laboral-con-dos-proyectos-de-ley

[10] https://actualidad.rt.com/actualidad/257911-argentina-aprueba-reforma-jubilatoria

[11] https://www.ultimahora.com/estos-son-los-12-proyectos-ley-que-presento-el-ejecutivo-contra-el-crimen-organizado-n2780859.html

[12] https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201806121079505016-paraguaya-conservador-teme-reformas-paridad-de-genero/

[13] https://www.celag.org/informe-post-electoral-de-paraguay-la-%C2%A8segura-victoria%C2%A8-de-abdo-resulto-estrecha/

[14] http://www.nanduti.com.py/2018/12/03/abdo-veta-proyecto-ley-regula-realizacion-divulgacion-encuestas/

[15] http://coprofam.org/2019/02/20/cnafci-preocupado-por-rechazo-total-del-ejecutivo-a-todos-los-proyectos-de-ley-que-favorece-a-la-agricultura-familiar-campesina-e-indigena/

[16] https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/11/19/paraguay-se-resiste-a-aumentar-los-impuestos-especiales-y-cambiar-su-modelo-tributario/

[17] https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201808241081443075-movilizaciones-critica-pensiones/

[18] https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/en-la-primera-mitad-de-la-legislatura-2018-2019-se-estudiaron-465-proyectos-de-ley-2806339

[19] https://www.rcnradio.com/judicial/ley-estatutaria-de-la-jep-esta-lista-para-sancion-presidencial

[20] https://www.eluniversal.com.co/colombia/estos-son-los-nuevos-impuestos-que-los-colombianos-deberan-pagar-GC334796

[21] https://www.elheraldo.co/colombia/cut-dice-que-ley-de-las-tic-afectara-el-empleo-en-el-pais-578356

[22] https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/11436-la-reforma-a-la-justicia-de-iván-duque.html

[23] https://www.celag.org/nueva-ley-economica-en-ecuador-una-bomba-de-tiempo/

[24] http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/278011

[25] http://parlamentoabierto.pe/descargas/alerta4.pdf

[26] https://elcomercio.pe/politica/prioridad-agenda-legislativa-noticia-587993

[27] http://parlamentoabierto.pe/descargas/alerta4.pdf

[28] Su imagen negativa supera el 80% siendo la institución más desacreditada, ver: https://larepublica.pe/politica/1421012-peruanos-creen-congreso-mejorara-nuevas-bancadas-congreso-peru-judicial-contraloria-republica-daniel-salverry

[29] https://www.celag.org/representacion-mujere-jovenes-parlamentos-region/

[30] https://elperuano.pe/noticia-parlamentarias-presentaron-606-proyectos-y-90-se-convirtieron-ley-68444.aspx

[31] https://larepublica.pe/politica/1320857-referendum-fujimorismo-opone-paridad-genero-reforma-cnm

[32] https://redaccion.lamula.pe/2018/08/13/rosa-bartra-cuota-genero-igualdad-congreso-elecciones-referendum-martin-vizcarra/jorgepaucar/

[33] https://larepublica.pe/politica/1334430-referendum-cambios-hizo-fujimorismo-proyecto-bicameralidad-congreso-peru

[34] http://parlamentoabierto.pe/descargas/informe.pdf

[35] https://peru21.pe/politica/ideologia-genero-presentan-proyecto-ley-eliminar-palabra-genero-politicas-publicas-439522

[36] https://redaccion.lamula.pe/2018/11/12/fuerza-popular-busca-petardear-avances-en-derechos-a-favor-de-las-mujeres-y-las-minorias/redaccionmulera/ y https://elperuano.pe/noticia-hay-avances-pero-no-bastan-64547.aspx

[37] https://www.france24.com/es/20190129-peru-claves-reforma-laboral-vizcarra

[38] http://www.infocapitalhumano.pe/columnistas/la-palabra-del-laboralista/reforma-laboral-2018-cronica-de-una-muerte-anunciada/

[39] https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,temer-bate-recorde-em-edicao-de-mps,70002144895

[40] https://laizquierdadiario.com/Temer-gobierna-con-decretos-para-aprobar-medidas-antipopulares

[41] https://noticias.r7.com/brasil/congresso-comeca-2019-com-23-medidas-provisorias-em-tramitacao-08022019

[42] https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2019/01/para-trabalhadores-balanco-dos-30-dias-do-governo-bolsonaro-e-muito-negativo

[43] https://www.telam.com.ar/notas/201804/271722-chile-pinera-primeros-15-dias-frena-mas-400-decretos-resoluciones-bachelet.html

[44] https://www.eldesconcierto.cl/2018/04/09/pinera-pasa-la-aplanadora-y-cambia-por-decreto-ley-de-migraciones-llego-el-momento-de-poner-orden-en-la-casa/

[45] https://www.radioagricultura.cl/nacional/2018/07/01/estos-son-los-proyectos-que-sebastian-pinera-enviara-al-congreso.html

[46] https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-aprueba-amplia-mayoria-proyecto-reforma-modernizacion-carabineros/478278/

[47] https://www.latercera.com/nacional/noticia/reforma-las-isapres-los-principales-cambios-del-proyecto/358159/

[48] https://www.europapress.es/internacional/noticia-pinera-anuncia-reforma-tributaria-chile-tratar-estimular-inversion-20180822042248.html

[49] https://www.nodal.am/2018/12/chile-pinera-anuncia-reformas-tributaria-laboral-y-al-sistema-de-pensiones-para-2019/

Amílcar Salas Oroño

Amílcar Salas Oroño

Dr. en Ciencias Sociales (UBA) (Argentina)

Amílcar Salas Oroño es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magister en Ciencia Política por la Universidad de São Paulo (USP) y licenciado en Ciencia Política por la UBA. Es profesor en varias universidades nacionales de Argentina, tanto en grado como en posgrado. Se desempeña…

Javier Calderón Castillo

Javier Calderón Castillo

Magister en Sociología (UBA) (Colombia)

Javier Calderón Castillo es magíster en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmete cursa el Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA. Es miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, IEALC-UBA.

Camila Vollenweider

Máster en Sociología (UAB) (Argentina)

Camila Vollenweider es máster en Sociología por la Universidad Autonoma de Barcelona (UAB) y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC), Argentina. Se desempeñó como docente en la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) y como investigadora del CIETES-UNRN. Ha publicado en la revista Basic Income…

Bárbara Ester

Bárbara Ester

Licenciada en Sociología (UBA) (Argentina)

Bárbara Ester es licenciada y profesora de Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizó una Diplomatura en Género, Movimiento de Mujeres y Política en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente cursa la Maestría en Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.